Tegucigalpa, Honduras.
Un comisionado general de policía ordenó a seis oficiales y dos agentes que operaban bajo sus órdenes asesinar a Alfredo Landaverde.
Así lo establece un informe en poder de la Inspectoría de la Policía Nacional relacionado con el asesinato del analista en seguridad y exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico.
El ataque contra Landaverde se perpetró en horas de la mañana el 7 de diciembre de 2011 en la capital.
La planeación
Para que el crimen fuera perfecto, el alto jerarca policial le encomendó a un subcomisario que vigilara los movimientos de Landaverde.
El oficial le dio seguimiento a la víctima durante dos semanas antes de que diesen la orden de ejecutar el atentado.
El experto policía recorría a diario la zona de El Chimbo, en Santa Lucía, para monitorear las horas en que Landaverde entraba y salía de su residencia, ubicada en el pintoresco municipio de Francisco Morazán.
Los “gatilleros”
El día del crimen, este subcomisario fue “el bandera” que alertó al oficial que dirigía el ataque sobre el lugar idóneo en que este se debía materializar.
El oficial, experto en sicariato, le encomendó la misión de disparar a un policía que formó parte del contingente que asesinó a Julián Arístides González, conocido como el zar antidrogas, en diciembre de 2009.
El “policía gatillero” reclutó al civil Melvin Noel Andino Mascareño (24), quien era su amigo personal y que por este hecho fue condenado en agosto de 2015 a una pena de 22 años de reclusión.
Para no dejar nada al azar, horas antes del crimen se registraron cambios en la posta policial de la colonia San Miguel en Tegucigalpa, con el objetivo de que los oficiales que eran parte del plan estuvieran cerca de la escena.
Minutos antes de las 10:00 am, la alerta se giró. Landaverde venía saliendo de El Chimbo y todos tomaron posiciones.
Ejecutores, banderas y observadores estaban listos.
El ataque
Justo cuando estaban a la altura del semáforo ubicado en la intersección de las colonias San Miguel y 21 de Octubre, ejecutaron el ataque.
El policía que mató a Julián y Andino interceptaron a sus víctimas.
Se acercaron al vehículo Kía Río, con placas PCM 5011, color gris y les dispararon a sus ocupantes.
Tres de los impactos cegaron la vida de Landavarde y uno hirió en el brazo a Hilda Caldera, su esposa.
Tras disparar en ocho ocasiones, los atacantes huyeron del lugar.
En la escena se encontraron casquillos de arma calibre nueve milímetros.
Declaraciones polémicas
Fueron segundos los que duró el atentado, los suficientes para acabar con la vida de un hombre que se caracterizó por decir la verdad, por señalar que los operadores de justicia estaban involucrados con el crimen organizado.
En sus últimas declaraciones, Landaverde expresó que la institución policial, estaba salpicada por robos y crímenes, por lo que debería ser sacudida a la “brevedad posible”.
Pese a que el informe investigativo fue entregado a la Inspectoría General de la Policía Nacional, ninguno de los directores policiales que desde 2011 estuvieron al frente de la institución policial retomaron el caso para deducir responsabilidades a los involucrados en el crimen.
Un comisionado general de policía ordenó a seis oficiales y dos agentes que operaban bajo sus órdenes asesinar a Alfredo Landaverde.
Así lo establece un informe en poder de la Inspectoría de la Policía Nacional relacionado con el asesinato del analista en seguridad y exsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico.
El ataque contra Landaverde se perpetró en horas de la mañana el 7 de diciembre de 2011 en la capital.
La planeación
Para que el crimen fuera perfecto, el alto jerarca policial le encomendó a un subcomisario que vigilara los movimientos de Landaverde.
El oficial le dio seguimiento a la víctima durante dos semanas antes de que diesen la orden de ejecutar el atentado.
El experto policía recorría a diario la zona de El Chimbo, en Santa Lucía, para monitorear las horas en que Landaverde entraba y salía de su residencia, ubicada en el pintoresco municipio de Francisco Morazán.
 En poder de la Inspectoría de la Policía figura el informe donde se detalla quiénes son los autores intelectuales y materiales del crimen de Landaverde.
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El día del crimen, este subcomisario fue “el bandera” que alertó al oficial que dirigía el ataque sobre el lugar idóneo en que este se debía materializar.
El oficial, experto en sicariato, le encomendó la misión de disparar a un policía que formó parte del contingente que asesinó a Julián Arístides González, conocido como el zar antidrogas, en diciembre de 2009.
El “policía gatillero” reclutó al civil Melvin Noel Andino Mascareño (24), quien era su amigo personal y que por este hecho fue condenado en agosto de 2015 a una pena de 22 años de reclusión.
 El 7 de diciembre de 2011 dos hombres en moto mataron a Landaverde en la colonia 21 de octubre de Tegucigalpa.
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Minutos antes de las 10:00 am, la alerta se giró. Landaverde venía saliendo de El Chimbo y todos tomaron posiciones.
Ejecutores, banderas y observadores estaban listos.
El ataque
Justo cuando estaban a la altura del semáforo ubicado en la intersección de las colonias San Miguel y 21 de Octubre, ejecutaron el ataque.
El policía que mató a Julián y Andino interceptaron a sus víctimas.
Se acercaron al vehículo Kía Río, con placas PCM 5011, color gris y les dispararon a sus ocupantes.
Tres de los impactos cegaron la vida de Landavarde y uno hirió en el brazo a Hilda Caldera, su esposa.
Tras disparar en ocho ocasiones, los atacantes huyeron del lugar.
En la escena se encontraron casquillos de arma calibre nueve milímetros.
 Melvin Noel Andino Mascareño fue sentenciado por el asesinato de Landaverde.
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Fueron segundos los que duró el atentado, los suficientes para acabar con la vida de un hombre que se caracterizó por decir la verdad, por señalar que los operadores de justicia estaban involucrados con el crimen organizado.
En sus últimas declaraciones, Landaverde expresó que la institución policial, estaba salpicada por robos y crímenes, por lo que debería ser sacudida a la “brevedad posible”.
Pese a que el informe investigativo fue entregado a la Inspectoría General de la Policía Nacional, ninguno de los directores policiales que desde 2011 estuvieron al frente de la institución policial retomaron el caso para deducir responsabilidades a los involucrados en el crimen.
