San Pedro Sula, Honduras.
Una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizada a la Municipalidad de San Pedro Sula detectó diversas irregularidades que ocasionaron un perjuicio económico a las finanzas municipales por un monto de L67.7 millones.
Se encontraron cuatro indicios de responsabilidad penal correspondientes al período 2009-2013, tiempo en que se desempeñaron como alcaldes Rodolfo Padilla Sunseri y Juan Carlos Zúniga.
El informe menciona cobros efectuados en concepto de impuestos de industria, comercio y servicio, bienes inmuebles e impuesto personal a contribuyentes que no se acreditaron a la cuenta bancaria y se desconoce su destino.
Además, se constató que algunos contribuyentes realizaron pagos por este concepto; sin embargo, no se les acreditó a su cuenta por cobrar, no hay registro de pagos realizados, sino que fueron acreditados a otros contribuyentes. El pago de estos impuestos asciende a L54.9 millones.
También se detectaron borrones de saldos en el sistema tributario de la Municipalidad.
El segundo hecho detectado, según el TSC, es la emisión de notas de crédito otorgadas a algunas empresas por cantidades millonarias, pero no se encontró documentación soporte. La tercera irregularidad establecida en el informe se refiere a las exoneraciones de impuestos aprobadas por la Corporación Municipal a instituciones privadas.
Durante la revisión del área de ingresos se encontró que la Corporación aprobó la exoneración del pago de los impuestos sobre bienes inmuebles e industria, comercio y servicio a ciertas instituciones educativas privadas y cooperativas, indicando que son entidades sin fines de lucro.
La exoneración de dichos impuestos asciende a L4.7 millones, que se aplicó en los años 2011, 2012 y 2013.
Otro caso
La auditoría detectó también que las autoridades de Control de Ingresos de ese entonces emitieron una nota de crédito a favor de una empresa con el fin de cancelar un saldo adeudado que ascendía a L961,827.55 por concepto de impuestos por cierre de operaciones.
Por lo anterior, el TSC concluyó que se habrían incurrido responsabilidades por dolo, culpa o negligencia, violentando los preceptos establecidos en la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Municipalidades.
La Dirección de Municipalidades del TSC se encargó de realizar la auditoría, producto de la cual notificó el informe a las autoridades del MP.
Una auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realizada a la Municipalidad de San Pedro Sula detectó diversas irregularidades que ocasionaron un perjuicio económico a las finanzas municipales por un monto de L67.7 millones.
Se encontraron cuatro indicios de responsabilidad penal correspondientes al período 2009-2013, tiempo en que se desempeñaron como alcaldes Rodolfo Padilla Sunseri y Juan Carlos Zúniga.
El informe menciona cobros efectuados en concepto de impuestos de industria, comercio y servicio, bienes inmuebles e impuesto personal a contribuyentes que no se acreditaron a la cuenta bancaria y se desconoce su destino.
Además, se constató que algunos contribuyentes realizaron pagos por este concepto; sin embargo, no se les acreditó a su cuenta por cobrar, no hay registro de pagos realizados, sino que fueron acreditados a otros contribuyentes. El pago de estos impuestos asciende a L54.9 millones.
También se detectaron borrones de saldos en el sistema tributario de la Municipalidad.
El segundo hecho detectado, según el TSC, es la emisión de notas de crédito otorgadas a algunas empresas por cantidades millonarias, pero no se encontró documentación soporte. La tercera irregularidad establecida en el informe se refiere a las exoneraciones de impuestos aprobadas por la Corporación Municipal a instituciones privadas.
Durante la revisión del área de ingresos se encontró que la Corporación aprobó la exoneración del pago de los impuestos sobre bienes inmuebles e industria, comercio y servicio a ciertas instituciones educativas privadas y cooperativas, indicando que son entidades sin fines de lucro.
La exoneración de dichos impuestos asciende a L4.7 millones, que se aplicó en los años 2011, 2012 y 2013.
Otro caso
La auditoría detectó también que las autoridades de Control de Ingresos de ese entonces emitieron una nota de crédito a favor de una empresa con el fin de cancelar un saldo adeudado que ascendía a L961,827.55 por concepto de impuestos por cierre de operaciones.
Por lo anterior, el TSC concluyó que se habrían incurrido responsabilidades por dolo, culpa o negligencia, violentando los preceptos establecidos en la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Municipalidades.
La Dirección de Municipalidades del TSC se encargó de realizar la auditoría, producto de la cual notificó el informe a las autoridades del MP.
