La Esperanza, Intibucá, Honduras.
¿Quién anda ahí? fue la frase que Berta Cáceres gritó cuando escuchó ruidos en su casa.
Dos hombres acababan de ingresar por la parte trasera de la vivienda ubicada en el barrio El Líbano de La Esperanza.
Ella se levantó de su cama cuando confrontó a sus asesinos. No pasaron ni 30 segundos cuando a su paso salieron los dos hombres armados que se lanzaron sobre ella.
La madrugada del jueves todo sucedió muy rápido. A los asesinos les bastaron tres minutos para consumar la peor tragedia que los pobladores de La Esperanza recuerdan.
El ataque se dirigió contra Berta y fueron tres heridas las que le quitaron la vida. Berta luchó, forcejeó, intentó defenderse, pero uno de sus agresores no tuvo piedad y le disparó.
Al escuchar los gritos, Gustavo Castro Soto, el mexicano que estaba en una habitación, salió y también le dispararon. Rozones de bala en la oreja y la mano izquierda lo dejaron sangrando.
Su instinto de supervivencia lo hizo tirarse al suelo y fingir estar muerto, eso lo salvó de morir junto a Berta y hoy es la pieza clave para sacar a luz los pormenores de la muerte de la reconocida dirigente ambientalista.
Castro, sociólogo y ambientalista, ahora se ha convertido en el testigo clave de este horrendo crimen y sus primeras declaraciones ya las rindió ante los fiscales que se asignaron con cinco equipos de investigadores que desde el día del asesinato se encuentran en La Esperanza.
Tras recibir atención médica de emergencia, Castro fue trasladado con protección a un hotel esperanzano, donde ayer estuvo bajo resguardo policial. Por la tarde fue trasladado a otra ciudad e iba custodiado por dos patrullas y miembros del cuerpo de inteligencia del Estado.
LA PRENSA logró captarlo cuando salió de la habitación adonde lo ocultaban y se le notaba nervioso.
Gustavo Castro Soto pertenece a la organización Otros Mundos A.C. /Amigos de la Tierra México, La Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA) y El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).
Investigaciones
“Hay un despliegue de cinco equipos y en conjunto se está trabajando en la recuperación de las evidencias que nos lleven a promover acciones concretas para capturar a los responsables”, explicó Raúl Zavala, coordinador de fiscales en Intibucá.
Son tres hipótesis las que hasta ahora manejan las autoridades policiales: el robo, un crimen pasional y problemas por la labor que Berta Cáceres promovía en favor de los pueblos indígenas.
“Está muy reciente la investigación y no es concluyente hasta ahora ninguna línea de las tres que se han establecido en el caso. Investigamos las tres, robo, motivos pasionales y el trabajo de la ambientalista. Se está trabajando con mucha responsabilidad en este caso”, dijo uno de los investigadores desplazados a la fría ciudad esperanzana. Los primeros indicios que dan las investigaciones llevaron a detener al primer sospechoso.
Se trata de Aureliano Molina Villanueva (27), originario de San Francisco, Lempira, quien presumen las autoridades es uno de los atacantes de la ambientalista.
La Policía no da detalles del lugar adonde lo tienen detenido, ni del procedimiento judicial que se estaría promoviendo en su contra en caso que se tengan pruebas contundentes que lo vinculen al crimen.
Sin embargo, los miembros del Comité de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (Copinh) aseguran que al detenido pretenden acusarlo de cometer un crimen pasional y que lo que se busca es señalar a otros integrantes de la organización como culpables.
“Quiere señalar que es un crimen pasional, pero es algo que rechazamos. El Estado tiene el gran reto de resolver el caso con pruebas científicas, con evidencias claras y no apresurarse a señalar situaciones que de ninguna manera acercan con el verdadero móvil de la muerte de nuestra líder. Nosotros haremos una investigación paralela que nos revelará quiénes realmente mataron a Berta”, dijo Tomás Membreño, subcoordinador del Copinh.
¿Quién anda ahí? fue la frase que Berta Cáceres gritó cuando escuchó ruidos en su casa.
Dos hombres acababan de ingresar por la parte trasera de la vivienda ubicada en el barrio El Líbano de La Esperanza.
Ella se levantó de su cama cuando confrontó a sus asesinos. No pasaron ni 30 segundos cuando a su paso salieron los dos hombres armados que se lanzaron sobre ella.
La madrugada del jueves todo sucedió muy rápido. A los asesinos les bastaron tres minutos para consumar la peor tragedia que los pobladores de La Esperanza recuerdan.
El ataque se dirigió contra Berta y fueron tres heridas las que le quitaron la vida. Berta luchó, forcejeó, intentó defenderse, pero uno de sus agresores no tuvo piedad y le disparó.
Al escuchar los gritos, Gustavo Castro Soto, el mexicano que estaba en una habitación, salió y también le dispararon. Rozones de bala en la oreja y la mano izquierda lo dejaron sangrando.
