Tegucigalpa, Honduras.
Tras la publicación del prestigioso diario The New York Times que reveló que los asesinatos del general Julián Arístides González y el exasesor en Seguridad Alfredo Landaverde fueron ordenados por los exdirectores de la Policía José Luis Muñoz Licona y Ricardo Ramírez del Cid, el Ministerio Público informó ayer que ha comenzado a evaluar la información y no descartó emitir los correspondientes requerimientos fiscales.
Por lo pronto, la Fiscalía “sigue trabajando en la investigación y analizando los documentos del caso”, informó a LA PRENSA su portavoz, Yuri Mora.
Luego que el revelador informe de la Inspectoría General de la Policía saliera publicado en el diario estadounidense, el fin de semana circuló la noticia que se librarían las primeras órdenes de captura contra los policías implicados; sin embargo, el Ministerio Público desmintió la versión indicando que “por el momento no hay requerimientos fiscales”. LA PRENSA intentó llevar una reacción del fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla; sin embargo, una hora después, su jefe de comunicaciones se comunicó con el diario para aclarar que por el momento no había acusaciones en marcha.
“(Por ahora) no se descartan requerimientos fiscales y citar (a los implicados) para interrogatorios”, dijo de forma escueta el funcionario a la consulta de si se iban a librar órdenes de captura contra los señalados en el documento de inteligencia.
Miembros de la Comisión Especial de Depuración informaron que a pesar de que la publicación hace referencia a nombres concretos de oficiales implicados esperarán la información que remitan los operadores de justicia, los órganos de investigación y los órganos contralores del Estado para tomar las primeras decisiones con base en esa documentación.
El jueves anterior, los comisionados solicitaron información de los generales Félix Villanueva, actual director general de la Policía; Juan Carlos, el Tigre, Bonilla Valladares, José Ricardo Ramírez del Cid, Ramón Antonio Sabillón, Elder Madrid Guerra, Javier Leopoldo Flores Milla, Quintín Antonio Juárez, subdirector de la Policía; José Leandro Osorio y Héctor Iván Mejía Velásquez, actual jefe de Operaciones.
Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración, dijo que las instituciones del Estado que tengan información sobre los crímenes de González y Landaverde deben entregarlos a la Comisión, y sería deplorable que esos documentos hayan sido destruidos. “Vamos a esperar la información el martes (mañana), ojalá en la documentación que nos remitan las entidades venga algo referente a este informe que hizo público el New York Times. De no venir nada en el expediente seguramente debemos preguntar, a quien corresponda, si existen estos informes y dónde están”.
Los hechos
Según la publicación del diario, en julio de 2009, el narcotraficante Wilter Blanco, prófugo de la justicia y jefe del Cartel del Atlántico, quiso apropiarse de un cargamento de 143 kilos de coca que Emilio Fernández Rosa, conocido como Don H, tenía en una casa de La Mosquitia, en la costa del Caribe de Honduras.
“Blanco llamó al general de la Policía José Murillo López, orondo y con cara de bonachón, y le propuso un negocio. Si sus agentes conseguían la droga, se la compraría. Después de pedirle autorización al director general de la Policía, el general Salomón Escoto Salinas, Murillo López envió a 12 de sus hombres al lugar”.
No obstante, la información llegó a manos del zar antidrogas, Julián Arístides González, y unos días después encabezó un operativo que terminó con el arresto de los policías y el decomiso de la cocaína, misión que sería la sentencia de muerte para el jefe de la DLCN.
La publicación de NYT agrega que pocos meses después del decomiso de los 143 kilos de cocaína que dirigió el general González en la Mosquitia, el 29 de noviembre de 2009, Escoto Salinas entregó las llaves de su despacho en el Cuartel General de Casamata, para coordinar y planificar el asesinato del general González, reunión que fue grabada y fotografiada por una unidad de inteligencia de la propia Policía.
Después se celebró otra reunión en el mismo sitio, adonde los oficiales se repartieron los dólares pagados por Wilter Blanco, 20,000 de los cuales eran para los sicarios. Tras el reparto, Muñoz Licona, Ramírez del Cid y Murillo López llamaron a Blanco y le dijeron: “Esté pendiente de la noticia mañana, mañana haremos todo, esté pendiente, señor”.
