Tegucigalpa, Honduras
Los miembros de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) de la Organización de Estados Americanos (OEA) pospusieron su llegada a Honduras, fijada en principio para hoy, informó una fuente oficial.
La reprogramación del arribo a Tegucigalpa de los miembros de la Maccih fue notificada este lunes por el canciller hondureño, Arturo Corrales.
El retorno de la Maccih para iniciar sus labores en Honduras, después de haber sido presentada en febrero pasado, fue fijado para 'entre el jueves y viernes' próximos, indicó Corrales a medios locales hondureños desde Washington, donde cumple una visita oficial que concluirá el miércoles.
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, había anunciado en la víspera que el retorno del grupo de trabajo de la OEA, que preside el ex primer ministro peruano Juan Jiménez, se produciría este lunes.
El convenio para la Maccih fue firmado en enero pasado en Washington por el presidente hondureño y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
El canciller explicó que la misión de la OEA apoyará las investigaciones de los asesinatos de la ambientalista Berta Cáceres, en marzo pasado, y del zar hondureño antidrogas, Julián Arístides González, en 2009.
'Sus miembros se reunirán con las distintas agencias involucradas en la investigación para determinar la modalidad más adecuada de apoyo' sobre el crimen de la líder ambientalista, señaló.
Cáceres, quien además era coordinadora general del Comité Cívico del Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada en su casa, en la ciudad de La Esperanza, occidente de Honduras, el 2 de marzo pasado, sin que se conozca hasta ahora a los autores intelectuales y materiales del crimen.
El jefe de la diplomacia hondureña apuntó que el grupo de trabajo de la OEA asistirá y colaborará en el proceso de depuración de la Policía Nacional iniciado en 2011 tras la implicación de agentes y oficiales en asesinatos y otros crímenes.
La corrupción y el crimen han salpicado a la Policía hondureña desde hace varios años, pero hasta ahora los intentos por depurar la institución han fracasado por falta de voluntad al más alto nivel, según analistas locales.
El presidente hondureño sancionó el viernes un decreto aprobado un día anterior por el Parlamento de su país que declara como emergencia la depuración de la Policía tras la supuesta implicación de agentes y oficiales en el asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González, el exasesor antidrogas, Alfredo Landaverde y el fiscal Orlan Chávez, entre 2009 y 2013.
El asesinato de González, un militar de carrera, habría sido planificado en noviembre 2009 por la cúpula de la Policía y mandos intermedios a petición de un narcotraficante, y por cuyo crimen hasta ahora nadie ha sido enjuiciado en Honduras, según el informe de prensa.
