Tegucigalpa, Honduras
La intervención de una supuesta conversación entre altos funcionarios del Poder Judicial y su posterior publicación ha llevado a expertos en materia penal y asuntos legislativos a debatir sobre los beneficios o daños que está dejando la Ley Especial sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas.
El exdiputado Ramón Veláasquez Nazar explicó que cuando aprobaron la ley fue para darles un mecanismo de investigación a los operadores de justicia para mejorar su trabajo. “No preocupa la escucha porque está amparada en ley siempre y cuando esté autorizada por un juez. El problema que veo aquí es la filtración que se ha dado en este caso tan sonado. Los afectados de la filtración están en todo su derecho de demandar al Ministerio Público”, manifestó Velásquez.
Y es que la conversación entre el magistrado Víctor Lozano y el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, es de dominio público a causa de una filtración por la que los responsables podrían purgar de seis a 10 años de prisión.
“Esta unidad de intervención no pertenece al Ministerio Público ni a la Policía Nacional, es parte de la Dirección de Inteligencia, y según esta ley, esta dirección no está obligada a rendir un informe de las intervenciones telefónicas que realiza. Hay muchos puntos que se deben controlar en esta ley”, aconsejó el exfiscal Eddy Tábora.
Hasta ahora se conoce que la conversación entre los funcionarios fue utilizada en un juicio por la Fiscalía.
