Tegucigalpa, Honduras.
La historia de violencia y muerte se repitió en el centro de menores infractores Renaciendo, ubicado en Támara.
Una nueva riña ocurrida el jueves que dejó a dos jóvenes muertos, seis heridos y dos oficiales de seguridad con lesiones evidenció la falta de efectividad que hay en el control del centro.
Estos choques siguen ocurriendo pese a que el Gobierno declaró emergencia para recuperar el control del recinto gobernado por las pandillas.
La situación no ha variado mucho desde que hace seis meses el Gobierno decretó emergencia por la situación de ingobernabilidad en la cual se encontraban los centros de internamiento de los jóvenes infractores.
Un informe elaborado entre junio y octubre de 2015, enviado al Comité de Emergencia para la Atención de Adolescentes Infractores (CPAAI), devela el origen del problema.
El documento señala que en su mayoría las instalaciones del centro estaban tomadas y dominadas por miembros de la pandilla 18.
Ellos mantuvieron al resto de los grupos de internos aislados de los módulos de internamiento, obligándolos a dormir en carpas o a la intemperie, “en condiciones infrahumanas”.
De la misma manera, eso lo corrobora el informe de un habeas corpus correctivo a favor de los menores, emitido el 14 de septiembre de 2015: “Tanto los menores que se encuentran en La Carpa, así como también los de ElCombo que no se deja tienen la libertad de circular por el centro. “El módulo adonde se encuentran los miembros de la pandilla 18 es altamente peligroso”, citó la jueza ejecutora, haciendo referencia a información que le dio la Policía.
La jueza fue nombrada por los magistrado de la Sala Constitucional, al admitir el recurso de habeas corpus.
Estos informes además confirman que en los primeros meses de 2015 en Renaciendo hubo un “autogobierno” y todo apunta a que la autoridad no pudo recuperar el control del centro.
Dentro de Renaciendo hay jóvenes que forman parte de la tercera generación de integrantes de pandillas. El informe los califica como que “no son candidatos a procesos de rehabilitación efectivos”.
Orle Solís, presidente pro tempore del Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (Conaprev), reconoció que ha habido descontrol y autogobierno en estos centros, por eso se tuvo que sacar a los menores de la 18 de El Carmen y pasarlos a Renaciendo.
“La autoridad no ha sido capaz de poder dirigir y orientar, ha habido autogobiernos, entonces las confrontaciones que se dan no son causa de los muchachos.”, señaló el presidente de Conaprev.
Pactos con pandillas
La ingobernabilidad estatal dentro de Renaciendo llevó a los dos últimos directores a negociar pactos con los líderes de la pandilla 18, para retomar el control que estaba en manos de esta agrupación.
Los líderes de la 18 están en las cárceles de adultos y hay cabecillas de las células o clicas dentro de los centro de internamiento juveniles.
A cambio, los dos directores, –uno al inicio de 2015, y otro en el segundo semestre del año pasado- dialogaron con los jóvenes para ofrecerles condiciones adecuadas a cambio de buen comportamiento, de acuerdo con relatos obtenidos por LA PRENSA.
Al asumir la dirección del centro, el abogado Carlos Padilla Velasco, tal como lo había hecho su antecesor Michael Hartmann, de la organización no estatal Arpa, buscó a los dirigentes de la pandilla 18 y dialogó con ellos.
“De manera coordinada con los distintos componentes de Fusina se realizó un operativo de control, donde sin ningún ápice de confrontación ni violencia se logró recuperar los módulos que habían permanecido en absoluto control y gobierno de la pandilla 18, por más de cuatro meses”, cita el informe confidencial de agosto a octubre de 2015.
La historia de violencia y muerte se repitió en el centro de menores infractores Renaciendo, ubicado en Támara.
Una nueva riña ocurrida el jueves que dejó a dos jóvenes muertos, seis heridos y dos oficiales de seguridad con lesiones evidenció la falta de efectividad que hay en el control del centro.
Estos choques siguen ocurriendo pese a que el Gobierno declaró emergencia para recuperar el control del recinto gobernado por las pandillas.
La situación no ha variado mucho desde que hace seis meses el Gobierno decretó emergencia por la situación de ingobernabilidad en la cual se encontraban los centros de internamiento de los jóvenes infractores.
Un informe elaborado entre junio y octubre de 2015, enviado al Comité de Emergencia para la Atención de Adolescentes Infractores (CPAAI), devela el origen del problema.
