Tegucigalpa, Honduras.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) contará con una unidad de élite de fiscales y jueces anticorrupción que operará con “autonomía” para investigar y acusar sobre casos de redes de corrupción.
Mediante un comunicado de prensa, la Organización de Estados Americanos (OEA) ratificó que el convenio de la Maccih se firmará en Washington el 19 de enero.
La Maccih “seleccionará, asesorará, evaluará y certificará un grupo de fiscales y jueces hondureños, quienes investigarán y ejercerán la acción penal contra casos que involucran redes de corrupción”, establece la nota de prensa.
De igual manera, integrará un grupo de jueces, fiscales y expertos internacionales de renombre y alto reconocimiento internacional, quienes proveerán acompañamiento, asesoramiento, supervisión y evaluación a las entidades del sistema de justicia hondureño.
Oro componente de la Maccih consiste en que trabajará conjuntamente con la sociedad civil en la construcción de un observatorio, el cual monitoreará y evaluará el progreso del sistema de justicia de Honduras.
Acceso
La Maccih tendrá “pleno acceso a información” y documentos oficiales, bases de datos, registros públicos y archivos para acompañar activamente la investigación y persecución de casos que involucren redes de corrupción.
También colaborará activamente con el Estado de Honduras para facilitar el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y del Mecanismo de Seguimiento para su Implementación (Mesicic).
Obligación
El acuerdo será firmado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente Juan Orlando.
Este convenio es el resultado de un proceso de dialogo nacional realizado en 2015 por el Gobierno y sectores de la sociedad para depurar el sistema de impartición de justicia en el que la OEA sirvió de facilitador.
En el comunicado, la OEA deja claro que la Maccih trabajará bajo principios de “independencia, autonomía, profesionalismo, neutralidad y transparencia”.
De igual manera se advierte que la Maccih “se reserva el derecho a retirarse, en caso de que los compromisos contraídos por las autoridades nacionales no sean plenamente cumplidos”.
Para el funcionamiento de la Maccih se han presupuestado unos ocho millones de dólares (164 millones de lempiras) provenientes de la cooperación internacional.
Los acuerdos iniciales entre la OEA y el Gobierno hondureño establecen que la Maccih tendrá una duración de cuatro años, pero este punto no fue precisado en el comunicado.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) contará con una unidad de élite de fiscales y jueces anticorrupción que operará con “autonomía” para investigar y acusar sobre casos de redes de corrupción.
Mediante un comunicado de prensa, la Organización de Estados Americanos (OEA) ratificó que el convenio de la Maccih se firmará en Washington el 19 de enero.
La Maccih “seleccionará, asesorará, evaluará y certificará un grupo de fiscales y jueces hondureños, quienes investigarán y ejercerán la acción penal contra casos que involucran redes de corrupción”, establece la nota de prensa.
De igual manera, integrará un grupo de jueces, fiscales y expertos internacionales de renombre y alto reconocimiento internacional, quienes proveerán acompañamiento, asesoramiento, supervisión y evaluación a las entidades del sistema de justicia hondureño.
Oro componente de la Maccih consiste en que trabajará conjuntamente con la sociedad civil en la construcción de un observatorio, el cual monitoreará y evaluará el progreso del sistema de justicia de Honduras.
Acceso
La Maccih tendrá “pleno acceso a información” y documentos oficiales, bases de datos, registros públicos y archivos para acompañar activamente la investigación y persecución de casos que involucren redes de corrupción.
También colaborará activamente con el Estado de Honduras para facilitar el cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción y del Mecanismo de Seguimiento para su Implementación (Mesicic).
Obligación
El acuerdo será firmado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente Juan Orlando.
Este convenio es el resultado de un proceso de dialogo nacional realizado en 2015 por el Gobierno y sectores de la sociedad para depurar el sistema de impartición de justicia en el que la OEA sirvió de facilitador.
En el comunicado, la OEA deja claro que la Maccih trabajará bajo principios de “independencia, autonomía, profesionalismo, neutralidad y transparencia”.
De igual manera se advierte que la Maccih “se reserva el derecho a retirarse, en caso de que los compromisos contraídos por las autoridades nacionales no sean plenamente cumplidos”.
Para el funcionamiento de la Maccih se han presupuestado unos ocho millones de dólares (164 millones de lempiras) provenientes de la cooperación internacional.
Los acuerdos iniciales entre la OEA y el Gobierno hondureño establecen que la Maccih tendrá una duración de cuatro años, pero este punto no fue precisado en el comunicado.
