Tegucigalpa, Honduras.
Al menos, cinco ministros y seis cúpulas policiales que pasaron por la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional desde que ocurrieron los asesinatos del zar antidrogas Julián Arístides González, el exasesor de seguridad Alfredo Landaverde y el fiscal especial de Privación de Dominio Orlan Chávez, deberán rendir cuentas ante los órganos competentes en torno a la implicación de policías en estos hechos criminales.
El informe de la Inspectoría General de la Policía Nacional que trascendió esta semana y que involucra a altos jerarcas policiales, oficiales de menor rango y agentes de la escala básica en los asesinatos de González, Landaverde y Chávez volvió a sacar la podredumbre existente en la institución policial y evidenció el rotundo fracaso del proceso de depuración policial que arrancó en diciembre de 2011 tras la crisis de octubre de ese año.
Frente a esos hechos deleznables cometidos por agentes de seguridad del Estado, diversos sectores de la sociedad hondureña se pronunciaron ayer y demandaron una profunda limpieza de la institución policial, la interpelación de todos los ministros y jefes policiales que fungieron en ese oscuro periodo y el reemplazo por un nuevo estamento policial.
Expertos y juristas consultados por Diario LA PRENSA sobre los últimos acontecimientos que han sacudido los cimientos de la Policía, coincidieron en que hubo negligencia, complicidad y en algunos casos temor de actuar contra los oficiales y agentes que fraguaron y ejecutaron los asesinatos de estas prominentes figuras del país.
El asesinato del
zar antidrogas Julián Arístides González fue perpetrado el 8 de diciembre de 2009, cuando fungía Jorge Rodas Gamero como ministro de Seguridad y Salomón Escoto Salinas como director general de la Policía. A pesar de que el crimen provocó una conmoción nacional y hubo promesas de las autoridades del Ministerio Público y la Policía de resolver el caso en el menor tiempo posible y buscar a los asesinos hasta debajo de las piedras, esto en la práctica no sucedió y siete años después continúa impune.
A estos funcionarios los reemplazaron Óscar Álvarez en la titularidad de Seguridad y José Luis Muñoz Licona en la dirección general del estamento policial, y muy poco se avanzó en la investigación y castigo de los responsables.
Luego, el 7 de diciembre de 2011, ocurrió el asesinato de Alfredo Landaverde durante la gestión de Pompeyo Bonilla y el comisionado general Ricardo Ramírez del Cid, a quien el exasesor en materia de seguridad cuestionó públicamente en un programa de televisión. A estos le siguieron en la dirección de la Policía los comisionados Juan Carlos el “Tigre” Bonilla y posteriormente Ramón Antonio Sabillón, quien asume en diciembre de 2013 con Pompeyo Bonilla y prosigue luego bajo la gestión de Arturo Corrales en la titularidad de Seguridad.
El 19 de noviembre de 2014, Sabillón deja el cargo y es sustituido por Félix Villanueva al final de la gestión de Corrales, y hoy continúa como jefe policial con Julián Pacheco Tinoco.
Desde el asesinato de González han pasado cerca de siete años y el caso continúa impune, al igual que el de Orlan Chávez y Alfredo Landaverde, por cuya muerte solo hay una persona en la cárcel.
Aterrador
Andrés Urtecho Jeamborde, exjefe de la Policía, cuestionó que los ministros y directores que fungieron durante este periodo desconozcan lo que ocurría al interior de la institución y que no estuvieran al tanto de los abusos de sus subordinados.
Calificó de “aterrador” el informe que implica a mandos policiales, oficiales y agentes en los asesinatos de esas tres prominentes figuras públicas, y en ese sentido dijo que “los directores y los ministros de la Secretaría de Seguridad deben dar las explicaciones del caso”.
Aseveró que el zar antidrogas era un alto funcionario del Estado y por su investidura es bastante improbable que los jefes policiales desconocieran las investigaciones que se hicieron en torno a su asesinato.
“El informe que salió a la luz pública se elaboró en menos de 21 días y fue bastante eficiente, por tanto deberán rendir cuentas los ministros y los directores del por qué ellos no conocieron ese informe, y será la autoridad correspondiente la que los llame a declarar a fin de que expliquen lo que pasó”, indicó. Hilda Caldera, esposa de Alfredo Landaverde, consideró que todos los directores de la Policía, desde Salomón Escoto Salinas hasta Félix Villanueva, deben ser interpelados por el Ministerio Público porque no actuaron frente a estos crímenes.
Al menos, cinco ministros y seis cúpulas policiales que pasaron por la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional desde que ocurrieron los asesinatos del zar antidrogas Julián Arístides González, el exasesor de seguridad Alfredo Landaverde y el fiscal especial de Privación de Dominio Orlan Chávez, deberán rendir cuentas ante los órganos competentes en torno a la implicación de policías en estos hechos criminales.
