Juan Orlando Hernández.
“Ellos administran el país, entonces no se sabe quién es el responsable del Ejecutivo, si Lobo o el del Congreso. Ellos son los responsables en explicar en qué se utilizan los recursos”, manifestó.
Según Bográn, la tasa de seguridad nació de las fuerzas vivas de San Pedro Sula y después la idea fue tomada por la Municipalidad de Puerto Cortés.
El Congreso Nacional tomó la idea y determinó los mecanismos, entre los cuales había representantes de la sociedad civil en el proceso del manejo de los fondos.
“La tasa de seguridad estaba destinada a ser un apoyo al Presupuesto General de la República para la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia.
No es la tasa de seguridad ni era la responsable o la única fuente de fondos con la cual se iban a resolver los problemas de seguridad del país. Es sorprendente que el presidente del Congreso como el de la República aduzcan las deficiencias en la ejecución por el manejo de la tasa de seguridad”, cuestionó el empresario.
Bográn aclaró que la tasa de seguridad estaba diseñada como un auxiliar al Presupuesto para apoyar a los operadores de justicia en algunas carencias puntuales para enfrentar la inseguridad.
“Ahora la tasa es un nuevo impuesto les guste o no a los contribuyentes, impuesto que será usado al criterio que estimen conveniente los gobernantes”, afirmó.
Garachana: sería una ofensa
En San Pedro Sula, en una reunión ayer en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Ángel Garachana, obispo de la Diócesis de San Pedro Sula, declaró que si los fondos de la tasa son desviados para otro gasto “sería una ofensa gravísima al pueblo hondureño. Se estarían riendo de nosotros”, declaró.
Fernando Jaar, presidente de la Cámara de Comercio, dijo: “Moralmente no es correcto el cambio -de la finalidad de la ley-. Sería inmoral que usaran ese dinero para otros fines que no sea darle seguridad al pueblo”.
Reformas
Para Eduardo Facussé, exrepresentante de Cohep ante el Comité Técnico de la Tasa de Seguridad, la reforma elaborada en octubre de 2011 es totalmente desconocida para él; pero indicó que de haberse hecho es sumamente “delicada”.
“No conocí nada de esas reformas, en teoría la tasa de seguridad debería ser para apoyo presupuestario, pero destinado para los fines que originalmente fueron creados: seguridad, energía y municipalidades. Es un apoyo presupuestario definitivamente, pero no para gasto corriente. De plano no conocimos esa modificación a la ley”, recordó Facussé.
El empresario reiteró que el tema de la reforma es delicado porque mientras él estuvo representando a Cohep en el comité siempre se supo el destino de los fondos recaudados de la tasa de seguridad.
“Lo que pasa es que se obviaban las licitaciones y un montón de pasos, por ejemplo, cuando el Consejo Nacional de Defensa decretara que se hiciera tal cosa, no quedaba alternativa, eso pasó con las cámaras de seguridad y la ley de escuchas.
No sé qué ha pasado realmente”, lamentó Facussé.
La solución a esta misteriosa reforma, según Facussé, es que le den la potestad al Comité Técnico para que haga las compras directamente sin pasar por el Consejo Nacional de Defensa para así destinarlos en donde se necesitan realmente. “El Presidente tiene en sus manos la posibilidad de que el Comité funcione a la perfección”, agregó el empresario.
No recuerda reforma
Sobre el destino de los fondos de la tasa de seguridad, el diputado Romeo Silvestri, vicepresidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, dijo a LA PRENSA que es difícil pronunciarse sobre algo que es una especulación.
Según el congresista, todavía no les han llevado la reforma, pero sabe que están trabajando en eso y lo que han recibido es un reporte preliminar.
“Si los fondos se van a utilizar en lo que el Gobierno estime, eso nos estará llevando a gasto corriente y nos está metiendo a problemas, eso es lo que precisamente el presidente Juan Orlando Hernández pidió que se hiciera, una investigación de a quién se le han destinado los recursos”, expresó Silvestri.
El diputado aseguró que aún no tienen información oficial. “Necesito algo oficial porque no quisiera pronunciarme sobre algo que es una especulación, lo que nosotros queremos es el destinatario de esos recursos, cuál fue la justificación y es más, cuando le consultamos al director quién está manejando los fondos de la tasa de seguridad, él nos decía que como es una responsabilidad enorme, no pueden así no más destinar esos recursos si no hay un análisis exhaustivo de cómo va a ser, quién es el ejecutor, cómo van a ser distribuidos los fondos”, argumentó.
Al concluir, Silvestri aseguró que recuerda la aprobación del decreto de julio de 2011. “Uno de los decretos sí me acuerdo perfectamente; el otro, le digo sinceramente que no me acuerdo de eso. No quiero ser irresponsable, el destino de los fondos eran expresamente para temas de seguridad”, concluyó.
LA PRENSA intentó contactar en reiteradas oportunidades al presidente de la Comisión de Presupuesto del Poder Legislativo, Francisco Rivera, pero este no contestó las llamadas que se le hicieron a su teléfono particular y en su oficina su secretaria dijo que no estaba disponible.
Cohep se pronunciará
LA PRENSA también consultó a la presidenta del Cohep, Aline Flores, y al director ejecutivo, Armando Urtecho, pero ambos no quisieron referirse al tema en vista de que en los próximos días el organismo empresarial se pronunciará oficialmente sobre el asunto, según explicó la gerente de comunicaciones, Norma Espinal.
