Tegucigalpa, Honduras
La comisión encargada del proceso de depuración de la Policía de Honduras informó hoy que investigará y evaluará a más de 10,000 agentes de la escala básica (menor rango) y a empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad.
'Toca el turno de examinar los expedientes de los agentes de la escala básica policial para determinar quiénes estarán habilitados a continuar en el servicio público y quiénes serán cancelados' (despedidos), dijo Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
Agregó que de esa evaluación 'no se escaparán' los empleados de las diferentes unidades administrativas, financieras y logísticas de la Secretaría de Seguridad.
'Será complejo evaluar a un número tan elevado de agentes de la base policial, por lo que tendremos que iniciar con aquellos que tienen problemas con la Justicia, los procesados y enjuiciados, aquellos que están siendo investigados por órganos contraladores del Estado y entidades operadoras de justicia, los que han cometido faltas y transgredieron el régimen disciplinario', subrayó.
Dijo además que también será 'prioridad' evaluar a los agentes de los que se sospecha tienen o han tenido 'vínculos con redes de corrupción y bandas del crimen organizado'.
Rivera, representante de sociedad civil, indicó que los agentes de la escala menor que deban ser pensiones o jubilados, de acuerdo a disposiciones legales, recibirán ese beneficio.
Anunció también que cuanto antes se procederá a realizar un 'proceso de recertificación de los oficiales que fueron incorporados a la nueva estructura orgánica y autorizados a continuar en la carrera policial', para lo que considera indispensable el 'apoyo externo especializado, a fin de garantizar óptima calidad en la aplicación de una metodológica con estándar internacional'.
Señaló que esta semana la comisión depuradora decidirá 'sobre el futuro' de una treintena de oficiales y agentes de la Policía que están suspendidos desde el pasado 18 de abril por ser señalados de supuestamente participar en el asesinato del zar antidrogas Julián Arístides Gonzales, en diciembre de 2009.
Hasta ahora nadie en Honduras ha sido enjuiciado por el asesinato del zar antidrogas.
Agentes y oficiales también planearon el asesinato del exasesor en materia de narcotráfico Alfredo Landaverde, en diciembre de 2011, y del fiscal Orlan Chávez, en abril de 2013, según la denuncia publicada a inicios de abril por el diario El Heraldo que se edita en Tegucigalpa. EFE
La comisión encargada del proceso de depuración de la Policía de Honduras informó hoy que investigará y evaluará a más de 10,000 agentes de la escala básica (menor rango) y a empleados administrativos de la Secretaría de Seguridad.
'Toca el turno de examinar los expedientes de los agentes de la escala básica policial para determinar quiénes estarán habilitados a continuar en el servicio público y quiénes serán cancelados' (despedidos), dijo Omar Rivera, miembro de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
Agregó que de esa evaluación 'no se escaparán' los empleados de las diferentes unidades administrativas, financieras y logísticas de la Secretaría de Seguridad.
'Será complejo evaluar a un número tan elevado de agentes de la base policial, por lo que tendremos que iniciar con aquellos que tienen problemas con la Justicia, los procesados y enjuiciados, aquellos que están siendo investigados por órganos contraladores del Estado y entidades operadoras de justicia, los que han cometido faltas y transgredieron el régimen disciplinario', subrayó.
Dijo además que también será 'prioridad' evaluar a los agentes de los que se sospecha tienen o han tenido 'vínculos con redes de corrupción y bandas del crimen organizado'.
Rivera, representante de sociedad civil, indicó que los agentes de la escala menor que deban ser pensiones o jubilados, de acuerdo a disposiciones legales, recibirán ese beneficio.
Anunció también que cuanto antes se procederá a realizar un 'proceso de recertificación de los oficiales que fueron incorporados a la nueva estructura orgánica y autorizados a continuar en la carrera policial', para lo que considera indispensable el 'apoyo externo especializado, a fin de garantizar óptima calidad en la aplicación de una metodológica con estándar internacional'.
Señaló que esta semana la comisión depuradora decidirá 'sobre el futuro' de una treintena de oficiales y agentes de la Policía que están suspendidos desde el pasado 18 de abril por ser señalados de supuestamente participar en el asesinato del zar antidrogas Julián Arístides Gonzales, en diciembre de 2009.
Hasta ahora nadie en Honduras ha sido enjuiciado por el asesinato del zar antidrogas.
Agentes y oficiales también planearon el asesinato del exasesor en materia de narcotráfico Alfredo Landaverde, en diciembre de 2011, y del fiscal Orlan Chávez, en abril de 2013, según la denuncia publicada a inicios de abril por el diario El Heraldo que se edita en Tegucigalpa. EFE
