Tegucigalpa, Honduras.
La participación de oficiales y policías en la ejecución de al menos tres crímenes de alto impacto en Honduras es investigada por el Ministerio Público y por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
Este organismo tiene además 30 expedientes que vinculan a uniformados con otras muertes ocurridas en la última década en el país.
En esos expedientes aparecen nombres de oficiales de policía, mandos intermedios y miembros de la escala básica que operaban como parte de una red criminal que se encargaba de planificar, vigilar y ejecutar asesinatos ordenados por miembros del crimen organizado.
Los informes fueron elaborados por agentes de inteligencia y otras unidades de investigación del Ministerio Público y la Policía y revelan la participación de altos oficiales que tenían contactos directos con los criminales.
“La misión era eliminar todo aquel personaje que obstruyera las operaciones ilícitas”, dijo uno de los agentes que participó en uno de los informes. En la lista de crímenes ejecutados desde el interior de la Policía figuran los casos del exzar antidrogas Julián Arístides González, el exasesor de la Secretaría de Seguridad Alfredo Landaverde y el Fiscal de Oro, Orlan Chávez. Hay otros casos que se investigan para comprobar si esos crímenes tienen el sello policial.
Investigaciones
El Ministerio Público tiene importantes pruebas en los crímenes de alto impacto, entre ellas las declaraciones de testigos que han aportado elementos sobre la identidad de los autores intelectuales en el caso de Alfredo Landaverde, cuyo informe establece que un comisionado general dio la orden de asesinarlo.
“Se tomaron recientemente declaraciones de testigos protegidos que dan luces claras de la identidad de los autores intelectuales donde se vincula a un comisionado general de policía.
Los señalamientos de la participación de policías en asesinatos de alto impacto ha generado que la DIECP abra también una investigación de los hechos.
“Hemos decidido abrir investigaciones que tienen relevancia y que son casos emblemáticos a los cuales no se les había dado la importancia debida.
Estamos agilizando investigaciones, retomamos la del general Julián Arístides González, la del Fiscal de Oro Orlan Chávez, así como la del e xperto antidroga Alfredo Landaverde”, dijo Oscar Vásquez, director de la DIECP.
Las denuncias han llegado de manera anónima y revelan el involucramiento de oficiales en supuestas ejecuciones extrajudiciales.
“Hay un número de 25 a 30 expedientes que estamos investigando. Son una serie de acciones que si se enumeran y se miden en cuanto a relevancia y tipo de personas involucradas, estamos impulsando acciones, estamos supervisando, de modo que el investigador dé cuentas de las asignaciones de los casos que no deben quedar impunes”, dijo el funcionario.
La participación de oficiales y policías en la ejecución de al menos tres crímenes de alto impacto en Honduras es investigada por el Ministerio Público y por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP).
Este organismo tiene además 30 expedientes que vinculan a uniformados con otras muertes ocurridas en la última década en el país.
En esos expedientes aparecen nombres de oficiales de policía, mandos intermedios y miembros de la escala básica que operaban como parte de una red criminal que se encargaba de planificar, vigilar y ejecutar asesinatos ordenados por miembros del crimen organizado.
Los informes fueron elaborados por agentes de inteligencia y otras unidades de investigación del Ministerio Público y la Policía y revelan la participación de altos oficiales que tenían contactos directos con los criminales.
“La misión era eliminar todo aquel personaje que obstruyera las operaciones ilícitas”, dijo uno de los agentes que participó en uno de los informes. En la lista de crímenes ejecutados desde el interior de la Policía figuran los casos del exzar antidrogas Julián Arístides González, el exasesor de la Secretaría de Seguridad Alfredo Landaverde y el Fiscal de Oro, Orlan Chávez. Hay otros casos que se investigan para comprobar si esos crímenes tienen el sello policial.
Investigaciones
El Ministerio Público tiene importantes pruebas en los crímenes de alto impacto, entre ellas las declaraciones de testigos que han aportado elementos sobre la identidad de los autores intelectuales en el caso de Alfredo Landaverde, cuyo informe establece que un comisionado general dio la orden de asesinarlo.
“Se tomaron recientemente declaraciones de testigos protegidos que dan luces claras de la identidad de los autores intelectuales donde se vincula a un comisionado general de policía.
Los señalamientos de la participación de policías en asesinatos de alto impacto ha generado que la DIECP abra también una investigación de los hechos.
“Hemos decidido abrir investigaciones que tienen relevancia y que son casos emblemáticos a los cuales no se les había dado la importancia debida.
Estamos agilizando investigaciones, retomamos la del general Julián Arístides González, la del Fiscal de Oro Orlan Chávez, así como la del e xperto antidroga Alfredo Landaverde”, dijo Oscar Vásquez, director de la DIECP.
Las denuncias han llegado de manera anónima y revelan el involucramiento de oficiales en supuestas ejecuciones extrajudiciales.
“Hay un número de 25 a 30 expedientes que estamos investigando. Son una serie de acciones que si se enumeran y se miden en cuanto a relevancia y tipo de personas involucradas, estamos impulsando acciones, estamos supervisando, de modo que el investigador dé cuentas de las asignaciones de los casos que no deben quedar impunes”, dijo el funcionario.
