Tegucigalpa, Honduras
En un intento por frenar la escalada de violencia que azota el país, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional acordaron ayer agilizar la aprobación de la nueva Ley de Transporte y adoptar otras disposiciones alternas con la finalidad de dar mayor seguridad a los operadores y usuarios del transporte público, fuertemente castigado por el cobro del “impuesto de guerra”.
Una de estas medidas, contenidas en dicha normativa, es la utilización de tarjetas prepagos similar a la que se utiliza en la telefonía celular, para frenar la extorsión y los consecuentes asesinatos contra conductores y ayudantes.
A raíz de las masacres ocurridas el martes y miércoles pasado en Choloma y Tegucigalpa que dejaron un 15 personas muertas en menos de 24 horas, los titulares del Ejecutivo y el Legislativo, Juan Orlando Hernández y Mauricio Oliva, convocaron de urgencia a los jefes de bancada de los partidos políticos y los miembros del Consejo de Defensa y Seguridad para revisar las medidas a tomar frente a estos y otros hechos violentos. En la reunión, celebrada en la sede del Congreso, los jefes policiales y militares presentaron un informe pormenorizado de las acciones operativas adoptadas contra la criminalidad, los avances en la materia y un reporte de los últimos crímenes violentos que han conmovido a la opinión pública.
Al cabo del encuentro, Hernández y Oliva ofrecieron una breve declaración de prensa, pero no respondieron preguntas a los periodistas.
 Miles de hondureños son víctimas de la inseguridad en el sector transporte.
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Eliminar el efectivo
El mandatario hondureño pidió a las diferentes bancadas del Congreso que agilicen la aprobación de la Ley de Transporte, que se encuentra en un segundo debate, pero que es sumamente importante, especialmente para los más humildes que utilizan este servicio público.
En ese sentido, se propone que sea obligatorio no usar dinero en efectivo en las unidades de transporte y para eso ya se cuenta con experiencias para usar mecanismos electrónicos como las tarjetas prepagadas similares a las utilizadas en la telefonía celular.
“Tenemos que sacar ese circulante de ahí, tenemos que hacer obligatorio las medidas tecnológicas que permitan tener botones de pánico, sistemas de video para tener control de quien sube y baja de las unidades y al final de la ruta la presencia de las fuerzas de reacción”, dijo.
Indicó que todas esas disposiciones están listas, pero se necesita que el Congreso decrete su obligatoriedad.
De igual manera, manifestó que se requiere saber la movilidad de cada unidad del transporte urbano por motivos de seguridad y para transparentar el pago de subsidios.
También dijo que se trató ampliamente el abordaje que se le debe dar en los medios de comunicación a los hechos criminales.
Ahondó que debe revisar y platicar con los medios de comunicación porque si no, sucede que aquel que se inicia en la carrera delictiva en la medida que ve la oportunidad de una exposición mediática se le agranda el ego y va cometiendo más atrocidades, contribuyendo al crecimiento de una mente delictiva.
El mandatario resaltó los avances en materia de seguridad al reducir los índices de homicidios de 86.6 a 48 por cada 100,000 habitantes; pero aclaró que la tarea de devolver la paz y seguridad no sería fácil. “Es un paso importante que pocos países lo han dado en poco tiempo, pero no es suficiente y hay que entender que las bandas criminales al sentirse acosadas, que ya no tienen los mismos espacios que gozaban, a veces con el contubernio de la autoridad, hoy reaccionan”, argumentó.
Oliva dijo que se habló de la confluencia de ideas que sirvan de insumo para aprobar estas leyes con la opinión calificada de las Secretarías de Estado involucradas.
Ley garantiza la seguridad
La nueva Ley de Transporte, aprobada en primer debate, contiene una serie de disposiciones para garantizar la seguridad del usuario y de los trabajadores de este sector.
La ley establece la seguridad de los usuarios del transporte, así como de los operadores de las unidades de transporte como un asunto de prioridad e interés nacional, para lo cual se crea un sistema de seguridad en el cual se definen mecanismos claros, como los circuitos de cámaras, botones de pánico, sistemas de monitoreo de la unidades, etc. Asimismo, la designación por parte del Ministerio Público de fiscales nacionales o jueces con jurisdicción nacional para atender de manera especial los delitos que se cometen en el sistema de transporte público, para atacar con ello la impunidad, persiguiendo como meta la seguridad de los usuarios.
También se crea una nueva institución rectora del transporte público: el Instituto de Transporte Público Terrestre con independencia financiera y administrativa. Asimismo, se definen mecanismos transparentes de otorgamiento de las nuevas concesiones.
Tomás Zambrano, presidente de la Comisión de Seguridad, explicó que el subsidio se entregará directamente al usuario en la forma de tarjetas prepago, quienes la usarán para pagar el pasaje.
