Tegucigalpa, Honduras.
En octubre de 2014, el ciudadano palestino Kareen Samer Abdulhadi Abdulhadi de 38 años se presentó al consulado de Honduras en Barcelona y con documentación oficial del Registro Nacional de las Personas (RNP), solicitó que se le extendiese su respectivo pasaporte oficial arguyendo su condición de “hondureño por nacimiento”.
Sin embargo, el idioma, sus marcados rasgos árabes y la inconsistencia de los datos de nacimiento despertaron las sospechas del personal diplomático en torno a su verdadera nacionalidad y la legitimidad de los documentos.
De inmediato se procedió a cotejar en la base informática del RNP que maneja cada embajada y por ese medio se logró validar que los números de la partida de nacimiento y la tarjeta de identidad no concordaban con la información oficial del ente registral, es decir, no existía como tal.
El mismo día, el 6 de octubre de 2014, la sede diplomática envió un correo a las autoridades del RNP en Tegucigalpa solicitando que certificaran la información del extranjero en la base de datos de su oficina central.
A partir de ahí se logró descubrir una intrusión no autorizada y la alteración en la base de datos de inscripciones de nacimiento de uno de los registros municipales del interior país que facilitó que esta persona fuera documentada como hondureña.
La certificación del acta de nacimiento establece que Kareen Samer Abdulhadi fue inscrito fraudulentamente en el municipio de Siguatepeque, Comayagua, con el número de identidad 0318-1978-00774, siendo sus padres Samer Shawkat y Lubma Abdulhadi, originarios de Palestina.
No obstante, la certificación de nacimiento fue extendida en el municipio del Distrito Central, Francisco Morazán el 4 de diciembre de 2013. La misma está impresa en un documento oficial del RNP y calza la firma y el sello original del entonces director del RNP, Jorge Arturo Reina.
De acuerdo a información a la que tuvo acceso LA PRENSA, el padre de Kareen Samer tramitó su tarjeta de identidad y su certificación de nacimiento como hondureño y con esa documentación logró inscribir a por lo menos ocho miembros de su familia, entre hijos y nietos.
Una fuente de seguridad dijo que se investiga si el patriarca de la familia Abdulhadi viajó a Honduras a realizar personalmente los trámites de identificación o la red de traficantes se encargó de todas las gestiones desde acá.
Las primeras indagaciones permitieron establecer que la alteración del registro de nacimiento para favorecer a estas personas se efectuó en la oficina del RNP de Siguatepeque el 3 de diciembre de 2013 por uno de los empleados que tenía asignada clave de acceso al sistema, quien a raíz de las investigaciones fue despedido, pero no se le formularon cargos por ese delito.
También se separó a otros nueve trabajadores del RNP, pero el caso no trascendió a los medios de comunicación para evitar un escándalo con repercusiones internacionales.
Red internacional
Las posteriores investigaciones establecieron que el caso de Abdulhadi es solo la punta de la madeja de una organizada red criminal con nexos internacionales de tráfico de extranjeros que logró inscribir ilegalmente como hondureños a por lo menos un centenar de palestinos y sirios con documentación fraudulenta.
El número exacto de personas que fueron registradas aún está por establecerse, en vista que existe una investigación en curso para determinar ese dato y también dar con otros miembros de la red criminal. Por ahora hay 20 expedientes plenamente documentados y los restantes están en proceso.
Pese a que no se ha logrado precisar el monto, esta red cobró fuertes sumas de dólares a estas personas y sus familias para tramitarles la tarjeta de identidad hondureña, con la cual podían obtener su pasaporte y posteriormente sacar su visa de entrada a Estados Unidos.
De hecho, a raíz del caso de Abdulhadi, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa intervino en la investigación, así como la Policía Internacional (Interpol) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado de Honduras.
“Nosotros emitimos la denuncia y seguimos trabajando en este tema, hemos colaborado con Interpol, tenemos contacto con la embajada de Estados Unidos por el tema de visas, la Unidad Transnacional de Investigación del Crimen, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y otros entes de la Policía Nacional”, afirmó una fuente oficial.
