Tegucigalpa, Honduras.
La Comisión Especial de Depuración y Reestructuración de la Policía Nacional oficializó ayer la cancelación de cinco de los seis oficiales acusados de conspirar para traficar drogas, tráfico de armas y delitos conexos por la justicia de Estados Unidos.
Los depuradores ordenaron al secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, la cancelación inmediata del subcomisionado Mario Guillermo Mejía Vargas, comisario Víctor Oswaldo López Flores, subcomisario Jorge Alberto Cruz Chávez, subcomisario Ludwig Criss Zelaya Romero e inspector Juan Manuel Ávila Meza.
En el caso del subcomisionado Carlos José Zavala Velásquez, su separación ya había sido ordenada por la Comisión Especial desde el 18 de mayo de 2016 en vista de estar mencionado como uno de los supuestos autores materiales del asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González.
Todos los antes mencionados fueron acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de participar y facilitar el tráfico de drogas por territorio hondureño, por ello enfrentan sentencias mínimas de 10 a 40 años de prisión y máximas de cadena perpetua.
Inminente extradición
Una vez ordenado su despido y en vista de las serias acusaciones que les formula la justicia de EUA, los seis oficiales quedaron a expensas de la justicia nacional y de un inminente proceso de extradición hacia aquel país.
Sobre esto último, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó a LA PRENSA que aún no ha ingresado a la secretaría general de la Corte Suprema la solicitud de extradición de los seis policías.
Mientras tanto, un oficial de la embajada de EUA dijo que no podían referirse a este caso porque tienen por política no comentar asuntos específicos de esta naturaleza.
En un comunicado, la Comisión enfatizó que dados los señalamientos de que han sido objeto los oficiales “corresponderá a las autoridades realizar las acciones pertinentes en el marco de sus competencias”.
Omar Rivera, miembro de dicha instancia, declaró que este caso es similar al de la familia Rosenthal, por tal motivo lo que procede es que en el marco del tratado de extradición EUA solicite al Poder Judicial por conducto de la Cancillería que tramite la expatriación de los policías.
Enfatizó que se “acabó la fiesta en la Policía” porque los que se dediquen a actos corruptos o ejecuten acciones ilegales no tienen opción para continuar en la carrera policial.
La Comisión Especial de Depuración y Reestructuración de la Policía Nacional oficializó ayer la cancelación de cinco de los seis oficiales acusados de conspirar para traficar drogas, tráfico de armas y delitos conexos por la justicia de Estados Unidos.
Los depuradores ordenaron al secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, la cancelación inmediata del subcomisionado Mario Guillermo Mejía Vargas, comisario Víctor Oswaldo López Flores, subcomisario Jorge Alberto Cruz Chávez, subcomisario Ludwig Criss Zelaya Romero e inspector Juan Manuel Ávila Meza.
En el caso del subcomisionado Carlos José Zavala Velásquez, su separación ya había sido ordenada por la Comisión Especial desde el 18 de mayo de 2016 en vista de estar mencionado como uno de los supuestos autores materiales del asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González.
Todos los antes mencionados fueron acusados por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de participar y facilitar el tráfico de drogas por territorio hondureño, por ello enfrentan sentencias mínimas de 10 a 40 años de prisión y máximas de cadena perpetua.
 La Comisión de Depuración procedió a la separación de los oficiales acusados de tráfico de drogas y pidió a los operadores de justicia emprender las acciones legales pertinentes.
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Una vez ordenado su despido y en vista de las serias acusaciones que les formula la justicia de EUA, los seis oficiales quedaron a expensas de la justicia nacional y de un inminente proceso de extradición hacia aquel país.
Sobre esto último, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó a LA PRENSA que aún no ha ingresado a la secretaría general de la Corte Suprema la solicitud de extradición de los seis policías.
Mientras tanto, un oficial de la embajada de EUA dijo que no podían referirse a este caso porque tienen por política no comentar asuntos específicos de esta naturaleza.
En un comunicado, la Comisión enfatizó que dados los señalamientos de que han sido objeto los oficiales “corresponderá a las autoridades realizar las acciones pertinentes en el marco de sus competencias”.
Omar Rivera, miembro de dicha instancia, declaró que este caso es similar al de la familia Rosenthal, por tal motivo lo que procede es que en el marco del tratado de extradición EUA solicite al Poder Judicial por conducto de la Cancillería que tramite la expatriación de los policías.
Enfatizó que se “acabó la fiesta en la Policía” porque los que se dediquen a actos corruptos o ejecuten acciones ilegales no tienen opción para continuar en la carrera policial.
