San Pedro Sula, Honduras.
Los grupos del crimen organizado dedicados a la extorsión en Honduras han llegado a tal nivel de control sobre el sector transporte, que ahora hasta le aplican rigurosas auditorías financieras a las empresas de buses y taxis, para definir cuánto les cobrarán de “impuesto de guerra”.
Esto fue revelado por cinco altos dirigentes, de distintos rubros del sector transporte de San Pedro Sula y Tegucigalpa, quienes desesperados ante el creciente problema, hicieron la denuncia a Diario LA PRENSA.
“Cuando nos quieren poner o subir la tarifa de ‘impuesto de guerra’ nos exigen que tengamos listos estados financieros y detalle de la cantidad de buses o taxis con que contamos, porque nos hacen una auditoría y nos advierten que si tratamos de engañarlos nos van a matar.
A los pocos días llegan auditores y contadores profesionales y revisan todo. Después de eso se impone una tarifa y eso no se puede negociar. Se paga o se muere”, dijo uno de los dirigentes del sector del transporte público.
Por temor, los transportistas pidieron total anonimato.
“Solo podemos hablar del ‘impuesto de guerra’ si nuestros nombres quedan en secreto, porque si se sabe que contamos estas cosas nos condenan a muerte”, explicaron los dirigente de transporte de pasajeros y de carga, quienes afirmaron vivir en estado permanente de terror.
Negocio cruel
En promedio, el total de los transportistas pagan solo en San Pedro Sula L27,777 cada hora por extorsión.
Esto puede verificarse en estudios de la Secretaría de Seguridad de Honduras, que indican que los transportistas sampedranos pagan unos L20 millones al mes por las extorsiones.
Según, los datos de Seguridad, en el país solo los transportistas de San Pedro Sula y Tegucigalpa pagan L540 millones por “impuesto de guerra” al año, de los cuales L240 millones son entregados por miembros del sector Transporte sampedrano.
Además en los últimos cuatro años más de 350 personas, entre transportistas, conductores, cobradores y pasajeros, han fallecido en ataques contra el sector transporte, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Uno de los dirigentes, del rubro de los taxis, manifestó que muchos prefieren no denunciar, pues han comprobado casos en que autoridades trabajan en conjunto con los delincuentes.
“Hemos llevado a la Policía nombres, teléfonos y direcciones de quienes nos extorsionan. Averiguamos todo y nunca los capturaron. Más bien después apareció muerto uno de la empresa, por esa denuncia”, dijo el dirigente de taxis sampedranos.
Los grupos del crimen organizado dedicados a la extorsión en Honduras han llegado a tal nivel de control sobre el sector transporte, que ahora hasta le aplican rigurosas auditorías financieras a las empresas de buses y taxis, para definir cuánto les cobrarán de “impuesto de guerra”.
Esto fue revelado por cinco altos dirigentes, de distintos rubros del sector transporte de San Pedro Sula y Tegucigalpa, quienes desesperados ante el creciente problema, hicieron la denuncia a Diario LA PRENSA.
“Cuando nos quieren poner o subir la tarifa de ‘impuesto de guerra’ nos exigen que tengamos listos estados financieros y detalle de la cantidad de buses o taxis con que contamos, porque nos hacen una auditoría y nos advierten que si tratamos de engañarlos nos van a matar.
A los pocos días llegan auditores y contadores profesionales y revisan todo. Después de eso se impone una tarifa y eso no se puede negociar. Se paga o se muere”, dijo uno de los dirigentes del sector del transporte público.
Por temor, los transportistas pidieron total anonimato.
“Solo podemos hablar del ‘impuesto de guerra’ si nuestros nombres quedan en secreto, porque si se sabe que contamos estas cosas nos condenan a muerte”, explicaron los dirigente de transporte de pasajeros y de carga, quienes afirmaron vivir en estado permanente de terror.
 El 94% de hechos violentos vinculados al cobro de extorsiones se realizan con arma de fuego en Honduras.
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En promedio, el total de los transportistas pagan solo en San Pedro Sula L27,777 cada hora por extorsión.
Esto puede verificarse en estudios de la Secretaría de Seguridad de Honduras, que indican que los transportistas sampedranos pagan unos L20 millones al mes por las extorsiones.
Según, los datos de Seguridad, en el país solo los transportistas de San Pedro Sula y Tegucigalpa pagan L540 millones por “impuesto de guerra” al año, de los cuales L240 millones son entregados por miembros del sector Transporte sampedrano.
Además en los últimos cuatro años más de 350 personas, entre transportistas, conductores, cobradores y pasajeros, han fallecido en ataques contra el sector transporte, según cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Uno de los dirigentes, del rubro de los taxis, manifestó que muchos prefieren no denunciar, pues han comprobado casos en que autoridades trabajan en conjunto con los delincuentes.
“Hemos llevado a la Policía nombres, teléfonos y direcciones de quienes nos extorsionan. Averiguamos todo y nunca los capturaron. Más bien después apareció muerto uno de la empresa, por esa denuncia”, dijo el dirigente de taxis sampedranos.
Cobros desatados
Dirigentes de rapiditos de San Pedro Sula expresaron que las extorsiones se han disparado, y ya en algunas rutas tienen que pagar una vez por semana “impuesto de guerra” hasta a tres, cuatro o cinco grupos criminales.
“No es ningún secreto que a veces las propias autoridades o miembros del rubro del transporte están involucrados en las extorsiones”, declaró el empresario.
Además revelaron que ahora en las empresas hay “vigilantes permanentes” de los grupos de extorsionadores, quienes hasta acompañan a los empresarios a realizar los depósitos de las ganancias de sus empresas, para saber cuánto les queda diario.
Según los transportistas, por este flagelo ya no tienen la capacidad de comprar nuevas unidades, pues pagan demasiado dinero de extorsión.
Esfuerzo
Leonel Sauceda, vocero de la Policía Nacional de Honduras, afirmó que no descansan en su esfuerzo por erradicar el problema de la extorsión.
“Sabemos que hay un problema, pero redoblamos esfuerzos para prevenir y evitar hechos delictivos en las unidades del transporte urbano. No es una tarea fácil, especialmente en el combate al problema de las extorsiones, pero nos esforzamos cada día por dar una solución definitiva”, indicó.
Sauceda expresó que por estrategia no pueden revelar las técnicas que usan para combatir la extorsión.
“Se están buscando las mejores alternativas y estrategias para poder de una vez por todas dar la mayor seguridad a los transportistas y pasajeros”, aseguró.
Sauceda dijo que “Hay un compromiso total de la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional y todas las fuerzas de seguridad del estado para acabar con la extorsión y garantizar la paz”, afirmó.