 Gustavo Castro Soto fue indagado por un equipos de fiscales asignado junto con siete equipos de investigación. Él es considerado un testigo clave del crimen.
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Castro, sociólogo y ambientalista, ahora se ha convertido en el testigo clave de este horrendo crimen y sus primeras declaraciones ya las rindió ante los fiscales que se asignaron con cinco equipos de investigadores que desde el día del asesinato se encuentran en La Esperanza.
Tras recibir atención médica de emergencia, Castro fue trasladado con protección a un hotel esperanzano, donde ayer estuvo bajo resguardo policial. Por la tarde fue trasladado a otra ciudad e iba custodiado por dos patrullas y miembros del cuerpo de inteligencia del Estado.
LA PRENSA logró captarlo cuando salió de la habitación adonde lo ocultaban y se le notaba nervioso.
Gustavo Castro Soto pertenece a la organización Otros Mundos A.C. /Amigos de la Tierra México, La Red Mexicana de afectados por la Minería (REMA) y El Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).
Investigaciones
“Hay un despliegue de cinco equipos y en conjunto se está trabajando en la recuperación de las evidencias que nos lleven a promover acciones concretas para capturar a los responsables”, explicó Raúl Zavala, coordinador de fiscales en Intibucá.
Son tres hipótesis las que hasta ahora manejan las autoridades policiales: el robo, un crimen pasional y problemas por la labor que Berta Cáceres promovía en favor de los pueblos indígenas.
“Está muy reciente la investigación y no es concluyente hasta ahora ninguna línea de las tres que se han establecido en el caso. Investigamos las tres, robo, motivos pasionales y el trabajo de la ambientalista. Se está trabajando con mucha responsabilidad en este caso”, dijo uno de los investigadores desplazados a la fría ciudad esperanzana. Los primeros indicios que dan las investigaciones llevaron a detener al primer sospechoso.
 Anoche los hijos de Berta Cáceres pidieron en conferencia de prensa que organismos internacionales investiguen el crimen de su madre porque desconfían de las autoridades hondureñas.
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La Policía no da detalles del lugar adonde lo tienen detenido, ni del procedimiento judicial que se estaría promoviendo en su contra en caso que se tengan pruebas contundentes que lo vinculen al crimen.
Sin embargo, los miembros del Comité de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (Copinh) aseguran que al detenido pretenden acusarlo de cometer un crimen pasional y que lo que se busca es señalar a otros integrantes de la organización como culpables.
“Quiere señalar que es un crimen pasional, pero es algo que rechazamos. El Estado tiene el gran reto de resolver el caso con pruebas científicas, con evidencias claras y no apresurarse a señalar situaciones que de ninguna manera acercan con el verdadero móvil de la muerte de nuestra líder. Nosotros haremos una investigación paralela que nos revelará quiénes realmente mataron a Berta”, dijo Tomás Membreño, subcoordinador del Copinh.
Las amenazas
Son varias las amenazas que tanto la familia como el Copinh tienen como posibles causas de la muerte de Berta Cáceres, las últimas fueron vertidas por autoridades edilicias de San Francisco de Ojuera, dicen. “Hay amenazas claras que lanzaron a Berta porque luchaba contra una hidroeléctrica en Agua Zarca, fue el propio alcalde Raúl Pineda que la amenazó por su lucha. Pero también el alcalde de Intibucá y el exalcalde en su momento también la intimidaron por velar por el pueblo lenca y pedir que se les dejara vender en el mercado”, dijo Membreño.
Pero a estas amenazas se suman también las de los guardias de la empresa de Agua Zarca, asegura el excompañero de hogar de Berta Salvador Zúniga.
Zúniga refiere que Berta, una semana antes, recibió varios mensajes donde le advertían que desistiera de la lucha. “Fue amenazada, incluso la llamaron para advertirla que no continuara en la lucha, ella sufrió intimidaciones de los guardias, las amenazas para ella eran reales. Ahora no descansaremos hasta que se haga justicia”, expresó Zúniga.
Conferencia
Junto a miembros del Copinh, los cuatro hijos de Cáceres exigieron una investigación internacional, porque aseguran, no confían en las autoridades hondureñas.
Aseguran que la detención de Aureliano Molina fue arbitraria porque al momento del asesinato de su madre él se encontraba en la casa de sus padres, en San Francisco, Lempira.
“Pedimos al Estado que si en verdad quiere agilizar las diligencias, requise el carro Ford 150 color azul, propiedad de la empresa Desa (Desarrollo Energético Sociedad Anónima) que pretende construir una represa en el río Gualcarque, contra la que Cáceres luchaba.
El auto -dicen- fue visto el día del asesinato en Siguatepeque con varios hombres armados”, denunciaron.
Sus hijos afirmaron que Berta nunca rechazó las medidas cautelares.
Hoy a las 9:00 am ofrecerán una nueva conferencia para pronunciarse sobre las investigaciones del crimen de su madre.
