Tegucigalpa, Honduras.
Después que el presidente Juan Orlando Hernández vetara la contrarreforma al artículo 184 del Código Procesal Penal que le otorga discrecionalidad a los jueces para dictar medidas sustitutivas a la prisión, esta vuelve al Congreso Nacional.
Pese a que ayer no hubo ninguna comunicación oficial del Poder Ejecutivo, se conoció que en la reunión entre el presidente Hernández y el titular del Legislativo, Mauricio Oliva, se habló sobre el veto.
Una fuente de la Junta Directiva del Congreso Nacional dijo que a más tardar mañana estaría llegando a la Cámara Legislativa el veto presidencial. Hace días, el mandatario había anticipado que esa contrarreforma sería vetada si no cumplía con los lineamientos establecidos por el Consejo de Defensa y Seguridad.
La enmienda otorgaba discrecionalidad a los jueces para dictar medidas distintas a la prisión preventiva. Esa disposición favorece a quienes estén siendo acusados por algunos delitos graves como asesinato, crimen organizado, lavado de activos, secuestro, prevaricato, extorsión y robo, entre otros. En total son 21 los delitos.
Reacciones
Después que el presidente Juan Orlando Hernández vetara la contrarreforma al artículo 184 del Código Procesal Penal que le otorga discrecionalidad a los jueces para dictar medidas sustitutivas a la prisión, esta vuelve al Congreso Nacional.
Pese a que ayer no hubo ninguna comunicación oficial del Poder Ejecutivo, se conoció que en la reunión entre el presidente Hernández y el titular del Legislativo, Mauricio Oliva, se habló sobre el veto.
Una fuente de la Junta Directiva del Congreso Nacional dijo que a más tardar mañana estaría llegando a la Cámara Legislativa el veto presidencial. Hace días, el mandatario había anticipado que esa contrarreforma sería vetada si no cumplía con los lineamientos establecidos por el Consejo de Defensa y Seguridad.
La enmienda otorgaba discrecionalidad a los jueces para dictar medidas distintas a la prisión preventiva. Esa disposición favorece a quienes estén siendo acusados por algunos delitos graves como asesinato, crimen organizado, lavado de activos, secuestro, prevaricato, extorsión y robo, entre otros. En total son 21 los delitos.
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La profesional del derecho Selma Estrada, opinó que el Estado hondureño se ha expuesto a graves condenas internacionales.
“El Estado de Honduras ha estado violentando los principios de presunción de inocencia, libertad y proporcionalidad, y más que todo, la independencia de los jueces de aplicar justicia”.
Además, opinó que el Congreso rectificó un acto dañino, que ha enviado a miles de personas a la cárcel, porque se subroga el derecho que el juez tiene de emitir una resolución.
Mario Díaz, presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, explicó que “arbitrariamente le habían quitado este derecho a al juez, esto se enmarca dentro de la independencia judicial que tiene el juzgador para poder decidir sobre un asunto que se le someta a su conocimiento”.
Asimismo, dijo que toda persona tiene el derecho de ser juzgada, por jueces y magistrados independientes, sujetos únicamente a la Constitución y a las leyes.
Díaz manifestó que “la misma Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad (Maccih) ha estado planteando que esas reformas no son adecuadas, pero aquí lo importante es que el juez sea responsable cuando emita una resolución, sin presiones de ninguna naturaleza”.
