Tegucigalpa, Honduras.
Los tres valientes hondureños que acompañarán el proceso de depuración de la Policía Nacional son reconocidas y connotadas figuras de la sociedad civil y de las Iglesias que aceptaron el reto de formar parte de este histórico proceso de cambio y fortalecimiento del cuestionado estamento policial hondureño, informó ayer a LA PRENSA una fuente oficial.
A pesar que los nombres de los integrantes de la Comisión Especial de Depuración se ha mantenido en el más estricto secreto, LA PRENSA conoció en exclusiva que esta instancia sería conformada por Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia; el pastor Alberto Solórzano Salomón, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras y de la Alianza Evangélica Latina, y Omar Rivera, coordinadorde la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).
Inicialmente el Poder Ejecutivo invitó a un representante de la Iglesia Católica para que se incorporara como miembro de la comisión, pero hasta anoche no hubo respuesta, por lo que dicha instancia solamente quedaría integrada por los antes mencionados.
Sus perfiles
El pastor Solórzano es una respetable figura de la comunidad evangélica hondureña y latinoamericana y ha integrado diversas comisiones ad hoc, entre ellas la de compra de medicinas en el sector público; además, formó parte del consejo directivo que lideró en los últimos dos años el proceso de transformación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), del cual es miembro en representación de la Iglesia Evangélica.
Omar Rivera es un reconocido líder de opinión y actualmente funge como coordinador de la APJ, una de las organizaciones que integran la coalición de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional Honduras.
Omar Rivera ha trabajado en los últimos años en temas de seguridad ciudadana y justicia y en diseño de políticas públicas.
Vilma Morales es actual miembro de la Comisión Interventora del Seguro Social, expresidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y expresidenta del Poder Judicial.
Ayer se analizaba integrar a un cuarto miembro como apoyo técnico al grupo, que podría provenir también de la misma academia o de la sociedad civil; pero la idea es que la comisión sea lo más reducida posible para facilitar la toma de decisiones, indicó la fuente.
Según la ley, los notables acompañarán durante los próximos 12 meses al secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, en la riesgosa y difícil tarea de limpiar la institución policial carcomida por la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.
El presidente Hernández reconoció el fin de semana que esta tarea implica riesgos; sin embargo, comentó que “este es el momento de hacer patria y dejar los intereses personales y comodidades a un lado y establecer como prioridad los intereses del país”.
El gobernante dijo que este martes presentará formalmente al pueblo hondureño los comisionados que estarán al frente de la depuración, junto al secretario de Seguridad, Julián Pacheco, quien presidirá dicha instancia.
La Ley de Emergencia para la Depuración Policial establece que la Comisión tendrá como atribuciones: determinar la idoneidad en el servicio, como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial, implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados, y remitir al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un hecho ilícito.
Además, deberá rendir informes trimestrales al Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo acerca de los avances y obstáculos del proceso de depuración policial.
Consejo de Ministros
Con miras a facilitar el trabajo de los comisionados y acelerar la depuración, el Poder Ejecutivo aprobó anoche un decreto para la reestructuración de la Secretaría de Seguridad y la Policía. El anuncio lo hizo el asesor presidencial Ebal Díaz, luego de finalizar una reunión de Consejos de Ministros en Casa de Gobierno.
Según Díaz, esta medida se complementa con el decreto de emergencia de la depuración de la Policía Nacional, aprobado la semana pasada en el Congreso Nacional a propuesta del Presidente.
Decreto
En la aplicación de los artículos 59, 62, 245 y 255 y 293 de la Constitución de la República; 11, 22 , 99, 100, 117 y 119 de la Ley General de la Administración Pública y sus reformas mediante Decreto Legislativo 266-2013, DECRETA:
ARTÍCULO 1. Autorizar al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, para que proceda a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Seguridad y del Cuerpo Policial ejecutando un proceso de reestructuración, la cancelación de los acuerdos de los miembros de la Policía, incluyendo el personal auxiliar y civil, que no cumplan cualquiera de las condiciones establecidas en el decreto legislativo como en el presente decreto.Por ser la reestructuración causa de orden legal ajena a la voluntad del miembro de la Secretaría de Seguridad o de la Policía Nacional sujeto a la cancelación de su relación de prestación del servicio, a los sujetos de este proceso se les cancelarán los derechos que le correspondan.
Dentro del proceso de reestructuración el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Seguridad, en el caso de los sujetos de este proceso que soliciten su retiro voluntario, se procederá al reconocimiento y pago de los derechos y prestaciones sociales que por Ley les correspondan y sobre los cuales se podrá establecer convenios de pago.
Este beneficio sólo es aplicable si el solicitante no está o sea objeto de investigación formal o tenga denuncia por la supuesta comisión de actos reñidos con la moral, ética o que constituyan un delito que motive una justa causa de despido sin responsabilidad para el Estado.
Los tres valientes hondureños que acompañarán el proceso de depuración de la Policía Nacional son reconocidas y connotadas figuras de la sociedad civil y de las Iglesias que aceptaron el reto de formar parte de este histórico proceso de cambio y fortalecimiento del cuestionado estamento policial hondureño, informó ayer a LA PRENSA una fuente oficial.