El Cohep emitió la semana anterior un comunicado en el que respaldan los lineamientos de desembolsos establecidos por el Comité Técnico de la Tasa de Seguridad y piden la agilización de los recursos para los operadores de justicia. El Cohep indicó que “continuaremos siendo parte activa del proceso, apoyando no solo a la Comisión Técnica del Fideicomiso, sino también al Gobierno de Honduras”.
La reforma era innecesaria, dice la Andi
Tegucigalpa. Las siete reformas que se le han practicado a la Ley de la Tasa de Seguridad Poblacional y particularmente la que destina esos fondos para las finanzas públicas eran innecesarias y obedecen a la falta de una política clara del Gobierno en la materia, criticó ayer el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Fernando García.
“Al no tener una política de seguridad clara y definida se le han practicado siete reformas a la Ley de Seguridad Poblacional, lo que indica que hay una falta de capacidad de parte de Gobierno”, dijo García.
El empresario también deploró que el Gobierno ha fallado al no incorporar a los actores que podrían ofrecer consejo respecto al tema y por eso se ha tenido tanto problema en la ejecución de los fondos.
Cuestionó que el presidente de la República y el presidente del Congreso no están por encima de la Corte, puestos que los tres Poderes son independientes y tienen el mismo nivel, entonces se les tiene que incorporar al momento de desarrollar las políticas
“Creo que el Gobierno ha demostrado incapacidad en la ejecución, no solo en la tasa de seguridad, sino una gran cantidad de proyectos de cooperación y falta de claridad en su misión y en las prioridades que debe tener”, agregó.
Reflexionó que los graves problemas de ejecución han llevado al mismo presidente de la República a cuestionar la maldita burocracia.
“Lo complicado es que él cuestione la burocracia cuando él es el jefe de la burocracia y es el que ha puesto a toda esa burocracia que ahora él maldice, él es el responsable de la burocracia porque es la cabeza del Ejecutivo que debe ejecutar las acciones”, criticó.
García insistió en el que si tuviese una política de seguridad hubiese sido más fácil ejecutar los recursos de manera correcta, y la ejecución de los mismos sería mas transparente.
Cuestionó que el otro problema es que el Presidente ahora pretende ejecutar los fondos de manera casi directa, cuando eso no corresponde a una estrategia definida, sino a los problemas que van surgiendo, y así no se tiene resultados positivos.
¿Se justifica que se haya hecho la reforma?, se le preguntó al empresario, a lo cual respondió que todas las enmiendas que se le hicieron a la ley de tazón han sido innecesarias si se hubiese consultado a los actores sociales desde un inicio.
“Entonces lo que hemos tenido es improvisación sobre improvisación y sobre más improvisación, y obviamente eso da resultados negativos que el mismo Presidente resiente”, afirmó.
García dijo que el problema se puede solucionar sentando a todos los actores que conocen y están interesados en el tema y desarrollar una política de seguridad que es muy distinta a una política de defensa.
“Cuando se tenga clara esa política se pueden ejecutar los fondos de manera más ordenada y no solamente los fondos de la tasa de seguridad, sino que se puede pedir a los cooperantes que nos ayuden a resolver los problemas de seguridad del país.
“Si no se hace nada van a manosear los mil millones”
“Es la oportunidad para que la Fiscalía haga su trabajo. Las leyes en este momento deben volverse un boomerang contra quienes aprobaron la reforma a la tasa de seguridad”, declaró el abogado José Antonio Barahona Zelaya.
Añadió que deberían aplicarles el juicio político a los diputados que se prestaron para cambiar el decreto legislativo. “Han cometido un delito, es de revisar las actas para ver qué se aprobó. Es la oportunidad que tiene la Fiscalía para investigar y los diputados decentes para aplicar el juicio político a quien cometió ese acto delictivo. El Tribunal Superior de Cuentas no tiene nada que hacer en este caso porque es un acto delictivo”.
Sin embargo, Barahona admitió que hay temor, pues el Congreso Nacional además de tener maniatada a la Corte Suprema, ahora también controla al Ministerio Público. “La Corte debe intervenir si es que algún fiscal presenta algún recurso de inconstitucionalidad contra esa reforma a la ley.
Es necesario que las personas honradas en Honduras salgan a la luz pública, que dejen de esconderse y de tenerle miedo a Juan Orlando. Él tiene a toda la población en contra, porque él lo que ha generado es miedo y el miedo solo lo generan los fascistas y dictadores en esquemas totalitarios, porque es parte de una campaña de terror para acceder al poder”. apuntó.
“Si no se hace nada van a manosear los mil millones de lempiras que nosotros hemos dado. Es una muestra de la corrupción que se sigue dando en el país y a eso hay que ponerle un alto.
Yo invito al Colegio de Abogados a que se pronuncie, se debe hacer algo para que los fondos que todos los hondureños hemos aportado para la seguridad del país no se desvíen”, puntualizó Barahona. José Antonio Barahona Zelaya es abogado, excatedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de 1980 a 1990, apoderado legal de varias empresas sampedranas, así como de sindicatos y asociaciones campesinas. Fue candidato a diputado por el Partido Liberal por el expresidenciable Elvin Santos.
