Tegucigalpa, Honduras.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) encontró indicios de enriquecimiento ilícito en varios oficiales de la Policía Nacional, cuyos expedientes fueron remitidos a ese organismo contralor por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp) entre 2012 y 2014.
Daisy de Anchecta, magistrada del TSC, informó a LA PRENSA que a pesar de las múltiples limitaciones de personal y logística, un equipo de auditores logró culminar las indagaciones relacionadas con cinco de los 17 expedientes enviados por la Diecp en los últimos dos años.
Aunque no precisó el número, la funcionaria adelantó que algunos de los oficiales no pudieron justificar sus fortunas con los ingresos regulares y de otras actividades legales percibidas durante su tiempo de servicio en el estamento policial.
“Los informes están en el dictamen de las direcciones, porque antes de sacarlos hay que emitir los dictámenes técnicos y legales para que todo vaya conforme a los fundamentos legales y las leyes aplicables para ver si cumplen los requerimientos de la aportación de la prueba”, explicó la funcionaria.
Una fuente del organismo confió que la mayoría de los informes son negativos para los policías, pero por lo pronto se sigue el proceso legal para que puedan desvanecerlos y el siguiente paso será enviar la documentación al Ministerio Público para que emprenda las acciones legales a efecto de deducir responsabilidades por la comisión de ese delito.
No obstante, Anchecta aclaró que la etapa de presentación de pruebas de los investigados ya concluyó y en este momento se está en la fase de revisión y de firma de los documentos por parte de la presidencia del TSC.
Indicó que en el caso de encontrarse enriquecimiento se notificará al responsable y este tendrá 45 días calendario para impugnar la resolución y después se pasará a la etapa de debate con los medios probatorios del imputado y los que aporte el organismo contralor.
“Después pasa otra vez a dictamen de las direcciones, ya viendo las pruebas de ellos más lo que aporte el Tribunal y después se emite otra resolución que es la de reposición que ahí es donde se declara el informe definitivo de enriquecimiento ilícito, si las pruebas que presentan no son suficientes”, dijo.
Por otra parte, la magistrada amplió que de los doce expedientes de la Diecp que quedan pendientes, hay seis que están en etapa de investigación y que si no hay atrasos estarán terminados en el menor tiempo posible.
Nuevos casos
Óscar Vásquez, titular de la Diecp, confirmó que en las próximas horas se remitirán seis nuevas investigaciones patrimoniales al TSC que implican a igual número de altos oficiales de la carrera policial que están entre escalas superior, ejecutiva y de inspección. Detalló que las investigaciones permitieron identificar una incongruencia patrimonial de alrededor de 50 millones de lempiras, es decir, dinero que los oficiales no pudieron justificar con sus ingresos mensuales de su trabajo y de otras actividades lícitas.
Anchecta apuntó que estas seis nuevas investigaciones serán incorporadas en el Plan Operativo Anual del próximo año y posiblemente el cotejamiento de datos comience a mediados de 2016.
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) encontró indicios de enriquecimiento ilícito en varios oficiales de la Policía Nacional, cuyos expedientes fueron remitidos a ese organismo contralor por la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (Diecp) entre 2012 y 2014.
Daisy de Anchecta, magistrada del TSC, informó a LA PRENSA que a pesar de las múltiples limitaciones de personal y logística, un equipo de auditores logró culminar las indagaciones relacionadas con cinco de los 17 expedientes enviados por la Diecp en los últimos dos años.
Aunque no precisó el número, la funcionaria adelantó que algunos de los oficiales no pudieron justificar sus fortunas con los ingresos regulares y de otras actividades legales percibidas durante su tiempo de servicio en el estamento policial.
“Los informes están en el dictamen de las direcciones, porque antes de sacarlos hay que emitir los dictámenes técnicos y legales para que todo vaya conforme a los fundamentos legales y las leyes aplicables para ver si cumplen los requerimientos de la aportación de la prueba”, explicó la funcionaria.
Una fuente del organismo confió que la mayoría de los informes son negativos para los policías, pero por lo pronto se sigue el proceso legal para que puedan desvanecerlos y el siguiente paso será enviar la documentación al Ministerio Público para que emprenda las acciones legales a efecto de deducir responsabilidades por la comisión de ese delito.
No obstante, Anchecta aclaró que la etapa de presentación de pruebas de los investigados ya concluyó y en este momento se está en la fase de revisión y de firma de los documentos por parte de la presidencia del TSC.
Indicó que en el caso de encontrarse enriquecimiento se notificará al responsable y este tendrá 45 días calendario para impugnar la resolución y después se pasará a la etapa de debate con los medios probatorios del imputado y los que aporte el organismo contralor.
“Después pasa otra vez a dictamen de las direcciones, ya viendo las pruebas de ellos más lo que aporte el Tribunal y después se emite otra resolución que es la de reposición que ahí es donde se declara el informe definitivo de enriquecimiento ilícito, si las pruebas que presentan no son suficientes”, dijo.
Por otra parte, la magistrada amplió que de los doce expedientes de la Diecp que quedan pendientes, hay seis que están en etapa de investigación y que si no hay atrasos estarán terminados en el menor tiempo posible.
Nuevos casos
Óscar Vásquez, titular de la Diecp, confirmó que en las próximas horas se remitirán seis nuevas investigaciones patrimoniales al TSC que implican a igual número de altos oficiales de la carrera policial que están entre escalas superior, ejecutiva y de inspección. Detalló que las investigaciones permitieron identificar una incongruencia patrimonial de alrededor de 50 millones de lempiras, es decir, dinero que los oficiales no pudieron justificar con sus ingresos mensuales de su trabajo y de otras actividades lícitas.
Anchecta apuntó que estas seis nuevas investigaciones serán incorporadas en el Plan Operativo Anual del próximo año y posiblemente el cotejamiento de datos comience a mediados de 2016.