El documento señala que en su mayoría las instalaciones del centro estaban tomadas y dominadas por miembros de la pandilla 18.
Ellos mantuvieron al resto de los grupos de internos aislados de los módulos de internamiento, obligándolos a dormir en carpas o a la intemperie, “en condiciones infrahumanas”.
 La población mayoritaria es de la mara 18.
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La jueza fue nombrada por los magistrado de la Sala Constitucional, al admitir el recurso de habeas corpus.
Estos informes además confirman que en los primeros meses de 2015 en Renaciendo hubo un “autogobierno” y todo apunta a que la autoridad no pudo recuperar el control del centro.
Dentro de Renaciendo hay jóvenes que forman parte de la tercera generación de integrantes de pandillas. El informe los califica como que “no son candidatos a procesos de rehabilitación efectivos”.
Orle Solís, presidente pro tempore del Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (Conaprev), reconoció que ha habido descontrol y autogobierno en estos centros, por eso se tuvo que sacar a los menores de la 18 de El Carmen y pasarlos a Renaciendo.
“La autoridad no ha sido capaz de poder dirigir y orientar, ha habido autogobiernos, entonces las confrontaciones que se dan no son causa de los muchachos.”, señaló el presidente de Conaprev.
 El último choque fue entre los dos primeros grupos.
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La ingobernabilidad estatal dentro de Renaciendo llevó a los dos últimos directores a negociar pactos con los líderes de la pandilla 18, para retomar el control que estaba en manos de esta agrupación.
Los líderes de la 18 están en las cárceles de adultos y hay cabecillas de las células o clicas dentro de los centro de internamiento juveniles.
A cambio, los dos directores, –uno al inicio de 2015, y otro en el segundo semestre del año pasado- dialogaron con los jóvenes para ofrecerles condiciones adecuadas a cambio de buen comportamiento, de acuerdo con relatos obtenidos por LA PRENSA.
Al asumir la dirección del centro, el abogado Carlos Padilla Velasco, tal como lo había hecho su antecesor Michael Hartmann, de la organización no estatal Arpa, buscó a los dirigentes de la pandilla 18 y dialogó con ellos.
“De manera coordinada con los distintos componentes de Fusina se realizó un operativo de control, donde sin ningún ápice de confrontación ni violencia se logró recuperar los módulos que habían permanecido en absoluto control y gobierno de la pandilla 18, por más de cuatro meses”, cita el informe confidencial de agosto a octubre de 2015.
Ambos directores coincidieron en demandarle al Gobierno condiciones adecuadas y transparentes para el tratamiento de los jóvenes.
Pero también ambos se estrellaron con las limitaciones presupuestarias y con muertes dantescas de menores bajo custodia estatal.
El 23 de agosto de 2015, tres jóvenes de la pandilla 18 perdieron la vida, los mataron y luego fueron descuartizados.
A inicios de año fue descubiera una fosa común con varios cadáveres de menores que murieron mientras estaban en custodia estatal.
Condiciones infrahumanas
Mediante acuerdo ejecutivo se estableció la transferencia de ocho millones de lempiras mensuales para atender a 400 menores infractores. La transferencia se hizo del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) hasta concluir 2015.
A pesar de eso, los jóvenes no cuentan con medicamentos, carecen de agua potable, recreación y de facilidades para hablar con sus abogados, reveló el informe SCO-0849-2015.
A varios les ha tocado soportar dolores de muelas o calenturas sin asistencia médica, en una sola celda duermen hasta ocho jóvenes, hay algunos cuartos oscuros, pueden hacer necesidades fisiológicas solo dos veces al día, agrega este documento.
La escuelita estaba destruida, llena de basura y papeles quemados, añade.
“No tienen las condiciones dignas y óptimas para una verdadera reinserción. Se debe actuar para que no persistan condiciones que lindan con tratos crueles e inhumanos, que comprometen la integridad física, síquica y moral de cada uno de los menores”, dice este informe.
El documento establece que “en relación con la alimentación, es una opinión generalizada y es que es mala. La comida les viene revuelta, juca, con mal olor, y que no es higiénica”, informó la jueza ejecutora. En promedio, el presupuesto es de L56 por cada plato de comida, según confirmó Padilla Velasco, aunque en la realidad lo que se les da es de mala calidad.