Además, se conoció que los informes sobre el caso elaborados por la Inspectoría general del RNP fueron turnados al Ministerio Público para emprender la acción penal contra algunos de los implicados, aunque por ahora no hay ninguna persona detenida ni enjuiciada. Una fuente que participó en la investigación y que pidió el anonimato por motivos de seguridad personal, indicó a LA PRENSA que muchos de los palestinos y sirios que fueron documentados acudieron a la embajada a tramitar su visa de turista para ingresar a Estados Unidos, pero fueron detectados por los controles internos.
Sobre el particular, LA PRENSA solicitó a esta delegación diplomática información, pero esta se abstuvo de confirmar o negar la versión noticiosa, aduciendo no estar autorizada para proporcionar esos detalles.
Al respecto, un portavoz de la embajada dijo escuetamente que “de conformidad con la política y las leyes de EUA, no discutimos públicamente ningún tema relacionado con visas o asuntos de aplicación de la ley”.
Vulnerabilidad
Este caso cobra ribetes de escándalo y pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema informático y la base de datos de registro de identificación del RNP en un momento que cientos de terroristas y militantes del Estado Islámico intentan hacerse pasar como ciudadanos de países del continente para poder ingresar a Estados Unidos con el fin de ejecutar actos de terrorismo contra la población civil y blancos militares y gubernamentales.
Aunque esto está por comprobarse aún, la adulteración de información personal a favor de medio centenar de ciudadanos árabes ha causado preocupación en las autoridades de seguridad de Honduras y de Estados Unidos.
Justamente por este motivo y por la investigación que está en proceso, las autoridades han manejado la información en el más estricto secreto, hasta ahora que la saca a luz Diario LA PRENSA.
La información proporcionada indica que la red centró sus operaciones en el registro municipal de Siguatepeque, Comayagua, para no despertar sospechas y desde ahí se documentó a la mayoría de palestinos y sirios.
De hecho se logró establecer que todas estas personas fueron documentadas bajo el código 0318 que corresponde a Siguatepeque, Comayagua.
En octubre de 2014, el ciudadano palestino Kareen Samer Abdulhadi Abdulhadi de 38 años se presentó al consulado de Honduras en Barcelona y con documentación oficial del Registro Nacional de las Personas (RNP), solicitó que se le extendiese su respectivo pasaporte oficial arguyendo su condición de “hondureño por nacimiento”.
Sin embargo, el idioma, sus marcados rasgos árabes y la inconsistencia de los datos de nacimiento despertaron las sospechas del personal diplomático en torno a su verdadera nacionalidad y la legitimidad de los documentos.
De inmediato se procedió a cotejar en la base informática del RNP que maneja cada embajada y por ese medio se logró validar que los números de la partida de nacimiento y la tarjeta de identidad no concordaban con la información oficial del ente registral, es decir, no existía como tal.
El mismo día, el 6 de octubre de 2014, la sede diplomática envió un correo a las autoridades del RNP en Tegucigalpa solicitando que certificaran la información del extranjero en la base de datos de su oficina central.
A partir de ahí se logró descubrir una intrusión no autorizada y la alteración en la base de datos de inscripciones de nacimiento de uno de los registros municipales del interior país que facilitó que esta persona fuera documentada como hondureña.
 De acuerdo a la investigación, empleados del RNP en el registro de Siguatepeque, Comayagua, penetraron con sus contraseñas el sistema de datos y manipularon y adulteraron los registros de nacimiento de hondureños para registrar a decenas de ciudadanos palestinos y sirios.
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No obstante, la certificación de nacimiento fue extendida en el municipio del Distrito Central, Francisco Morazán el 4 de diciembre de 2013. La misma está impresa en un documento oficial del RNP y calza la firma y el sello original del entonces director del RNP, Jorge Arturo Reina.
| Misión del RNP
Fue creado en 1982 con la misión de custodiar y garantizar la inscripción de hechos y estado civil de los hondureños.
