Santa Rosa de Copán, Honduras.
A un acuerdo transitorio llegaron los pobladores y ejecutivos de la Mina San Andrés, en el occidente del país, luego de varias semanas de protestas que impidieron el normal funcionamiento de la minería.
El comisionado nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, quien sirvió de mediador y logró la firma, supervisará el cumplimiento del acuerdo. Las partes involucradas en el conflicto determinaron nombrar un comité conformado por representantes del patronato comunal y del comité ambiental de Azacualpa, así como de la alcaldía de La Unión.
“Lo principal es velar por el respeto de los derechos humanos de nuestras comunidades; pero en este sentido también tenemos que ver el derecho al trabajo que tienen las personas que laboran en las minas, como también asegurar, ayudar, coadyuvar con la seguridad jurídica de la inversión de la empresa”, indicó el comisionado. Herrera Cáceres tuvo reuniones separadas con representantes de las comunidades y de la minera instalada en San Andrés y Azacualpa.
Desde este 2 de abril, pobladores de diferentes comunidades del municipio de La Unión estaban en protestas que limitaron los trabajos de Minerales de Occidente.
Según empleados de la compañía minera, los pobladores “han sido mal asesorados”, por lo que exigir que cesen los trabajos cerca del cementerio de Azacualpa, así como evitar el traslado del mismo, es un error debido a que la zona fue concesionada.
El Gobierno enviará, a la brevedad posible, una comisión que verificará y realizará el censo sobre la libre disposición de los miembros de la comunidad de Azacualpa en aceptar la vivienda como estaba pactado originalmente o la negociación misma que no podrá ser inferior a lo acordado en el convenio de 2012.
El acuerdo señala que se integrará lo relativo al fideicomiso y Fondo de Inversión Social conforme a lo que prescribe el artículo 77 de la Ley General de Minería, y cuyo fin debe ser la ejecución de proyectos de inversión, para la generación de empleo, en actividades distintas de la minería.
También se establece que al vencer el plazo de los 10 días hábiles acordados para el trabajo del comité, las partes involucradas se reunirán para verificar el cumplimiento.
A un acuerdo transitorio llegaron los pobladores y ejecutivos de la Mina San Andrés, en el occidente del país, luego de varias semanas de protestas que impidieron el normal funcionamiento de la minería.
El comisionado nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Roberto Herrera Cáceres, quien sirvió de mediador y logró la firma, supervisará el cumplimiento del acuerdo. Las partes involucradas en el conflicto determinaron nombrar un comité conformado por representantes del patronato comunal y del comité ambiental de Azacualpa, así como de la alcaldía de La Unión.
“Lo principal es velar por el respeto de los derechos humanos de nuestras comunidades; pero en este sentido también tenemos que ver el derecho al trabajo que tienen las personas que laboran en las minas, como también asegurar, ayudar, coadyuvar con la seguridad jurídica de la inversión de la empresa”, indicó el comisionado. Herrera Cáceres tuvo reuniones separadas con representantes de las comunidades y de la minera instalada en San Andrés y Azacualpa.
Desde este 2 de abril, pobladores de diferentes comunidades del municipio de La Unión estaban en protestas que limitaron los trabajos de Minerales de Occidente.
Según empleados de la compañía minera, los pobladores “han sido mal asesorados”, por lo que exigir que cesen los trabajos cerca del cementerio de Azacualpa, así como evitar el traslado del mismo, es un error debido a que la zona fue concesionada.
El Gobierno enviará, a la brevedad posible, una comisión que verificará y realizará el censo sobre la libre disposición de los miembros de la comunidad de Azacualpa en aceptar la vivienda como estaba pactado originalmente o la negociación misma que no podrá ser inferior a lo acordado en el convenio de 2012.
El acuerdo señala que se integrará lo relativo al fideicomiso y Fondo de Inversión Social conforme a lo que prescribe el artículo 77 de la Ley General de Minería, y cuyo fin debe ser la ejecución de proyectos de inversión, para la generación de empleo, en actividades distintas de la minería.
También se establece que al vencer el plazo de los 10 días hábiles acordados para el trabajo del comité, las partes involucradas se reunirán para verificar el cumplimiento.
