Tegucigalpa, Honduras.
Con la entrada en vigor de la Ley de Emergencia para la Depuración Policial aprobada por el Congreso Nacional, el presidente Juan Orlando Hernández anunciará mañana martes los nombres de los tres miembros de la comisión especial que se encargará de esta delicada tarea por los próximos 12 meses.
Una vez nombrados por el gobernante, los notables comenzarán inmediatamente sus funciones organizativas para luego dar paso a la revisión de los expedientes de los oficiales y agentes sobre los cuales hay informes e indicios de estar involucrados en actividades ilícitas y otras faltas graves que ameritan su expulsión del estamento policial.
Se conoció que en una primera etapa se prevé la expulsión de al menos 1,400 policías, para lo cual el Gobierno erogará entre 300 y 500 millones de lempiras en pago de derechos laborales.
Hasta ayer los nombres de los juristas que conformarán esta instancia se manejaban en estricto hermetismo, pero anoche el jefe de Gobierno reveló en el programa 30/30 que se trata de tres hombres, de los cuales ya tiene respuesta positiva de dos y solo está esperando la respuesta del tercer integrante, “porque sé que no es una decisión fácil, deben de consultarlo con su familia”.
Además, informó que se considera estructurar un equipo académico y técnico que le dé soporte a todo este proceso.
LA PRENSA conoció que se considera la posible incorporación de un representante de la sociedad civil, concretamente de una reconocida organización no gubernamental que trabaja en el campo de combate a la corrupción e incidencia en aspectos de seguridad.
Lista de depurados
El fin de semana, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, adelantó que ya se cuenta con una base de datos que servirá como punto de partida para crear la lista de oficiales y agentes que serán separados en aplicación del decreto de depuración.
Pacheco aseguró que los hondureños podrán ver los primeros resultados de esta operación de limpieza en los próximos 30 días.
La ley faculta al secretario de Seguridad a cancelar de inmediato la relación laboral con cualquiera de los miembros de la carrera policial en las decisiones adoptadas en el proceso de depuración con la única responsabilidad de pagar los derechos que conforme a la legislación corresponda.
En el caso de retiro voluntario se procederá al pago de derechos laborales y prestaciones sociales siempre que el solicitante no sea objeto de investigación formal o tenga denuncia por la supuesta comisión de un delito, para los cuales establecerán convenios de pago.
La “falta de idoneidad y la pérdida de confianza” es suficiente y justo motivo para el despido.
Cerrarán Casamata
El presidente Hernández también anunció el cierre y destrucción del cuartel policial de Casamata, símbolo del abuso y decadente poder policial, para levantar en ese sitio un megaparque que sirva de espacio para la diversión y que lleve el nombre Julián Arístides González.
Amplió que la depuración de la Policía será en un plano transversal y que se utilizarán todas las formas jurídicas existentes porque se busca que las personas que han sido separadas no sean reintegradas en el futuro y encima se les deba pagar salarios caídos.
Explicó que tampoco se busca que una persona, por muy honesta que sea, pero no ofrezca los resultados que el país necesita, permanezca en su puesto porque entonces se está haciendo lo mismo.
Calculó que en un periodo de un año, entre abril de 2016 y abril de 2017, se habrá cumplido gran parte de la hoja de ruta que requiere el proceso de depuración.
Hernández agregó que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih ) no solo investigará a esta institución, sino también a los operadores de justicia.
Adelantó que por ahora ya existe una base de datos en la que se cree que hay unos 1,400 efectivos de la Policía que van a dejar sus cargos por distintas razones; solo se estaba a la espera del nuevo orden legal, más el decreto de reestructuración.
Con la entrada en vigor de la Ley de Emergencia para la Depuración Policial aprobada por el Congreso Nacional, el presidente Juan Orlando Hernández anunciará mañana martes los nombres de los tres miembros de la comisión especial que se encargará de esta delicada tarea por los próximos 12 meses.
Una vez nombrados por el gobernante, los notables comenzarán inmediatamente sus funciones organizativas para luego dar paso a la revisión de los expedientes de los oficiales y agentes sobre los cuales hay informes e indicios de estar involucrados en actividades ilícitas y otras faltas graves que ameritan su expulsión del estamento policial.
Se conoció que en una primera etapa se prevé la expulsión de al menos 1,400 policías, para lo cual el Gobierno erogará entre 300 y 500 millones de lempiras en pago de derechos laborales.
Hasta ayer los nombres de los juristas que conformarán esta instancia se manejaban en estricto hermetismo, pero anoche el jefe de Gobierno reveló en el programa 30/30 que se trata de tres hombres, de los cuales ya tiene respuesta positiva de dos y solo está esperando la respuesta del tercer integrante, “porque sé que no es una decisión fácil, deben de consultarlo con su familia”.
Además, informó que se considera estructurar un equipo académico y técnico que le dé soporte a todo este proceso.
LA PRENSA conoció que se considera la posible incorporación de un representante de la sociedad civil, concretamente de una reconocida organización no gubernamental que trabaja en el campo de combate a la corrupción e incidencia en aspectos de seguridad.
Lista de depurados
El fin de semana, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, adelantó que ya se cuenta con una base de datos que servirá como punto de partida para crear la lista de oficiales y agentes que serán separados en aplicación del decreto de depuración.
Pacheco aseguró que los hondureños podrán ver los primeros resultados de esta operación de limpieza en los próximos 30 días.
La ley faculta al secretario de Seguridad a cancelar de inmediato la relación laboral con cualquiera de los miembros de la carrera policial en las decisiones adoptadas en el proceso de depuración con la única responsabilidad de pagar los derechos que conforme a la legislación corresponda.
En el caso de retiro voluntario se procederá al pago de derechos laborales y prestaciones sociales siempre que el solicitante no sea objeto de investigación formal o tenga denuncia por la supuesta comisión de un delito, para los cuales establecerán convenios de pago.
La “falta de idoneidad y la pérdida de confianza” es suficiente y justo motivo para el despido.
Cerrarán Casamata
El presidente Hernández también anunció el cierre y destrucción del cuartel policial de Casamata, símbolo del abuso y decadente poder policial, para levantar en ese sitio un megaparque que sirva de espacio para la diversión y que lleve el nombre Julián Arístides González.
Amplió que la depuración de la Policía será en un plano transversal y que se utilizarán todas las formas jurídicas existentes porque se busca que las personas que han sido separadas no sean reintegradas en el futuro y encima se les deba pagar salarios caídos.
Explicó que tampoco se busca que una persona, por muy honesta que sea, pero no ofrezca los resultados que el país necesita, permanezca en su puesto porque entonces se está haciendo lo mismo.
Calculó que en un periodo de un año, entre abril de 2016 y abril de 2017, se habrá cumplido gran parte de la hoja de ruta que requiere el proceso de depuración.
Hernández agregó que la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih ) no solo investigará a esta institución, sino también a los operadores de justicia.
Adelantó que por ahora ya existe una base de datos en la que se cree que hay unos 1,400 efectivos de la Policía que van a dejar sus cargos por distintas razones; solo se estaba a la espera del nuevo orden legal, más el decreto de reestructuración.
