Tegucigalpa, Honduras.
El Poder Judicial dejó por fuera de la comisión para nombrar a los jueces anticorrupción al magistrado coordinador de la Sala de lo Penal, José Olivio Rodríguez, quien tiene una denuncia por presuntos actos de corrupción.
Esa fue la decisión que tomó ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta.
El titular del Poder Judicial modificó el protocolo de creación de la comisión para nombrar a jueces anticorrupción, aprobado el 3 de junio, que estipulaba que el coordinador de la Sala de lo Penal la dirigiría.
Con el cambio se establece que cualquier magistrado de esa sala será el que la presida.
“El cambio se hizo a fin de no afectar ninguno de los elementos del proceso, el presidente (Argueta) dialogó con el magistrado (Rodríguez) y en mutuo acuerdo establecieron que sería de esta manera en aras de un proceso transparente y que no tenga la menor duda la ciudadanía”, declaró el vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte.
Denuncia
El magistrado Rodríguez fue denunciado el 31 de abril ante el Ministerio Público por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de avalar una compra sobrevalorada de equipo para un taller de carros del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en la regional de Olancho.
El coordinador de la Sala de lo Penal formó parte de la comisión evaluadora que recomendó la contratación de la empresa Grupo Visión para el equipamiento de un taller de dicho centro por L76 millones, pero su valor real era de unos 21 millones de lempiras.
Rodríguez fue nombrado como secretario general de Infop el 30 de noviembre de 2012. Ante la revelación de la supuesta participación de este magistrado en supuestos actos de corrupción, diversos sectores mostraron su descontento.
El togado recibió fuertes críticas por haber avalado compra sobrevalorada en el Infop, lo que habría dado lugar a que quedara fuera del órgano que seleccionará jueces anticorrupción y que ayer quedó integrada.
Lo anterior debido a que el funcionario tendría la coordinación de la entidad que estaría a cargo para hacer la selección de jueces en materia de corrupción y no lo consideraban ético. Argueta mencionó que la conformación de los nuevos tribunales en materia de corrupción estaría lista para mayo.
Pero ayer ya se dieron a conocer los nombres de las personas que integrarán la Comisión Reguladora del proceso de selección.
Conforme a la designación, la Comisión estará integrada por los tres miembros propietarios, el magistrado de la Sala Penal, Rafael Bustillo Romero, quien fungirá como presidente y sustituye a Rodríguez, la magistrada de la Sala Laboral de Contencioso Administrativo, María Fernanda Castro, y el miembro representante de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez Mayor.
A su vez como miembros suplentes quedaron designados Alma Consuelo Guzmán, también magistrada de la Sala Penal, la oficial de Transparencia del Poder Judicial, Indira Toro Caballero, y el otro representante de la Maccih, Jan Michael Simon.
Como representante de la sociedad civil, quien fungirá como secretario de la Comisión, fue nombrado Carlos Hernández y como su suplente Lester Ramírez, ambos son miembros de la Asociación para una Sociedad más Justa.
El Poder Judicial dejó por fuera de la comisión para nombrar a los jueces anticorrupción al magistrado coordinador de la Sala de lo Penal, José Olivio Rodríguez, quien tiene una denuncia por presuntos actos de corrupción.
Esa fue la decisión que tomó ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta.
El titular del Poder Judicial modificó el protocolo de creación de la comisión para nombrar a jueces anticorrupción, aprobado el 3 de junio, que estipulaba que el coordinador de la Sala de lo Penal la dirigiría.
Con el cambio se establece que cualquier magistrado de esa sala será el que la presida.
“El cambio se hizo a fin de no afectar ninguno de los elementos del proceso, el presidente (Argueta) dialogó con el magistrado (Rodríguez) y en mutuo acuerdo establecieron que sería de esta manera en aras de un proceso transparente y que no tenga la menor duda la ciudadanía”, declaró el vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte.
Denuncia
El magistrado Rodríguez fue denunciado el 31 de abril ante el Ministerio Público por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de avalar una compra sobrevalorada de equipo para un taller de carros del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en la regional de Olancho.
El coordinador de la Sala de lo Penal formó parte de la comisión evaluadora que recomendó la contratación de la empresa Grupo Visión para el equipamiento de un taller de dicho centro por L76 millones, pero su valor real era de unos 21 millones de lempiras.
Rodríguez fue nombrado como secretario general de Infop el 30 de noviembre de 2012. Ante la revelación de la supuesta participación de este magistrado en supuestos actos de corrupción, diversos sectores mostraron su descontento.
El togado recibió fuertes críticas por haber avalado compra sobrevalorada en el Infop, lo que habría dado lugar a que quedara fuera del órgano que seleccionará jueces anticorrupción y que ayer quedó integrada.
Lo anterior debido a que el funcionario tendría la coordinación de la entidad que estaría a cargo para hacer la selección de jueces en materia de corrupción y no lo consideraban ético. Argueta mencionó que la conformación de los nuevos tribunales en materia de corrupción estaría lista para mayo.
Pero ayer ya se dieron a conocer los nombres de las personas que integrarán la Comisión Reguladora del proceso de selección.
Conforme a la designación, la Comisión estará integrada por los tres miembros propietarios, el magistrado de la Sala Penal, Rafael Bustillo Romero, quien fungirá como presidente y sustituye a Rodríguez, la magistrada de la Sala Laboral de Contencioso Administrativo, María Fernanda Castro, y el miembro representante de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Juan Jiménez Mayor.
A su vez como miembros suplentes quedaron designados Alma Consuelo Guzmán, también magistrada de la Sala Penal, la oficial de Transparencia del Poder Judicial, Indira Toro Caballero, y el otro representante de la Maccih, Jan Michael Simon.
Como representante de la sociedad civil, quien fungirá como secretario de la Comisión, fue nombrado Carlos Hernández y como su suplente Lester Ramírez, ambos son miembros de la Asociación para una Sociedad más Justa.
