Tegucigalpa, Honduras.
El Instituto Nacional Agrario (INA), 55 años después de su fundación, camina a su desaparición forzada mientras sus trabajadores luchan en las calles por que les paguen sus salarios atrasados y vacaciones congeladas desde hace cuatro años.
En las organizaciones campesinas existe la sospecha que la intención quiere trasladar sus funciones al Instituto de la Propiedad (IP), que se encargaría de emitir los títulos de propiedad pendientes; en tanto, pasaría a la historia la política agraria, dijo el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, Franklin Almendárez.
“No hay una intención del Estado para fortalecer al INA, para garantizar seguridad agraria.
Si pasan las gestiones del INA al Instituto de la Propiedad, sería como terminar con el movimiento campesino”, dijo Almendárez.
La mora agraria, que antes de 2008 comprendía 450 expedientes, logró reducirse a casi a la mitad con el decreto 18-2008; pero la otra mitad está pendiente y representa unas 60,000 manzanas en poder de los campesinos que no están legalizadas. Estas tierras ocupadas representan unas tres mil solicitudes engavetadas en la institución agraria.
“El INA es necesario porque es el único lugar adonde acudimos los campesinos para ir a resolver la conflictividad agraria”, expuso el dirigente.
El Congreso Nacional aprobó el año pasado 211 millones para los gastos de operación del INA cuando la entidad necesita de 267 millones para pagar el salario a sus 950 empleados y el resto de gastos de funcionamiento. El 79% del presupuesto aprobado se terminó en junio. “Solo nos va a ajustar para junio, ya para julio no tenemos presupuesto”, afirmó Ramón Lara, director de la institución.
El Instituto Nacional Agrario (INA), 55 años después de su fundación, camina a su desaparición forzada mientras sus trabajadores luchan en las calles por que les paguen sus salarios atrasados y vacaciones congeladas desde hace cuatro años.
En las organizaciones campesinas existe la sospecha que la intención quiere trasladar sus funciones al Instituto de la Propiedad (IP), que se encargaría de emitir los títulos de propiedad pendientes; en tanto, pasaría a la historia la política agraria, dijo el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, Franklin Almendárez.
“No hay una intención del Estado para fortalecer al INA, para garantizar seguridad agraria.
Si pasan las gestiones del INA al Instituto de la Propiedad, sería como terminar con el movimiento campesino”, dijo Almendárez.
La mora agraria, que antes de 2008 comprendía 450 expedientes, logró reducirse a casi a la mitad con el decreto 18-2008; pero la otra mitad está pendiente y representa unas 60,000 manzanas en poder de los campesinos que no están legalizadas. Estas tierras ocupadas representan unas tres mil solicitudes engavetadas en la institución agraria.
“El INA es necesario porque es el único lugar adonde acudimos los campesinos para ir a resolver la conflictividad agraria”, expuso el dirigente.
El Congreso Nacional aprobó el año pasado 211 millones para los gastos de operación del INA cuando la entidad necesita de 267 millones para pagar el salario a sus 950 empleados y el resto de gastos de funcionamiento. El 79% del presupuesto aprobado se terminó en junio. “Solo nos va a ajustar para junio, ya para julio no tenemos presupuesto”, afirmó Ramón Lara, director de la institución.