El informe de la Inspectoría General de la Policía Nacional que trascendió esta semana y que involucra a altos jerarcas policiales, oficiales de menor rango y agentes de la escala básica en los asesinatos de González, Landaverde y Chávez volvió a sacar la podredumbre existente en la institución policial y evidenció el rotundo fracaso del proceso de depuración policial que arrancó en diciembre de 2011 tras la crisis de octubre de ese año.
Frente a esos hechos deleznables cometidos por agentes de seguridad del Estado, diversos sectores de la sociedad hondureña se pronunciaron ayer y demandaron una profunda limpieza de la institución policial, la interpelación de todos los ministros y jefes policiales que fungieron en ese oscuro periodo y el reemplazo por un nuevo estamento policial.
Expertos y juristas consultados por Diario LA PRENSA sobre los últimos acontecimientos que han sacudido los cimientos de la Policía, coincidieron en que hubo negligencia, complicidad y en algunos casos temor de actuar contra los oficiales y agentes que fraguaron y ejecutaron los asesinatos de estas prominentes figuras del país.
 Óscar Álvarez como ministro de Seguridad y la cúpula policial de ese entonces.
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A estos funcionarios los reemplazaron Óscar Álvarez en la titularidad de Seguridad y José Luis Muñoz Licona en la dirección general del estamento policial, y muy poco se avanzó en la investigación y castigo de los responsables.
Luego, el 7 de diciembre de 2011, ocurrió el asesinato de Alfredo Landaverde durante la gestión de Pompeyo Bonilla y el comisionado general Ricardo Ramírez del Cid, a quien el exasesor en materia de seguridad cuestionó públicamente en un programa de televisión. A estos le siguieron en la dirección de la Policía los comisionados Juan Carlos el “Tigre” Bonilla y posteriormente Ramón Antonio Sabillón, quien asume en diciembre de 2013 con Pompeyo Bonilla y prosigue luego bajo la gestión de Arturo Corrales en la titularidad de Seguridad.
El 19 de noviembre de 2014, Sabillón deja el cargo y es sustituido por Félix Villanueva al final de la gestión de Corrales, y hoy continúa como jefe policial con Julián Pacheco Tinoco.
Desde el asesinato de González han pasado cerca de siete años y el caso continúa impune, al igual que el de Orlan Chávez y Alfredo Landaverde, por cuya muerte solo hay una persona en la cárcel.
 Arturo Corrales, exministro de Seguridad, y la cúpula policial que estaba cuando él era titular en esa secretaría.
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Andrés Urtecho Jeamborde, exjefe de la Policía, cuestionó que los ministros y directores que fungieron durante este periodo desconozcan lo que ocurría al interior de la institución y que no estuvieran al tanto de los abusos de sus subordinados.
Calificó de “aterrador” el informe que implica a mandos policiales, oficiales y agentes en los asesinatos de esas tres prominentes figuras públicas, y en ese sentido dijo que “los directores y los ministros de la Secretaría de Seguridad deben dar las explicaciones del caso”.
Aseveró que el zar antidrogas era un alto funcionario del Estado y por su investidura es bastante improbable que los jefes policiales desconocieran las investigaciones que se hicieron en torno a su asesinato.
“El informe que salió a la luz pública se elaboró en menos de 21 días y fue bastante eficiente, por tanto deberán rendir cuentas los ministros y los directores del por qué ellos no conocieron ese informe, y será la autoridad correspondiente la que los llame a declarar a fin de que expliquen lo que pasó”, indicó. Hilda Caldera, esposa de Alfredo Landaverde, consideró que todos los directores de la Policía, desde Salomón Escoto Salinas hasta Félix Villanueva, deben ser interpelados por el Ministerio Público porque no actuaron frente a estos crímenes.
Por su parte, Ramón Custodio, excomisionado nacional de los Derechos Humanos, comentó que es un acto de justicia encontrar a los responsables de estos asesinatos y es necesario presentar todas las evidencias ante las autoridades competentes para que las personas señaladas en el caso respondan por esos hechos.
Recordó que el extitular de la DLCN acudió ante él para ponerlo al tanto de ataques en su contra por haber descubierto la implicación de agentes del Estado en hechos delictivos, lo que al final derivó en su asesinato por parte de policías.
“El resultado es que lo mandaron asesinar y que quienes montaron el operativo de este crimen deleznable fueron autoridades con uniforme y recursos de la Policía hondureña”, agregó.
A juicio del ex-ombudsman, la cúpula policial y los subalternos han estado metidos en actividades ilícitas que atentan contra la seguridad del Estado. Consideró que posiblemente el miedo les impidió actuar a los ministros y directores.
