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Palmerola no pagará ni un centavo al Estado en 28 años

  • 05 febrero 2016 /

Tegucigalpa, Honduras.

Pese a la multimillonaria inversión que el Estado de Honduras desembolsará como contraparte para la construcción y puesta en marcha del ambicioso aeropuerto de Palmerola, el Gobierno no percibirá ni un centavo en los próximos 28 años de los 30 que dura la concesión de esta terminal civil. Dicho proyecto fue readjudicado en diciembre de 2015 a la sociedad de capital hondureño Inversiones Emco S.A de C.V y al operador internacional Aeropuerto Internacional de Munich-Franz Joseph Strauss, luego que fracasara la concesión otorgada en 2014 a la empresa Servicios Aeroportuarios Integrados, S.A (Saisa).

La edificación de Palmerola conlleva una inversión entre 140 y 160 millones de dólares, de los cuales el Estado de Honduras aportará 72.8 millones de dólares, provenientes del fondo de conversión de deuda con España ($50 millones) y el resto de recursos nacionales ($22.8 millones).

Eso representa un 45.6% del total de la inversión inicial en obras complementarias; mientras que al concesionario le corresponderá invertir alrededor de 87.2 millones de dólares, es decir, un 54.4%.

Este y otros aspectos relacionados con el manejo de este importante y estratégico proyecto están dentro del contrato de concesión estructurado por la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza) que actualmente se encuentra en etapa de revisión y a cuyo contenido tuvo acceso exclusivo LA PRENSA.

La rúbrica del contrato está programada para el 14 o 15 de febrero del año en curso.

Una copia del documento ya está en la Superintencia de Concesiones y Licencias para su análisis y observaciones.

El contrato de concesión contiene varias disposiciones económicas que no resultan del todo beneficiosas para el Estado y que han comenzado a recibir las objeciones de expertos en esta materia.

Sin embargo, autoridades de la Superintendencia de Concesiones consultadas por LA PRENSA aseguraron que estos beneficios obedecen al hecho que el concesionario deberá recuperar la totalidad de su inversión durante ese tiempo, pero no explican cómo el Estado recuperará su aporte.

Alza a tarifas

Para el caso, el contrato incluye un fuerte aumento a la tarifa de salidas internacionales para los pasajeros que utilicen ese aeropuerto.

En los primeros 28 años se fija una tarifa de 60.49 dólares, divididos de la siguiente forma: 46.99 dólares para la empresa concesionaria y 13.50 para el Estado, de los cuales 2.50 dólares corresponden a Oirsa, nueve a Migración y dos a aspectos de seguridad aeroportuaria.

Comparativamente eso representa un aumento de 14.52 dólares con relación a lo que se paga en el aeropuerto de Tocontín, cuya tarifa de salida actualmente es de 45.97 dólares. Mientras tanto, el pasajero nacional pagará una tarifa de 43.15 lempiras en vuelos locales.

El documento establece que después del año 28, el concesionario pagará el 10% sobre la tarifa de pasajeros internacionales en concepto de canon al Estado; pero bajo la cláusula que ese porcentaje se aplicará una vez que sea superada la cifra de 600,000 pasajeros anuales. Las proyecciones contractuales indican que el tráfico base de pasajeros en Palmerola arrancará con 272,000 viajeros anuales con un crecimiento del 3% anual.

Con base en ese porcentaje se calcula que será hasta el año 28 de la concesión que se alcanzarán los 605,804 viajeros anuales y a partir de ahí se comenzará a pagar el 10% de canon al Estado.

Sin embargo, fuentes aeroportuarias informaron que tales proyecciones son demasiado optimistas si se toma en cuenta que en 10 años de concesión los aeropuertos Toncontín, Ramón Villeda Morales, Golosón y Juan Manuel Gálvez no han alcanzado el tráfico de personas esperado.

Para el caso, estos cuatro aeródromos reportaron a finales de 2015 un tráfico total de 1.9 millones de pasajeros, de los cuales 405,000 fueron nacionales y 1.5 millones correspondieron a internacionales.

La actual concesionaria de los cuatro aeropuertos pagó en canon al Estado 1,200 millones de lempiras en la última década, desde el inicio de la concesión en el año 2000, según un informe.

Foto: La Prensa