Tegucigalpa, Honduras.
La Unidad Especial para Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia del Ministerio Público investigará las actuaciones del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
La Asociación por una Sociedad más Justa solicitó a la Fiscalía, hace un par de semanas, que revisara a los consejeros por los presuntos nombramientos irregulares otorgados durante sus dos años de gestión.
Esta unidad fue la que presentó el recurso contra el vicepresidente del Consejo, Teodoro Bonilla, acusándolo por tráfico de influencias.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública revisó el contenido de la denuncia y remitió el expediente a la unidad para que comience las diligencias. Las autoridades fiscales no detallaron el plan de investigación para no estropear el proceso.
“Si la denuncia ya está en la unidad es porque se encontraron elementos para iniciar las pesquisas y determinar si se encuentra algún tipo de actividad delictiva”, indicó una fuente. “No es necesario esperar el informe de la mesa técnica verificadora, pues son dos investigaciones independientes”, explicó.
La mesa verificadora fue implementada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, en respuesta a la serie de denuncias sobre nombramientos otorgados por el Consejo. Los verificadores deben presentar su primer informe el próximo 25 de febrero. Tienen prohibido esconder o modificar sus resultados, según expresa la orden del titular del Poder Judicial.
También tienen limitado informar cómo avanza el proceso, trabajar rápido y presentar su informe exclusivamente al presidente Argueta, quien prometió transparencia en los resultados.
Denuncias
En las últimas semanas, los miembros del Consejo se han visto envueltos en acusaciones por otorgar acuerdos sin concurso y contratar a sus parientes o parejas sentimentales.
La denuncia contra el consejero Francisco Quiroz encendió las alarmas sobre las actuaciones del Consejo respecto a los nombramientos. Quiroz fue nombrado por sus compañeros como magistrado de Apelaciones Penal en Santa Bárbara, tres años antes de cesar en su cargo actual. En ese mismo sentido, el Inspector de órganos Jurisdiccionales, Juan Pablo Aguirre, también fue nombrado para asumir otra magistratura en la misma jurisdicción, a pesar de que actualmente se encarga de revisar las actuaciones de jueces y magistrados.
Ambos acuerdos fueron cancelados por el Consejo, luego que públicamente el expresidente de la Corte Jorge Rivera Avilés les pidiera que renunciaran a sus pretensiones laborales futuras. Avilés también confirmó que el secretario general de los Juzgados de lo Civil es hijo de la mujer con la que, Avilés, actualmente tiene un hogar. Las denuncias se extienden a una hija y un sobrino que también laboran en el sistema de Justicia.
La Unidad Especial para Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia del Ministerio Público investigará las actuaciones del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial.
La Asociación por una Sociedad más Justa solicitó a la Fiscalía, hace un par de semanas, que revisara a los consejeros por los presuntos nombramientos irregulares otorgados durante sus dos años de gestión.
Esta unidad fue la que presentó el recurso contra el vicepresidente del Consejo, Teodoro Bonilla, acusándolo por tráfico de influencias.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública revisó el contenido de la denuncia y remitió el expediente a la unidad para que comience las diligencias. Las autoridades fiscales no detallaron el plan de investigación para no estropear el proceso.
“Si la denuncia ya está en la unidad es porque se encontraron elementos para iniciar las pesquisas y determinar si se encuentra algún tipo de actividad delictiva”, indicó una fuente. “No es necesario esperar el informe de la mesa técnica verificadora, pues son dos investigaciones independientes”, explicó.
La mesa verificadora fue implementada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, en respuesta a la serie de denuncias sobre nombramientos otorgados por el Consejo. Los verificadores deben presentar su primer informe el próximo 25 de febrero. Tienen prohibido esconder o modificar sus resultados, según expresa la orden del titular del Poder Judicial.
También tienen limitado informar cómo avanza el proceso, trabajar rápido y presentar su informe exclusivamente al presidente Argueta, quien prometió transparencia en los resultados.
Denuncias
En las últimas semanas, los miembros del Consejo se han visto envueltos en acusaciones por otorgar acuerdos sin concurso y contratar a sus parientes o parejas sentimentales.
La denuncia contra el consejero Francisco Quiroz encendió las alarmas sobre las actuaciones del Consejo respecto a los nombramientos. Quiroz fue nombrado por sus compañeros como magistrado de Apelaciones Penal en Santa Bárbara, tres años antes de cesar en su cargo actual. En ese mismo sentido, el Inspector de órganos Jurisdiccionales, Juan Pablo Aguirre, también fue nombrado para asumir otra magistratura en la misma jurisdicción, a pesar de que actualmente se encarga de revisar las actuaciones de jueces y magistrados.
Ambos acuerdos fueron cancelados por el Consejo, luego que públicamente el expresidente de la Corte Jorge Rivera Avilés les pidiera que renunciaran a sus pretensiones laborales futuras. Avilés también confirmó que el secretario general de los Juzgados de lo Civil es hijo de la mujer con la que, Avilés, actualmente tiene un hogar. Las denuncias se extienden a una hija y un sobrino que también laboran en el sistema de Justicia.
