Tegucigalpa, Honduras
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, juramentó en la tarde del martes a los tres comisionados que acompañarán el proceso de depuración Policial.
El mandatario tomó juramento a Vilma Morales, el pastor Alberto Solórzano y el representante de sociedad civil,Omar Rivera. A ellos se sumará un representante de la Iglesia Católica que será incorporado en las próximas horas y se unirá al ministro de Seguridad, Julián Pacheco, que coordina la comisión.
En el evento participaron miembros del servicio diplomático acreditado en el país, representantes del sector privado y de diferentes sectores del país que además escucharon los avances que ha tenido la depuración hasta el momento.
Sus perfiles
El pastor Solórzano es una respetable figura de la comunidad evangélica hondureña y latinoamericana y ha integrado diversas comisiones ad hoc, entre ellas la de compra de medicinas en el sector público; además, formó parte del consejo directivo que lideró en los últimos dos años el proceso de transformación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), del cual es miembro en representación de la Iglesia Evangélica.
Omar Rivera es un reconocido líder de opinión de 45 años y actualmente funge como coordinador de la APJ, una de las organizaciones que integran la coalición de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional Honduras.
Es ingeniero industrial egresado del Centro Universitario Regional del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y ha trabajado en los últimos años en temas de seguridad ciudadana y justicia y en diseño de políticas públicas.
Por su parte, Vilma Morales es actual miembro de la Comisión Interventora del Seguro Social, expresidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y expresidenta de la Corte Suprema de Justicia.
Las responsabilidades
La Ley de Emergencia para la Depuración Policial establece que la Comisión tendrá como atribuciones: determinar la idoneidad en el servicio, como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial, implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados, y remitir al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un hecho ilícito.
Además, deberá rendir informes trimestrales al Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo acerca de los avances y obstáculos del proceso de depuración policial.