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De acuerdo a información a la que tuvo acceso LA PRENSA, el padre de Kareen Samer tramitó su tarjeta de identidad y su certificación de nacimiento como hondureño y con esa documentación logró inscribir a por lo menos ocho miembros de su familia, entre hijos y nietos.
Una fuente de seguridad dijo que se investiga si el patriarca de la familia Abdulhadi viajó a Honduras a realizar personalmente los trámites de identificación o la red de traficantes se encargó de todas las gestiones desde acá.
Las primeras indagaciones permitieron establecer que la alteración del registro de nacimiento para favorecer a estas personas se efectuó en la oficina del RNP de Siguatepeque el 3 de diciembre de 2013 por uno de los empleados que tenía asignada clave de acceso al sistema, quien a raíz de las investigaciones fue despedido, pero no se le formularon cargos por ese delito.
También se separó a otros nueve trabajadores del RNP, pero el caso no trascendió a los medios de comunicación para evitar un escándalo con repercusiones internacionales.
 Nueve miembros de una misma familia de origen palestino fueron documentados como hondureños.
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Las posteriores investigaciones establecieron que el caso de Abdulhadi es solo la punta de la madeja de una organizada red criminal con nexos internacionales de tráfico de extranjeros que logró inscribir ilegalmente como hondureños a por lo menos un centenar de palestinos y sirios con documentación fraudulenta.
El número exacto de personas que fueron registradas aún está por establecerse, en vista que existe una investigación en curso para determinar ese dato y también dar con otros miembros de la red criminal. Por ahora hay 20 expedientes plenamente documentados y los restantes están en proceso.
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Empleados del RNP
Fueron despedidos, pero no se les llevó a la justicia
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De hecho, a raíz del caso de Abdulhadi, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa intervino en la investigación, así como la Policía Internacional (Interpol) y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado de Honduras.
“Nosotros emitimos la denuncia y seguimos trabajando en este tema, hemos colaborado con Interpol, tenemos contacto con la embajada de Estados Unidos por el tema de visas, la Unidad Transnacional de Investigación del Crimen, la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia y otros entes de la Policía Nacional”, afirmó una fuente oficial.
Además, se conoció que los informes sobre el caso elaborados por la Inspectoría general del RNP fueron turnados al Ministerio Público para emprender la acción penal contra algunos de los implicados, aunque por ahora no hay ninguna persona detenida ni enjuiciada. Una fuente que participó en la investigación y que pidió el anonimato por motivos de seguridad personal, indicó a LA PRENSA que muchos de los palestinos y sirios que fueron documentados acudieron a la embajada a tramitar su visa de turista para ingresar a Estados Unidos, pero fueron detectados por los controles internos.
Sobre el particular, LA PRENSA solicitó a esta delegación diplomática información, pero esta se abstuvo de confirmar o negar la versión noticiosa, aduciendo no estar autorizada para proporcionar esos detalles.
Al respecto, un portavoz de la embajada dijo escuetamente que “de conformidad con la política y las leyes de EUA, no discutimos públicamente ningún tema relacionado con visas o asuntos de aplicación de la ley”.
Vulnerabilidad
Este caso cobra ribetes de escándalo y pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema informático y la base de datos de registro de identificación del RNP en un momento que cientos de terroristas y militantes del Estado Islámico intentan hacerse pasar como ciudadanos de países del continente para poder ingresar a Estados Unidos con el fin de ejecutar actos de terrorismo contra la población civil y blancos militares y gubernamentales.
Aunque esto está por comprobarse aún, la adulteración de información personal a favor de medio centenar de ciudadanos árabes ha causado preocupación en las autoridades de seguridad de Honduras y de Estados Unidos.
Justamente por este motivo y por la investigación que está en proceso, las autoridades han manejado la información en el más estricto secreto, hasta ahora que la saca a luz Diario LA PRENSA.
La información proporcionada indica que la red centró sus operaciones en el registro municipal de Siguatepeque, Comayagua, para no despertar sospechas y desde ahí se documentó a la mayoría de palestinos y sirios.
De hecho se logró establecer que todas estas personas fueron documentadas bajo el código 0318 que corresponde a Siguatepeque, Comayagua.
