Tegucigalpa, Honduras.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) remitió al Ministerio Público (MP) un nuevo informe de auditoría que concluye en hallazgos de indicios de responsabilidad penal en la municipalidad de San Pedro Sula, Cortes.
El informe especial No. 021-2014-DAM-CFTM-AM-B se desprende de una auditoría financiera y de cumplimiento legal practicada a la alcaldía sampedrana, correspondiente al período comprendido del 01 de enero de 2009 al 31 de diciembre de 2013.
Durante la auditoría se encontraron cuatro indicios de responsabilidad penal, incurridos en el período auditado, ocasionando un perjuicio por 67,705,837.88 lempiras.
Hallazgos
El primero refiere a cobros efectuados en concepto de impuestos de industria, comercio y servicio, bienes inmuebles e impuesto personal a contribuyentes, que no se acreditó a la cuenta bancaria y se desconoce su destino.
La auditoría constató que algunos contribuyentes realizaron pagos por este concepto, sin embargo no se les acreditó a su cuenta por cobrar, no hay registro de pagos realizados, sino que fueron acreditados a otros contribuyentes. El pago de estos impuestos asciende a 54,963,508.81 lempiras.
Además, se detectaron borrones de saldos en el sistema tributario de la municipalidad.
El segundo hecho detectado refiere a la emisión de una nota de crédito otorgada a una empresa por reparo fiscal, sin justificación.
La nota de crédito No. 36357 se emitió por un valor de 7,115,504.23 lempiras, no se encontró documentación de soporte.
La tercera irregularidad detectada se relaciona a exoneraciones de impuestos aprobadas por la corporación municipal, a instituciones privadas.
Durante la revisión del área de ingresos se encontró que la Corporación Municipal aprobó la exoneración del pago de los impuestos sobre bienes inmuebles e industria, comercio y servicio, a ciertas instituciones educativas privadas y cooperativas, etcétera; indicando que son instituciones sin fines de lucro.
La exoneración de dichos impuestos asciende a 4,664,997.29 lempiras, se aplicó en los años 2011, 2012 y 2013.
Finalmente, la auditoría detectó que entonces autoridades de Control de Ingresos emitieron una nota de crédito a favor de otra empresa, con el fin de cancelar un saldo adeudado que ascendía a 961,827.55 por concepto de impuestos por cierre de operaciones.
Conclusiones
El TSC concluye que se habrían incurrido responsabilidades por dolo, culpa o negligencia, violentando preceptos establecidos en la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Municipalidades.
“Las infracciones llevadas a cabo por los funcionarios de la Municipalidad, tienen indicios de responsabilidad penal”.
El ente contralor recomendó al fiscal general, en base a este informe, se realicen los análisis e investigaciones del caso y se efectúen las acciones que se consideren procedentes.
