Tegucigalpa, Honduras.
La sorpresiva Operación Avalancha se convirtió en el primer golpe del Estado de Honduras a la temida y sangrienta “industria” de la extorsión que deja cienes de muertos y representó un giro en la estrategia de seguridad del Gobierno.
En esta oportunidad, la operación se concentró en la mara Salvatrucha (MS), una de las organizaciones criminales más violentas dedicadas al cobro de extorsión, sicariato, venta de drogas y ahora al lavado de activos en el país.
En junio de 2013, el Gobierno de Estados Unidos determinó a la M-13 como organización criminal y ordenó la incautación de todos sus bienes dentro y fuera de esa nación.
Producto de esta acusación se dotó a las instituciones financieras de nuevas herramientas para detectar e intervenir el lavado de dinero relacionado con esta pandilla.
La sorpresiva Operación Avalancha se convirtió en el primer golpe del Estado de Honduras a la temida y sangrienta “industria” de la extorsión que deja cienes de muertos y representó un giro en la estrategia de seguridad del Gobierno.
En esta oportunidad, la operación se concentró en la mara Salvatrucha (MS), una de las organizaciones criminales más violentas dedicadas al cobro de extorsión, sicariato, venta de drogas y ahora al lavado de activos en el país.
En junio de 2013, el Gobierno de Estados Unidos determinó a la M-13 como organización criminal y ordenó la incautación de todos sus bienes dentro y fuera de esa nación.
Producto de esta acusación se dotó a las instituciones financieras de nuevas herramientas para detectar e intervenir el lavado de dinero relacionado con esta pandilla.
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La Operación Avalancha obedece al replanteamiento de la estrategia de seguridad anunciada por el presidente Juan Orlando Hernández a finales del año anterior y que este año se focalizará en el combate frontal a las pandillas y otras bandas criminales dedicadas al cobro del mal llamado impuesto de guerra que deja cienes de muertos en las principales ciudades del país.
Hernández anunció que al igual que ha ocurrido con las bandas del narcotráfico a las cuales se les decomisó en los últimos dos años millones de lempiras en viviendas, tierras, ganado, vehículos y otros bienes provenientes de sus actividades ilegales, lo mismo se hará con las fortunas de los extorsionadores.
Con base en ese replanteamiento de la estrategia de seguridad, los cuerpos de seguridad del Estado lanzaron el operativo que hasta la tarde del martes dejaba más de 15 personas detenidas, entre ellas Jorge Neftalí Romero, alcalde de Talanga, y el excomisario de policía Álvaro Ernesto García.
Durante la acción anticrimen se ejecutaron 42 allanamientos simultáneamente en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Villanueva, Talanga y Valle de ángeles, en donde se efectuaron 102 aseguramientos de lujosas residencias, vehículos y otras pertenencias de valor que los integrantes de este grupo criminal poseían.
Autoridades del Ministerio Público informaron que en el operativo, además, se ejecutaron 15 órdenes de capturas contra los principales cabecillas de la MS, acusados por asociación ilícita y al menos 20 asesinatos por extorsión.
Modalidad
Según las investigaciones de la Atic, los cabecillas vivían en forma ostentosa en lujosas residencias y se movilizan en carros de alto valor, al grado que sus parientes están en escuelas privadas y se daban el lujo de tener más de dos mujeres a las que les pagaban los gastos.
Entretanto, los miembros de menor categoría, que son los que ejecutan la labor de sicariato y otros ilícitos, recibían porcentajes ínfimos de las millonarias ganancias por su ilícito “trabajo”, señala la Atic.
De hecho, uno de los capturados residía en una majestuosa residencia en Valle de ángeles. “Esta organización utiliza métodos de eliminación sistemática de sus propios miembros, una vez ejecutados los trabajos de sicariato ordenados por los cabecillas, llegando al extremo de usar estrategias distractoras para culpar a pandillas contrarias de estos actos delictivos”, indicaron.
La investigación efectuada por la Atic estableció que los integrantes de esta pandilla no solo se dedican al sicariato, cobro de extorsión, venta y distribución de drogas, entre otros delitos que les permite vivir de forma ostentosa, sino también al lavado de activos. Es por tal motivo que este golpe al crimen organizado iba dirigido a la incautación y aseguramiento de sus bienes. El Fiscal General informó que la operación tomó más de un año de investigación y fue dirigida por fiscales de Delitos Contra la Vida y Contra el Crimen Organizado.
