Tegucigalpa, Honduras.
El proyecto hidroeléctrico Patuca III que se construye en Olancho por un valor de más de 7,000 millones de lempiras es blanco de cuestionamientos, tras salir a luz un presunto desfalco de más de 102 millones de lempiras en la construcción de las viviendas y barracones del campamento base en el que residen los ingenieros, técnicos y militares que custodian la obra.
Documentos oficiales en poder de LA PRENSA ponen al descubierto cómo altos exfuncionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) se confabularon para manipular, adulterar y pagar millonarios contratos de obras y servicios sobrevalorados y al margen de la Ley de Contratación del Estado.
Esta información está contenida en un voluminoso dossier investigativo que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) entregó a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) para que libre los requerimientos fiscales contra todos los implicados.
Diario LA PRENSA tuvo acceso exclusivo a los contratos, adendas, recibos, facturas, órdenes de ejecución de obras, compras y cotizaciones que se hicieron durante la edificación de la obra.
Los documentos detallan la participación de al menos 10 funcionarios de la Enee, cinco de los cuales ocupaban altos cargos ejecutivos y los restantes formaban parte del comité evaluador, a quienes se les acusa de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio del Estado. En el expediente presentado ante la Fiscalía se acusa directamente al exgerente de la Enee Roberto Martínez Lozano, los exdirectores de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (Ueper) Carlos José Díaz Hernández y Gabriel Prieto; al director de licitaciones, Renán Alexis Maldonado Rodríguez, y el encargado del proyecto, Osman Francisco Paniagua.
A estos se suman los miembros del comité evaluador que por instrucciones de sus jefes validaron los contratos.
El acuerdo para construir el bloque de viviendas se firmó el 12 de agosto de 2011 entre el gerente de la Enee, el entonces director de la Ueper Carlos José Díaz y el representante de la empresa Inversiones Acrópolis S.A de C.V por un valor original de 82.3 millones de lempiras.
Hasta aquí, el proceso cumplió aparentemente con todos los requisitos de la Ley de Contratación del Estado; sin embargo, el 11 de noviembre de 2011 se firmó una ampliación del convenio, aduciendo que una vez terminado el campamento sería necesario el mantenimiento del mismo y de todas las áreas del complejo habitacional.
El proyecto hidroeléctrico Patuca III que se construye en Olancho por un valor de más de 7,000 millones de lempiras es blanco de cuestionamientos, tras salir a luz un presunto desfalco de más de 102 millones de lempiras en la construcción de las viviendas y barracones del campamento base en el que residen los ingenieros, técnicos y militares que custodian la obra.
Documentos oficiales en poder de LA PRENSA ponen al descubierto cómo altos exfuncionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) se confabularon para manipular, adulterar y pagar millonarios contratos de obras y servicios sobrevalorados y al margen de la Ley de Contratación del Estado.
| Roberto Martínez Lozano (66). Profesión: Ingeniero civil. Fue gerente de la Enee y ministro de Energía hasta abril de 2014 en el Gobierno de Porfirio Lobo Sosa.
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Diario LA PRENSA tuvo acceso exclusivo a los contratos, adendas, recibos, facturas, órdenes de ejecución de obras, compras y cotizaciones que se hicieron durante la edificación de la obra.
Los documentos detallan la participación de al menos 10 funcionarios de la Enee, cinco de los cuales ocupaban altos cargos ejecutivos y los restantes formaban parte del comité evaluador, a quienes se les acusa de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y fraude en perjuicio del Estado. En el expediente presentado ante la Fiscalía se acusa directamente al exgerente de la Enee Roberto Martínez Lozano, los exdirectores de la Unidad Especial de Proyectos de Energía Renovable (Ueper) Carlos José Díaz Hernández y Gabriel Prieto; al director de licitaciones, Renán Alexis Maldonado Rodríguez, y el encargado del proyecto, Osman Francisco Paniagua.
| Irregularidades
El contrato de servicios se firmó de manera arbitraria modificando las cláusulas 4, 6 y 9 del contrato original
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El acuerdo para construir el bloque de viviendas se firmó el 12 de agosto de 2011 entre el gerente de la Enee, el entonces director de la Ueper Carlos José Díaz y el representante de la empresa Inversiones Acrópolis S.A de C.V por un valor original de 82.3 millones de lempiras.
Hasta aquí, el proceso cumplió aparentemente con todos los requisitos de la Ley de Contratación del Estado; sin embargo, el 11 de noviembre de 2011 se firmó una ampliación del convenio, aduciendo que una vez terminado el campamento sería necesario el mantenimiento del mismo y de todas las áreas del complejo habitacional.
Esa ampliación se efectuó de forma directa a una empresa relacionada con Acrópolis S.A de C.V, sin pasar por el proceso de licitación y con el agravante de que se adjudicó por un plazo de 12 años, cuando la ley solo habla de un período de cuatro años para evitar que traspase un siguiente período de Gobierno. Por este contrato, la Enee pagó 48 millones de lempiras y hubo un sobreprecio de 25 millones, según el CNA.
Luego el 12 de diciembre, el gerente de la Enee Roberto Martínez y el director de la Ueper Carlos José Díaz firman con el representante legal de Inversiones Acrópolis S.A de C.V Francisco Arturo Mejía un nuevo contrato por 20.4 millones de lempiras para la edificación del edificio administrativo, escuela, comedor y clínica del campamento, el cual tampoco pasó por el proceso de licitación. Posteriormente se firmó otro contrato por 30 millones con la empresa Lutopa, para el menaje y acondicionamiento de las viviendas. Este no se ejecutó en su totalidad y solo se pagaron 14 millones; pero hubo un perjuicio para la Enee de siete millones por sobrevaloración del menaje.
Los documentos detallan que se vendieron lavadoras que en el comercio valían 4,000 y 5,000 lempiras por 12,000 y 15,000 lempiras. También toallas compradas en EUA por cuatro dólares se adquirieron por dos mil lempiras.
La investigación del CNA estableció que el modo de operar de los denunciados y los contratistas consistía en la ampliación desproporcionada de los contratos, sin seguir los procedimientos legales, sino mediante simples notas y órdenes de trabajo.
| Empresas familiares
Las tres compañías beneficiadas con los contratos son de una misma familia, esposo, esposa e hijo, según el CNA.
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Reacción
LA PRENSA contactó a Martínez Lozano, quien atribuyó los señalamientos a chismes de las redes sociales que no ameritaban su atención.
“Si sale mi nombre, estaré listo para aclarar, escuché a la CNA hablando de temas que ocurrieron bastante después que yo dejara la gerencia de la Enee”, dijo en un mensaje de texto.
Exfuncionarios consultados por este diario arguyeron que los contratos se adjudicaron con base en una ley especial de proyectos renovables que autorizaba la compra directa.
