Tegucigalpa, Honduras
La entrega del empresario y político Yani Rosenthal Hidalgo a la justicia de Estados Unidos para responder a las acusaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico es un nuevo episodio en la causa que la Fiscalía de EUA le abrió a él y dos miembros de su familia en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York.
A partir de la información que ha trascendido, Yani habría aceptado entregarse a esa judicatura asumiendo la responsabilidad del blanqueo de dinero del narcotráfico, pero eximiendo a su padre Jaime Rosenthal Oliva de las operaciones ilegales realizadas a través de varias de sus empresas.
Una fuente del Ministerio Público declaró el viernes a LA PRENSA que su entrega obedeció justamente a las recomendaciones de su equipo de abogados y en un intento por evitar un “inminente” proceso de extradición a los Estados Unidos.
Indicó además que con su presentación voluntaria el exdiputado y exprecandidato presidencial habría buscado evitarle a su progenitor una penosa captura y un extenuante y azaroso proceso judicial en EUA, dada su precaria condición de salud.
Yani (de 50 años), su padre Jaime (79), su primo Yankel Rosenthal (47) y su abogado Andrés Acosta García (40), así como siete de las empresas del Grupo Continental, fueron acusados el 7 de octubre pasado por el Departamento del Tesoro de operaciones de blanqueo de dinero de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes entre los años 2004 y 2015.
También fueron incluidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) en la lista negra de la Ley Kingpin, que señala a los cabecillas extranjeros del narcotráfico.
Yankel, exdiputado y exministro de Inversiones del actual Gobierno, fue arrestado el recién pasado 6 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Miami, adonde llegó procedente de San Pedro Sula.
Al día siguiente compareció en la corte federal de esa misma ciudad, de donde un juez trasladó su causa por “lavado de dinero y corrupción pública” a la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Hasta la semana anterior aún no se había programado una fecha para su audiencia judicial en esa corte, en la que también están acusados por la Fiscalía de EUA su primo y su tío por haber “utilizado el sistema bancario hondureño y sus negocios para lavar las ganancias de narcóticos traficados a los EUA”. Oficialmente, la Corte tampoco ha hecho pública información sobre el proceso contra los Rosenthal y en torno a la entrega del mayor de los hijos del jefe del clan y presidente del Grupo Continental.
Sin beneficios
Juristas y expertos en materia penal consultados por Diario LA PRENSA indicaron que la entrega de Yani plantea nuevos escenarios; pero tampoco implica beneficios legales para los acusados dada la rigurosidad de la justicia estadounidenese.
German Leitzelar, jurista y actual miembro de la comisión interventora del Seguro Social, explicó que la presentación voluntaria de Yani no implica ningún beneficio, atenuante o eximente en el juicio y lo único que evidencia es la voluntad moral de enfrentar la justicia con las pruebas que sustentan su inocencia.
“Si él tiene las pruebas con que sustente al presentarse, eso puede permitir ante el juez la valoración para emitir un fallo favorable o desfavorable dependiendo de cuáles son las pruebas que tenga la parte acusadora o la defensa”, dijo.
Explicó que en Estados Unidos se puede abrir un juicio bajo un procedimiento rápido o con un jurado que puede ser público y que por consiguiente tarda más tiempo.
El profesional indicó que para este tipo de delitos la justicia de EUA tipifica penas de 20 años de prisión y multas que van de los 500,000 hasta los cinco y diez millones de dólares.
En ese sentido, detalló que una opción que tienen los Rosenthal es proporcionar información que lleve a desarticular otras redes de lavado de dinero y que en caso de ser encontrados culpables les permita una reducción de la pena, tal como ha ocurrido con Los Cachiros, Carlos el Negro Lobo y los hermanos Valle Valle.
“Si dan información veraz y que permita alcanzar a otros responsables de los hechos, en eso sí la ley norteamericana da la posibilidad de permitir acuerdos o arreglos que les puedan disminuir la pena o las multas; pero lo que no hay es eximentes de responsabilidad salvo que pruebe plenamente que no cometió los delitos”, dijo.
Humberto Palacios Moya, exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) y exdirector de fiscales del Ministerio Público, opinó que con su entrega Yani se adelantó a evitar el escándalo de la extradición, porque si están acusados por la Ofac, de un momento a otro el Gobierno de EUA iba solicitar su extradición.
“Yo creo que él prefirió entregarse para evitar el escándalo”, estimó.
Palacios Moya consideró que con todas las acciones tomadas por Estados Unidos, el imperio económico de los Rosenthal está acabado y no hay manera de que puedan recuperarlo, por lo que solo les queda demostrar su inocencia y lograr que a largo plazo les devuelvan sus bienes.
“La única opción que tienen es alegar y probar su inocencia y una vez que prueben su inocencia pedir a Estados Unidos y al Estado de Honduras que les devuelvan todos sus bienes”, finalizó el abogado y exfuncionario público.