A pesar que los nombres de los integrantes de la Comisión Especial de Depuración se ha mantenido en el más estricto secreto, LA PRENSA conoció en exclusiva que esta instancia sería conformada por Vilma Morales, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia; el pastor Alberto Solórzano Salomón, presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras y de la Alianza Evangélica Latina, y Omar Rivera, coordinadorde la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ).
Inicialmente el Poder Ejecutivo invitó a un representante de la Iglesia Católica para que se incorporara como miembro de la comisión, pero hasta anoche no hubo respuesta, por lo que dicha instancia solamente quedaría integrada por los antes mencionados.
 Vilma Morales, Omar Rivera y Alberto Solórzano serán presentados hoy por el presidente Hernández.
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El pastor Solórzano es una respetable figura de la comunidad evangélica hondureña y latinoamericana y ha integrado diversas comisiones ad hoc, entre ellas la de compra de medicinas en el sector público; además, formó parte del consejo directivo que lideró en los últimos dos años el proceso de transformación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), del cual es miembro en representación de la Iglesia Evangélica.
Omar Rivera es un reconocido líder de opinión y actualmente funge como coordinador de la APJ, una de las organizaciones que integran la coalición de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), capítulo de Transparencia Internacional Honduras.
Omar Rivera ha trabajado en los últimos años en temas de seguridad ciudadana y justicia y en diseño de políticas públicas.
Vilma Morales es actual miembro de la Comisión Interventora del Seguro Social, expresidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y expresidenta del Poder Judicial.
Ayer se analizaba integrar a un cuarto miembro como apoyo técnico al grupo, que podría provenir también de la misma academia o de la sociedad civil; pero la idea es que la comisión sea lo más reducida posible para facilitar la toma de decisiones, indicó la fuente.
Según la ley, los notables acompañarán durante los próximos 12 meses al secretario de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, en la riesgosa y difícil tarea de limpiar la institución policial carcomida por la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.
El presidente Hernández reconoció el fin de semana que esta tarea implica riesgos; sin embargo, comentó que “este es el momento de hacer patria y dejar los intereses personales y comodidades a un lado y establecer como prioridad los intereses del país”.
El gobernante dijo que este martes presentará formalmente al pueblo hondureño los comisionados que estarán al frente de la depuración, junto al secretario de Seguridad, Julián Pacheco, quien presidirá dicha instancia.
La Ley de Emergencia para la Depuración Policial establece que la Comisión tendrá como atribuciones: determinar la idoneidad en el servicio, como la confianza, capacidad, habilidad, aptitud, competencia, disposición y lealtad que debe poseer todo miembro de la carrera policial, implementar un mecanismo de seguimiento y supervisión de los procesos de los miembros de la Policía Nacional cancelados, y remitir al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas los expedientes de las personas canceladas por la supuesta comisión de un hecho ilícito.
Además, deberá rendir informes trimestrales al Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo acerca de los avances y obstáculos del proceso de depuración policial.
Consejo de Ministros
Con miras a facilitar el trabajo de los comisionados y acelerar la depuración, el Poder Ejecutivo aprobó anoche un decreto para la reestructuración de la Secretaría de Seguridad y la Policía. El anuncio lo hizo el asesor presidencial Ebal Díaz, luego de finalizar una reunión de Consejos de Ministros en Casa de Gobierno.
Según Díaz, esta medida se complementa con el decreto de emergencia de la depuración de la Policía Nacional, aprobado la semana pasada en el Congreso Nacional a propuesta del Presidente.
Decreto
En la aplicación de los artículos 59, 62, 245 y 255 y 293 de la Constitución de la República; 11, 22 , 99, 100, 117 y 119 de la Ley General de la Administración Pública y sus reformas mediante Decreto Legislativo 266-2013, DECRETA:
ARTÍCULO 1. Autorizar al Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, para que proceda a la reestructuración inmediata de la Secretaría de Seguridad y del Cuerpo Policial ejecutando un proceso de reestructuración, la cancelación de los acuerdos de los miembros de la Policía, incluyendo el personal auxiliar y civil, que no cumplan cualquiera de las condiciones establecidas en el decreto legislativo como en el presente decreto.Por ser la reestructuración causa de orden legal ajena a la voluntad del miembro de la Secretaría de Seguridad o de la Policía Nacional sujeto a la cancelación de su relación de prestación del servicio, a los sujetos de este proceso se les cancelarán los derechos que le correspondan.
Dentro del proceso de reestructuración el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Seguridad, en el caso de los sujetos de este proceso que soliciten su retiro voluntario, se procederá al reconocimiento y pago de los derechos y prestaciones sociales que por Ley les correspondan y sobre los cuales se podrá establecer convenios de pago.
Este beneficio sólo es aplicable si el solicitante no está o sea objeto de investigación formal o tenga denuncia por la supuesta comisión de actos reñidos con la moral, ética o que constituyan un delito que motive una justa causa de despido sin responsabilidad para el Estado.
