Tegucigalpa, Honduras.
La Unidad Especial para el Enjuiciamiento del Sector Justicia ha procesado al menos a 51 funcionarios que se encuentran en esta categoría.
Esta unidad, adscrita bajo la coordinación y supervisión de la Dirección General de Fiscalías del Ministerio Público, se encarga de proceder contra servidores de la Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
Jueces, magistrados, policías y militares son parte de los 51 expedientes que actualmente la unidad trabaja en varias etapas del proceso penal. Su jurisdicción abarca, incluso, a altos funcionarios de los organismos antes mencionados.
Recién inició pesquisas contra los miembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, luego que la Asociación Por una Sociedad más Justa denunciara a los consejeros por supuestos nombramientos irregulares durante sus dos años de administración del Poder Judicial.
Asimismo, ya inició un proceso penal contra el vicepresidente del Consejo, Teodoro Bonilla, acusándolo de presuntamente traficar influencias. Bonilla habría llamado a una jueza de jurisdicción nacional y a otra magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula para tratar de beneficiar en el proceso penal a dos primos a quienes las autoridades los implicaron en delitos relacionados con el crimen organizado. Las funcionarias también fueron acusadas de abuso de autoridad y prevaricato, en espera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia autorice los antejuicios.
La unidad procede contra los funcionarios por supuestamente cometer delitos que ejecuten en el cumplimiento de sus funciones.
Otro de los casos más sonados es el de la exjueza con jurisdicción nacional Wendy Caballero, quien fue declarada culpable de cohecho.
La Unidad Especial para el Enjuiciamiento del Sector Justicia ha procesado al menos a 51 funcionarios que se encuentran en esta categoría.
Esta unidad, adscrita bajo la coordinación y supervisión de la Dirección General de Fiscalías del Ministerio Público, se encarga de proceder contra servidores de la Corte Suprema de Justicia, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
Jueces, magistrados, policías y militares son parte de los 51 expedientes que actualmente la unidad trabaja en varias etapas del proceso penal. Su jurisdicción abarca, incluso, a altos funcionarios de los organismos antes mencionados.
Recién inició pesquisas contra los miembros del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, luego que la Asociación Por una Sociedad más Justa denunciara a los consejeros por supuestos nombramientos irregulares durante sus dos años de administración del Poder Judicial.
Asimismo, ya inició un proceso penal contra el vicepresidente del Consejo, Teodoro Bonilla, acusándolo de presuntamente traficar influencias. Bonilla habría llamado a una jueza de jurisdicción nacional y a otra magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula para tratar de beneficiar en el proceso penal a dos primos a quienes las autoridades los implicaron en delitos relacionados con el crimen organizado. Las funcionarias también fueron acusadas de abuso de autoridad y prevaricato, en espera que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia autorice los antejuicios.
La unidad procede contra los funcionarios por supuestamente cometer delitos que ejecuten en el cumplimiento de sus funciones.
Otro de los casos más sonados es el de la exjueza con jurisdicción nacional Wendy Caballero, quien fue declarada culpable de cohecho.