La entrega del empresario y político Yani Rosenthal Hidalgo a la justicia de Estados Unidos para responder a las acusaciones de lavado de activos provenientes del narcotráfico es un nuevo episodio en la causa que la Fiscalía de EUA le abrió a él y dos miembros de su familia en una corte federal del Distrito Sur de Nueva York.
A partir de la información que ha trascendido, Yani habría aceptado entregarse a esa judicatura asumiendo la responsabilidad del blanqueo de dinero del narcotráfico, pero eximiendo a su padre Jaime Rosenthal Oliva de las operaciones ilegales realizadas a través de varias de sus empresas.
Una fuente del Ministerio Público declaró el viernes a LA PRENSA que su entrega obedeció justamente a las recomendaciones de su equipo de abogados y en un intento por evitar un “inminente” proceso de extradición a los Estados Unidos.
Indicó además que con su presentación voluntaria el exdiputado y exprecandidato presidencial habría buscado evitarle a su progenitor una penosa captura y un extenuante y azaroso proceso judicial en EUA, dada su precaria condición de salud.
Yani (de 50 años), su padre Jaime (79), su primo Yankel Rosenthal (47) y su abogado Andrés Acosta García (40), así como siete de las empresas del Grupo Continental, fueron acusados el 7 de octubre pasado por el Departamento del Tesoro de operaciones de blanqueo de dinero de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes entre los años 2004 y 2015.
También fueron incluidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) en la lista negra de la Ley Kingpin, que señala a los cabecillas extranjeros del narcotráfico.
Yankel, exdiputado y exministro de Inversiones del actual Gobierno, fue arrestado el recién pasado 6 de octubre en el Aeropuerto Internacional de Miami, adonde llegó procedente de San Pedro Sula.
Al día siguiente compareció en la corte federal de esa misma ciudad, de donde un juez trasladó su causa por “lavado de dinero y corrupción pública” a la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Hasta la semana anterior aún no se había programado una fecha para su audiencia judicial en esa corte, en la que también están acusados por la Fiscalía de EUA su primo y su tío por haber “utilizado el sistema bancario hondureño y sus negocios para lavar las ganancias de narcóticos traficados a los EUA”. Oficialmente, la Corte tampoco ha hecho pública información sobre el proceso contra los Rosenthal y en torno a la entrega del mayor de los hijos del jefe del clan y presidente del Grupo Continental.
Sin beneficios
Juristas y expertos en materia penal consultados por Diario LA PRENSA indicaron que la entrega de Yani plantea nuevos escenarios; pero tampoco implica beneficios legales para los acusados dada la rigurosidad de la justicia estadounidenese.
German Leitzelar, jurista y actual miembro de la comisión interventora del Seguro Social, explicó que la presentación voluntaria de Yani no implica ningún beneficio, atenuante o eximente en el juicio y lo único que evidencia es la voluntad moral de enfrentar la justicia con las pruebas que sustentan su inocencia.
“Si él tiene las pruebas con que sustente al presentarse, eso puede permitir ante el juez la valoración para emitir un fallo favorable o desfavorable dependiendo de cuáles son las pruebas que tenga la parte acusadora o la defensa”, dijo.
Explicó que en Estados Unidos se puede abrir un juicio bajo un procedimiento rápido o con un jurado que puede ser público y que por consiguiente tarda más tiempo.
El profesional indicó que para este tipo de delitos la justicia de EUA tipifica penas de 20 años de prisión y multas que van de los 500,000 hasta los cinco y diez millones de dólares.
En ese sentido, detalló que una opción que tienen los Rosenthal es proporcionar información que lleve a desarticular otras redes de lavado de dinero y que en caso de ser encontrados culpables les permita una reducción de la pena, tal como ha ocurrido con Los Cachiros, Carlos el Negro Lobo y los hermanos Valle Valle.
“Si dan información veraz y que permita alcanzar a otros responsables de los hechos, en eso sí la ley norteamericana da la posibilidad de permitir acuerdos o arreglos que les puedan disminuir la pena o las multas; pero lo que no hay es eximentes de responsabilidad salvo que pruebe plenamente que no cometió los delitos”, dijo.
Humberto Palacios Moya, exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi) y exdirector de fiscales del Ministerio Público, opinó que con su entrega Yani se adelantó a evitar el escándalo de la extradición, porque si están acusados por la Ofac, de un momento a otro el Gobierno de EUA iba solicitar su extradición.
“Yo creo que él prefirió entregarse para evitar el escándalo”, estimó.
Palacios Moya consideró que con todas las acciones tomadas por Estados Unidos, el imperio económico de los Rosenthal está acabado y no hay manera de que puedan recuperarlo, por lo que solo les queda demostrar su inocencia y lograr que a largo plazo les devuelvan sus bienes.
“La única opción que tienen es alegar y probar su inocencia y una vez que prueben su inocencia pedir a Estados Unidos y al Estado de Honduras que les devuelvan todos sus bienes”, finalizó el abogado y exfuncionario público.
