Bonilla y el director de centros penales, Danilo Orellana, visitaron ayer el reclusorio y el ministro informó que “el objetivo era uno de los hoy occisos identificado como José Manuel Gonzales Araujo”. En la disputa entre los llamados paisas murieron nueve reclusos y tres más están heridos, unose recupera en el hospital Mario Rivas.
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Y aunque las investigaciones no han concluido, las autoridades manejan que el motivo por el cual empezó la refriega la noche del viernes sería una venganza contra el reo.
Bonilla también mencionó que urge la construcción de un nuevo reclusorio para el Valle de Sula.
“Esto nos obliga a tomar acciones inmediatas y tenemos que construir el nuevo centro penitenciario del sector noroccidental lo más pronto posible, por eso vamos a pedir el apoyo del señor presidente de la República”, aseguró.
El ministro mencionó que el comisionado de policía Danilo Orellana, director de Centros Penales, tiene elaborados algunos estudios para la construcción del inmueble.
“El principal problema en este penal es el hacinamiento, pues la capacidad es para 800 presidiarios y estamos arriba de los 2,000. En ese sentido, sí urge tomar una decisión para solucionar el problema”, dijo.
Cuando Bonilla fue diputado en el Congreso Nacional en 1999, se organizaron comisiones que fueron a todos los departamentos para analizar la situación de los centros penales del país, llegando a la conclusión que el sistema penitenciario de Honduras estaba colapsado.
“Ya han pasado casi trece años de eso y creo que la sociedad ya no da espacio para que se esté postergando la toma de decisiones”, analizó Bonilla.
Según el funcionario, los reclusos que murieron iban a ser trasladados a otros centros penales del país. “Ya teníamos planificado para este fin de semana el traslado de estas personas a otros centros penitenciarios; pero lamentablemente se dio el suceso”, expresó.
Presupuesto
El miércoles pasado, Bonilla asistió a una comparecencia ante la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, presidida por el diputado Héctor Guillén, en la cual fue discutido el problema de los centros penitenciarios del país. “Se explicó que para construir el principal centro penitenciario de la costa norte se puede hacer con una asociación público-privada, o se puede buscar un financiamiento para el país y luego para mejorar los otros centros penales del país, de la tasa de seguridad se van a sacar los recursos para actuar inmediatamente”, expuso.
Danilo Orellana comentó que ya cuentan con el presupuesto para la construcción y fue presentado durante la semana. “Esperamos que la próxima semana nos puedan aprobar el presupuesto que presentamos para que el señor Presidente nos apoye en el proyecto”.
Urge nueva cárcel
El jefe policial afirmó también que tiene más de un año de trabajar en los estudios para la obra y que “nunca se había hecho de esta manera”.
El Centro Penal Sampedrano no reúne las normas internacionales como reclusorio, según Orellana. El inmueble necesita muchas cosas porque está obsoleto. “Esto no es un centro penal, es un mercado”, dijo.
Los problemas que han surgido en el interior del presidio, como muertes, pleitos y varios delitos, es una prueba del hacinamiento que existe; además de otros factores que influyen, como la infraestructura.
“Nosotros declaramos en emergencia el presidio porque no reúne los requisitos, ya que esto no es un centro penal, es un mercado”, lamentó.
La idea que mantienen Bonilla y Orellana se basa en que una vez aprobado el proyecto y presupuesto, se inicien las gestiones para la construcción del nuevo reclusorio para el Valle de Sula.
“Ya hemos tenido pláticas con empresas extranjeras que podrían construir la obra, porque todo presidio tiene que tener cosas, así como un aeropuerto con escáner”, dijo.
La noche del viernes tras terminar los levantamientos de los cadáveres, el director del Centro Penal Sampedrano, Marvin Vieda, ordenó la revisión de cada una de las celdas con la idea de encontrar armas. Vieda informó ayer que el resultado de las primeras revisiones fue el decomiso de tres pistolas, mientras seguían los operativos.
También el comisionado regional de los Derechos Humanos, Wilfredo Castellanos, opinó que el Estado debe garantizar la vida de las personas que están recluidas.
“Las personas que están dentro de los penales también están gozando del derecho a la vida porque nadie está exento de ingresar a un centro penal del país”, señaló.
Castellanos criticó que los controles de ingreso de particulares deben ser más rigurosos.