Con base en este y otros relatos, el informe concluye que “al general Arístides González lo mandaron a matar dos directores generales de la Policía de Honduras que dirigieron la institución entre 2010 y 2013, los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid”.
Según la investigación de la propia Policía, ambos oficiales trabajaban para el Cartel del Atlántico y para el capo de la droga Wilter Blanco, junto con más de dos docenas de oficiales de diversos rangos.
“Recibieron la orden, organizaron el asesinato, lo ejecutaron y lo encubrieron e hicieron lo mismo con el político de la Democracia Cristiana Alfredo Landaverde, quien también había sido titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico”, indicó el renombrado diario.
El diario indica que el general de la Policía Salomón Escoto Salinas supo delas actividades de sus subordinados; pero no hizo nada y fue cómplice de los hechos. Sus dos sucesores al frente de la Policía, Juan Carlos Bonilla y Ramón Sabillón, quienes habían dirigido la Inspectoría General de la Policía que hizo los informes donde explicaban la cadena de responsabilidades en los asesinatos, recibieron y enviaron copias y órdenes de la Secretaría de Seguridad, dirigida entonces por el ministro Pompeyo Bonilla, de los documentos que implicaban a sus compañeros en los asesinatos y los señalaban como miembros del cartel del Atlántico.
Sin embargo, ninguno de ellos envió una copia al Ministerio Público para judicializar los casos.
Tras la publicación del prestigioso diario The New York Times que reveló que los asesinatos del general Julián Arístides González y el exasesor en Seguridad Alfredo Landaverde fueron ordenados por los exdirectores de la Policía José Luis Muñoz Licona y Ricardo Ramírez del Cid, el Ministerio Público informó ayer que ha comenzado a evaluar la información y no descartó emitir los correspondientes requerimientos fiscales.
Por lo pronto, la Fiscalía “sigue trabajando en la investigación y analizando los documentos del caso”, informó a LA PRENSA su portavoz, Yuri Mora.
Luego que el revelador informe de la Inspectoría General de la Policía saliera publicado en el diario estadounidense, el fin de semana circuló la noticia que se librarían las primeras órdenes de captura contra los policías implicados; sin embargo, el Ministerio Público desmintió la versión indicando que “por el momento no hay requerimientos fiscales”. LA PRENSA intentó llevar una reacción del fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla; sin embargo, una hora después, su jefe de comunicaciones se comunicó con el diario para aclarar que por el momento no había acusaciones en marcha.
“(Por ahora) no se descartan requerimientos fiscales y citar (a los implicados) para interrogatorios”, dijo de forma escueta el funcionario a la consulta de si se iban a librar órdenes de captura contra los señalados en el documento de inteligencia.
 Ricardo Ramírez del Cid
Exdirector general de la Policía Según la ficha del informe de la Inspectoría General de la Policía publicado por The New York Times, planificó y ordenó el asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González y del exasesor de seguridad Alfredo Landaverde, el primero por orden del capo de la droga Wilter Blanco. |
Miembros de la Comisión Especial de Depuración informaron que a pesar de que la publicación hace referencia a nombres concretos de oficiales implicados esperarán la información que remitan los operadores de justicia, los órganos de investigación y los órganos contralores del Estado para tomar las primeras decisiones con base en esa documentación.
El jueves anterior, los comisionados solicitaron información de los generales Félix Villanueva, actual director general de la Policía; Juan Carlos, el Tigre, Bonilla Valladares, José Ricardo Ramírez del Cid, Ramón Antonio Sabillón, Elder Madrid Guerra, Javier Leopoldo Flores Milla, Quintín Antonio Juárez, subdirector de la Policía; José Leandro Osorio y Héctor Iván Mejía Velásquez, actual jefe de Operaciones.
