Tegucigalpa, Honduras.
Los abogados del expresidente Rafael Leonardo Callejas en Honduras ofrecieron una conferencia de prensa en Tegucigalpa, Honduras, tras su declaración de culpable por el caso de sobornos de la FIFA.
Su apoderado legal, Tito Hernández, leyó un comunicado en el que informa sobre la aceptación de Callejas por los delitos de fraude electrónico y de RICO ACT cuando fungió como presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras (Fenafuth).
'En esta ajudiencia el juez solo recibe la declaración y la suspende, señala una nueva audiencia en la que emite su fallo. Sobre esos dos cargos el juez decidirá que tipo de sanción impone. El cargo de RICO ACT es una figura legal que tiene Estados Unidos cuando existen grupos asociados o empresas para cometer delitos, en este caso considera que la FIFA fue constituida o utilizada para cometer delitos ', explicó el abogado.
Por el delito de RICO ACT el expresidente acepta una responsabilidad porque recibió un dinero que no fue tramitado de forma correcta por la empresa que pagó supuestamente derechos de transmisión al no notificar a Estados Unidos con su debida antelación. 'Por eso se ve obligado ante un error aceptar la responsabilidad', dijo Hernández.
Su apoderado en Honduras señala que con la decisión de declararse culpable el expresidente acorta el proceso para el juicio, dijo que en la tarde esperan comunicarse con los abogados de Estados Unidos para conocer la fecha de la nueva audiencia.
'Si los abogados le recomendaron tomar esa ruta estimamos que es la más favorable. En Honduras no tiene ninguna acusación hasta hoy. Yo creo que acorta el proceso del que tuvo que haber seguido para defenderse en juicio', consideró Hernández.
En el comunicado señalan que el dinero recibido de la empresa que adquirió los derechos televisivos de la Fenafuth fue debidamente solicitado existiendo documentación probatoria acreditada en la fiscalía de Nueva York y fue utilizado para las las campañas preelectorales de los dipyutados de la Fenafuth entre el 2006 y 2010.
Los abogados hondureños recalcan que los delitos por los cuales se acusa al expresidente no están contemplados en el tratado de extradición con Honduras.
El exmandatario fue parte de una red de unas 42 personas de Concacaf y Conmebol a las que se les acusa de haber aceptado unos 200 millones de dólares en presuntos sobornos para obtener derechos de transmisión y comercialización de torneos y partidos de fútbol.
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