Tegucigalpa, Honduras.
La participación de agentes policiales en crímenes de alto impacto fue catalogada como una acción “diabólica” por Juan Jiménez, vocero de la Misión contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Jiménez participó ayer en la instalación Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), órgano de la OEA.
“Por si, además, en la comisión de crímenes participan agentes estatales, la situación es crítica, es diabólica y tiene que detenerse de forma inmediata. En esa línea, el proceso de depuración policial iniciado hace pocos días, tiene que servir al país para contar con una policía comprometida con el servicio público y no con el crimen”.
En sentido, reconoció que la Maccih ha llegado en un momento de grandes connotaciones como la denuncia pública de la participación de altos miembros de la Policía Nacional que han participado en el asesinato de zar antidrogas Arístides Gonzaléz y Alfredo Landaverde, exasesor en meteria de seguridad.
Ante esto, Jiménez expuso que la información revelada crea la necesidad de una “profunda investigación para descubrir la existencia de una vasta red criminal puesta al servicio del crimen organizado”.
También agregó que “nos revelaría un preocupante encubrimiento, lo que debe ser también investigado. Se requiere una investigación profunda, técnica y contemplando todas las garantías judiciales para llegar en estos casos a la verdad y superar la situación de impunidad en la que han estado inmersos estos crímenes”.
Además, hizo referencia al asesinato de la dirigente ambientalista Berta Cáceres; el cual debe ser esclarecido como lo demanda la comunidad nacional e internacional.
“El mundo necesita saber quién o quiénes mataron a Berta Cáceres. Todos exigimos justicia y que se sancione al o los responsables con la mayor firmeza y con todo el rigor de la ley”, demandó.
Depuración
Aseguró que ven con expectativa el proceso de depuración el cual debe realizarse con responsabilidad. Reiteró que la Maccih podrá cooperar en la medida que el convenio lo establece, con el objetivo de desmantelar redes de corrupción dentro de la Policía.
Al mismo tiempo, solicitó a las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a dar prioridad a las auditorías de un grupo de casos de oficiales de policía requeridos por enriquecimiento ilícito.
De acuerdo, al vocero de la Maccih esta investigación es un elemento clave para la depuración. “El mecanismo de verificar el enriquecimiento ilícito es una herramienta poderosa para combatir la corrupción y la Maccih apoyará firmemente su aplicación”, expuso.
Jueces certificados
También pidió al presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, que aún no se designe a los jueces contra la corrupción, hasta que se cuente con el protocolo para la selección y certificación, en la que debe participar la Maccih conforme a lo que se establece en la sección 3 del convenio suscrito con el Estado. Arguyó que “apostamos por la interdicción de la corrupción, pero también de mejoras institucionales que promuevan el mejor funcionamiento de la función pública”.
Ante la petición del vocero de la Maccih, Argueta expuso ya ha solicitado a un equipo técnico la redacción de los protocolos para que el nombramiento de los jueces sea transparente.
“Damos una bienvenida cordial a esa petición que ha hecho la Maccih, esperamos que los juzgados estén funcionando en 30 días en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba”, anunció.
De igual manera, dijo que harán una convocatoria pública para todos los que quieran participar en el proceso.
En relación con los crímenes de alto impacto dijo que esa información le corresponde proporcionarla al MP.
La participación de agentes policiales en crímenes de alto impacto fue catalogada como una acción “diabólica” por Juan Jiménez, vocero de la Misión contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih).
Jiménez participó ayer en la instalación Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), órgano de la OEA.
“Por si, además, en la comisión de crímenes participan agentes estatales, la situación es crítica, es diabólica y tiene que detenerse de forma inmediata. En esa línea, el proceso de depuración policial iniciado hace pocos días, tiene que servir al país para contar con una policía comprometida con el servicio público y no con el crimen”.
En sentido, reconoció que la Maccih ha llegado en un momento de grandes connotaciones como la denuncia pública de la participación de altos miembros de la Policía Nacional que han participado en el asesinato de zar antidrogas Arístides Gonzaléz y Alfredo Landaverde, exasesor en meteria de seguridad.
Ante esto, Jiménez expuso que la información revelada crea la necesidad de una “profunda investigación para descubrir la existencia de una vasta red criminal puesta al servicio del crimen organizado”.
También agregó que “nos revelaría un preocupante encubrimiento, lo que debe ser también investigado. Se requiere una investigación profunda, técnica y contemplando todas las garantías judiciales para llegar en estos casos a la verdad y superar la situación de impunidad en la que han estado inmersos estos crímenes”.
Además, hizo referencia al asesinato de la dirigente ambientalista Berta Cáceres; el cual debe ser esclarecido como lo demanda la comunidad nacional e internacional.
“El mundo necesita saber quién o quiénes mataron a Berta Cáceres. Todos exigimos justicia y que se sancione al o los responsables con la mayor firmeza y con todo el rigor de la ley”, demandó.
Depuración
Aseguró que ven con expectativa el proceso de depuración el cual debe realizarse con responsabilidad. Reiteró que la Maccih podrá cooperar en la medida que el convenio lo establece, con el objetivo de desmantelar redes de corrupción dentro de la Policía.
Al mismo tiempo, solicitó a las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) a dar prioridad a las auditorías de un grupo de casos de oficiales de policía requeridos por enriquecimiento ilícito.
De acuerdo, al vocero de la Maccih esta investigación es un elemento clave para la depuración. “El mecanismo de verificar el enriquecimiento ilícito es una herramienta poderosa para combatir la corrupción y la Maccih apoyará firmemente su aplicación”, expuso.
Jueces certificados
También pidió al presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta, que aún no se designe a los jueces contra la corrupción, hasta que se cuente con el protocolo para la selección y certificación, en la que debe participar la Maccih conforme a lo que se establece en la sección 3 del convenio suscrito con el Estado. Arguyó que “apostamos por la interdicción de la corrupción, pero también de mejoras institucionales que promuevan el mejor funcionamiento de la función pública”.
Ante la petición del vocero de la Maccih, Argueta expuso ya ha solicitado a un equipo técnico la redacción de los protocolos para que el nombramiento de los jueces sea transparente.
“Damos una bienvenida cordial a esa petición que ha hecho la Maccih, esperamos que los juzgados estén funcionando en 30 días en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba”, anunció.
De igual manera, dijo que harán una convocatoria pública para todos los que quieran participar en el proceso.
En relación con los crímenes de alto impacto dijo que esa información le corresponde proporcionarla al MP.
