Tegucigalpa, Honduras.
El Congreso Nacional aprobará esta semana en su tercer y último debate la Ley de Responsabilidad Fiscal que, entre otras cosas, considera que el titular de cualquier institución del Estado que se exceda en el gasto de su asignación presupuestaria será destituido inmediatamente y quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por los siguientes diez años.
Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la transparencia en la gestión pública y lograr solvencia fiscal sostenible en el tiempo.
Además, está orientada a evitar que el país vuelva a caer en situaciones de alto déficit en el gasto corriente, como ocurrió entre los años 2009 y 2013, cuando el presidente de ese entonces, Manuel Zelaya Rosales, disparó los niveles del gasto público y se negó a enviar el proyecto de presupuesto al Congreso Nacional.
El prosecretario del legislativo, Tomás Zambrano, informó que esta iniciativa de 33 artículos será retomada en su tercer debate este martes y una vez aprobada se enviará al Poder Ejecutivo para la sanción presidencial.
En el capítulo relacionado con las sanciones, la legislación dice que la violación a las disposiciones generales del presupuesto, cuando no estén penadas específicamente, serán sancionadas con multas que van desde tres hasta 30 salarios mínimos
Las sanciones a los infractores las impondrá la Procuraduría General de la República (PGR) con base en el procedimiento administrativo que aplique el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y de acuerdo con su gravedad, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar.
“Todo servidor público del Gobierno, desconcentrado y descentralizado responsable en el manejo de su asignación presupuestaria aprobada que se exceda en el gasto del mismo, será causal suficiente para su destitución, quedando impedido de continuar en el ejercicio de su cargo mientras se sustancia el proceso para su inhabilitación a ejercer un cargo público por el término de diez años, sin perjuicio de las acciones que puedan entablar los órganos contralores del Estado”, cita en su artículo 24.
La ley plantea que el presupuesto general las disposiciones presupuestarias, las modificaciones y la ejecución presupuestaria del sector público, deberán sujetarse a una serie de reglas.
El Congreso Nacional aprobará esta semana en su tercer y último debate la Ley de Responsabilidad Fiscal que, entre otras cosas, considera que el titular de cualquier institución del Estado que se exceda en el gasto de su asignación presupuestaria será destituido inmediatamente y quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por los siguientes diez años.
Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar la transparencia en la gestión pública y lograr solvencia fiscal sostenible en el tiempo.
Además, está orientada a evitar que el país vuelva a caer en situaciones de alto déficit en el gasto corriente, como ocurrió entre los años 2009 y 2013, cuando el presidente de ese entonces, Manuel Zelaya Rosales, disparó los niveles del gasto público y se negó a enviar el proyecto de presupuesto al Congreso Nacional.
El prosecretario del legislativo, Tomás Zambrano, informó que esta iniciativa de 33 artículos será retomada en su tercer debate este martes y una vez aprobada se enviará al Poder Ejecutivo para la sanción presidencial.
En el capítulo relacionado con las sanciones, la legislación dice que la violación a las disposiciones generales del presupuesto, cuando no estén penadas específicamente, serán sancionadas con multas que van desde tres hasta 30 salarios mínimos
Las sanciones a los infractores las impondrá la Procuraduría General de la República (PGR) con base en el procedimiento administrativo que aplique el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y de acuerdo con su gravedad, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiere lugar.
“Todo servidor público del Gobierno, desconcentrado y descentralizado responsable en el manejo de su asignación presupuestaria aprobada que se exceda en el gasto del mismo, será causal suficiente para su destitución, quedando impedido de continuar en el ejercicio de su cargo mientras se sustancia el proceso para su inhabilitación a ejercer un cargo público por el término de diez años, sin perjuicio de las acciones que puedan entablar los órganos contralores del Estado”, cita en su artículo 24.
La ley plantea que el presupuesto general las disposiciones presupuestarias, las modificaciones y la ejecución presupuestaria del sector público, deberán sujetarse a una serie de reglas.
