Ante la negativa de la Secretaría de Seguridad de entregar el informe sobre el crimen de Julián Arístides González, titular de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, autoridades del Ministerio Público intervinieron anoche la sede de la Policía Nacional en Casamata.
Los fiscales llegaron acompañados por miembros de la Policía Militar y de la Agencia Técnica de Investigaciones Criminales
(Atic) y hasta cercaron la entrada con cinta amarilla.
Una hora antes de esa acción, el Ministerio Público informó que un equipo fiscal asignado a la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), acompañados por Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), habían ido por la mañana al despacho del Ministro de Seguridad, con el objetivo de requerir la entrega inmediata del informe sobre el asesinato de González, sin resultados.
En el documento, el Ministerio Público requiere al más alto nivel policial para que se entregara de manera inmediata el informe, pero no obtuvieron respuesta.
Añaden que en el expediente investigativo que lleva la Unidad de Muertes de Alto Impacto de esta Fiscalía sobre el crimen de González no consta que el Ministerio de Seguridad haya remitido el informe elaborado en fecha 29 de diciembre del 2009.
Habla cúpula policial
Que no encubrirán a ningún alto oficial en condición de retiro que resulte inculpado en el asesinato del exdirector de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) Julián Arístides González, anunció ayer la Secretaría de Seguridad en conferencia de prensa.
“Reiteramos el compromiso de no encubrir a ningún funcionario policial activo en condición de retiro que sea parte de su misión constitucional de servir y proteger”, dijo Leonel Sauceda, vocero policial.
El portavoz aclaró que la actual estructura de mando de la Policía Nacional no formaba parte de la cúpula policial en el momento que se produjo el asesinato del zar antidrogas en diciembre de 2009.
“La Policía Nacional en la actualidad es una institución profesional del Estado y sus actuaciones se rigen bajo los principios de legalidad, transparencia e irrestricto respeto a los derechos humanos”, mencionó Sauceda.
Justificó que las actuaciones de miembros de la carrera policial que integraron la institución en el pasado no reflejan la política institucional.
“Queremos dejar claro que repudiamos cualquier participación de algún integrante de la institución en posibles hechos al margen de la ley. Estamos interesados en colaborar con todos los órganos de justicia del Estado a fin de que se continúe el proceso de investigación, esclarecimiento y judicialización de los responsables”.
Doris Gutiérrez, diputada del Congreso Nacional, reaccionó sorprendida con el informe que salpica a los uniformados. “Hay un silencio de la institucionalidad. ¿Es que hay una colusión evidente manifiesta entre crimen organizado, narcotráfico, Policía y operadores de justicia? ¿Es por temor que se quedan paralizados ante la evidencia y archivan de manera negligente la información que les llega? cuestionó.