Omar Rivera, miembro de la Comisión de Depuración, dijo que las instituciones del Estado que tengan información sobre los crímenes de González y Landaverde deben entregarlos a la Comisión, y sería deplorable que esos documentos hayan sido destruidos. “Vamos a esperar la información el martes (mañana), ojalá en la documentación que nos remitan las entidades venga algo referente a este informe que hizo público el New York Times. De no venir nada en el expediente seguramente debemos preguntar, a quien corresponda, si existen estos informes y dónde están”.
| José Luis Muñoz Licona
Exdirector general de la Policía Según el informe de la Inspectoría General de la Policía publicado por el NYT, planificó y ordenó el asesinato del general Arístides González. Dirigió la reunión en la que se planificó el crimen, repartió el dinero y llamó a Wilter Blanco para informarle que al día siguiente se ejecutaría el plan. |
Los hechos
Según la publicación del diario, en julio de 2009, el narcotraficante Wilter Blanco, prófugo de la justicia y jefe del Cartel del Atlántico, quiso apropiarse de un cargamento de 143 kilos de coca que Emilio Fernández Rosa, conocido como Don H, tenía en una casa de La Mosquitia, en la costa del Caribe de Honduras.
“Blanco llamó al general de la Policía José Murillo López, orondo y con cara de bonachón, y le propuso un negocio. Si sus agentes conseguían la droga, se la compraría. Después de pedirle autorización al director general de la Policía, el general Salomón Escoto Salinas, Murillo López envió a 12 de sus hombres al lugar”.
No obstante, la información llegó a manos del zar antidrogas, Julián Arístides González, y unos días después encabezó un operativo que terminó con el arresto de los policías y el decomiso de la cocaína, misión que sería la sentencia de muerte para el jefe de la DLCN.
La publicación de NYT agrega que pocos meses después del decomiso de los 143 kilos de cocaína que dirigió el general González en la Mosquitia, el 29 de noviembre de 2009, Escoto Salinas entregó las llaves de su despacho en el Cuartel General de Casamata, para coordinar y planificar el asesinato del general González, reunión que fue grabada y fotografiada por una unidad de inteligencia de la propia Policía.
| Salomón Escoto Salinas
Exdirector general de la Policía Según el informe de Inteligencia de la Inspectoría publicado en el NYT, Escoto Salinas prestó su oficina en el Cuartel General de Casamata para planificar el asesinato del zar antidrogas. Supo del informe que implicaba a sus subordinados, pero lo ignoró y no hizo nada. |
Después se celebró otra reunión en el mismo sitio, adonde los oficiales se repartieron los dólares pagados por Wilter Blanco, 20,000 de los cuales eran para los sicarios. Tras el reparto, Muñoz Licona, Ramírez del Cid y Murillo López llamaron a Blanco y le dijeron: “Esté pendiente de la noticia mañana, mañana haremos todo, esté pendiente, señor”.
Con base en este y otros relatos, el informe concluye que “al general Arístides González lo mandaron a matar dos directores generales de la Policía de Honduras que dirigieron la institución entre 2010 y 2013, los generales José Luis Muñoz Licona y José Ricardo Ramírez del Cid”.
Según la investigación de la propia Policía, ambos oficiales trabajaban para el Cartel del Atlántico y para el capo de la droga Wilter Blanco, junto con más de dos docenas de oficiales de diversos rangos.
“Recibieron la orden, organizaron el asesinato, lo ejecutaron y lo encubrieron e hicieron lo mismo con el político de la Democracia Cristiana Alfredo Landaverde, quien también había sido titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico”, indicó el renombrado diario.
 José Francisco Murillo
Exdirector de la DNIC Según el informe de inteligencia publicado por el NYT, planificó con el capo Wilter Blanco un operativo ficticio para recuperar 143 kilos de cocaína en La Mosquitia que al final le costó la vida al zar antidrogas. Participó en la reunión en la que se planificó el asesinato de Arístides González. |
El diario indica que el general de la Policía Salomón Escoto Salinas supo delas actividades de sus subordinados; pero no hizo nada y fue cómplice de los hechos. Sus dos sucesores al frente de la Policía, Juan Carlos Bonilla y Ramón Sabillón, quienes habían dirigido la Inspectoría General de la Policía que hizo los informes donde explicaban la cadena de responsabilidades en los asesinatos, recibieron y enviaron copias y órdenes de la Secretaría de Seguridad, dirigida entonces por el ministro Pompeyo Bonilla, de los documentos que implicaban a sus compañeros en los asesinatos y los señalaban como miembros del cartel del Atlántico.
Sin embargo, ninguno de ellos envió una copia al Ministerio Público para judicializar los casos.
