Tegucigalpa, Honduras
Al menos 109 informes de responsabilidades penales sobre funcionarios locales y estatales fueron notificados por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) al Ministerio Público.
Los casos han sido traspasados durante cinco años, es decir, desde 2010 a 2015. En ellos, el TSC encontró indicios de delitos contra exfuncionarios y actuales empleados de la administración pública.
Destacan alcaldes y exfuncionarios municipales, así como otros funcionarios y exempleados; sin embargo, no se especificaron nombres ni cargos.
Luego de una auditoría, la entidad contralora, según su Ley Orgánica, permite a los auditados defenderse de las anomalías encontradas durante su gestión como administrador de fondos públicos.
Dependiendo de los resultados y de la gravedad de las irregularidades encontradas, las autoridades del TSC notifican las responsabilidades penales indicadas a la Fiscalía General de la República.
De las 109 notificaciones realizadas al Ministerio Pública, no se conoce cuál es el estado de esas investigaciones. Se trató por varios días de obtener alguna respuesta de las autoridades del Ministerio Público sobre cuántos de los 109 informes han sido judicializados en los tribunales, pero la cifra no fue proporcionada.
El TSC tampoco dispone de la cifra de cuántos de esos informen han sido investigados y presentados ante un juez para iniciar el proceso penal contra los implicados.
Una vez que la Fiscalía recibe los informes, los asigna para verificar que los datos sean correctos, para iniciar con el proceso en los tribunales. Los implicados suelen ser acusados de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios; en casos más extremos pueden ser llevados ante la justicia por fraude contra la administración pública y por lavado de activos, cuya pena oscila entre los 15 y 20 años de prisión.
