San Pedro Sula, Honduras.
Dennis Cheng ha seguido de cerca el desempeño de la O ficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) y ha llegado a la conclusión de que esta entidad hondureña es un ejemplo en todo el mundo.
Cheng es el director del proyecto de Administración de Bienes Incautados y Decomisados en América Latina (conocido como Bidal) el cual es desarrollado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Podemos considerar a la Oabi como un organismo especializado referente a nivel mundial relativo a la administración de bienes incautados y decomisados, porque es una de las pocas autosuficientes, es decir, no utiliza fondos públicos para financiar el mantenimiento de los bienes incautados”, dijo Cheng al ser consultado por LA PRENSA sobre el concepto que tiene de esa institución hondureña.
La Oabi logra la sostenibilidad, de acuerdo con este especialista, “porque tiene un sistema que le permite crear fondos de la administración de los bienes productivos, de las inversiones de los dineros incautados y de las distribuciones de los dineros decomisados en un 10%”.
El programa que dirige Cheng ofrece asistencia técnica a los países miembros de la OEA para que mejoren la gestión de los activos incautados y decomisados, esto incluye la maximización de su uso y del beneficio económico.
Para Cheng, es sobresaliente el sistema empleado por Oabi porque “le permite estar fuera de la Ley de Contratación Administrativa, precisamente porque no utiliza fondos públicos y eso le permite tomar decisiones de administración de una manera más eficiente para la contratación de terceros especializados y la administración de los bienes incautados y decomisados”.
“La Oabi de Honduras es uno de los pocos organismos a nivel mundial con la capacidad de mantener empresas incautadas en funcionamiento debido a su política institucional de mantener las fuentes de trabajo y porque cuenta con un fondo especial que le permite efectuar préstamos puente con aquellas empresas incautadas que, conforme al estudio de factibilidad y análisis de la empresa, pueden continuar con sus operaciones comerciales”, expuso.
A juicio de Cheng, además de esas variables determinantes, “figuras especiales que se incorporaron en la Ley de Privacion de Dominio y Lavado de Activos, como la venta anticipada y el abandono, le permiten a la Oabi destinar de manera rápida algunos bienes con la finalidad de preservar su valor y de esta manera garantizar el valor del activo para su futura devolución o decomiso”.
En la entrevista con LA PRENSA, destacó que “la Oabi ha distribuido la cantidad de $32 millones, aproximadamente, desde su creación y puesta en funcionamiento (2012) a la fecha, fortaleciendo el sistema de seguridad y justicia y el sector de prevención, así como el desarrollo de proyectos sociales de interés nacional, parques públicos y donación de terrenos para la construcción de centros penales (...)”.
Bidal apoya directamente a las unidades administradoras de Argentina, Chile, Uruguay, El Salvador, República Dominicana, Paraguay y Brasil. De manera indirecta a Perú, Guatemala y Honduras.
Dennis Cheng ha seguido de cerca el desempeño de la O ficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) y ha llegado a la conclusión de que esta entidad hondureña es un ejemplo en todo el mundo.
Cheng es el director del proyecto de Administración de Bienes Incautados y Decomisados en América Latina (conocido como Bidal) el cual es desarrollado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad), entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Podemos considerar a la Oabi como un organismo especializado referente a nivel mundial relativo a la administración de bienes incautados y decomisados, porque es una de las pocas autosuficientes, es decir, no utiliza fondos públicos para financiar el mantenimiento de los bienes incautados”, dijo Cheng al ser consultado por LA PRENSA sobre el concepto que tiene de esa institución hondureña.
La Oabi logra la sostenibilidad, de acuerdo con este especialista, “porque tiene un sistema que le permite crear fondos de la administración de los bienes productivos, de las inversiones de los dineros incautados y de las distribuciones de los dineros decomisados en un 10%”.
El programa que dirige Cheng ofrece asistencia técnica a los países miembros de la OEA para que mejoren la gestión de los activos incautados y decomisados, esto incluye la maximización de su uso y del beneficio económico.
Para Cheng, es sobresaliente el sistema empleado por Oabi porque “le permite estar fuera de la Ley de Contratación Administrativa, precisamente porque no utiliza fondos públicos y eso le permite tomar decisiones de administración de una manera más eficiente para la contratación de terceros especializados y la administración de los bienes incautados y decomisados”.
“La Oabi de Honduras es uno de los pocos organismos a nivel mundial con la capacidad de mantener empresas incautadas en funcionamiento debido a su política institucional de mantener las fuentes de trabajo y porque cuenta con un fondo especial que le permite efectuar préstamos puente con aquellas empresas incautadas que, conforme al estudio de factibilidad y análisis de la empresa, pueden continuar con sus operaciones comerciales”, expuso.
A juicio de Cheng, además de esas variables determinantes, “figuras especiales que se incorporaron en la Ley de Privacion de Dominio y Lavado de Activos, como la venta anticipada y el abandono, le permiten a la Oabi destinar de manera rápida algunos bienes con la finalidad de preservar su valor y de esta manera garantizar el valor del activo para su futura devolución o decomiso”.
En la entrevista con LA PRENSA, destacó que “la Oabi ha distribuido la cantidad de $32 millones, aproximadamente, desde su creación y puesta en funcionamiento (2012) a la fecha, fortaleciendo el sistema de seguridad y justicia y el sector de prevención, así como el desarrollo de proyectos sociales de interés nacional, parques públicos y donación de terrenos para la construcción de centros penales (...)”.
Bidal apoya directamente a las unidades administradoras de Argentina, Chile, Uruguay, El Salvador, República Dominicana, Paraguay y Brasil. De manera indirecta a Perú, Guatemala y Honduras.
