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Prisión para Zelaya por almacenamiento de armas

  • 15 octubre 2015 /

No obstante, el juez dictó sobreseimiento definitivo a favor del exdirector del IHSS por almacenamiento de municiones de guerra.

Tegucigalpa, Honduras

Mario Roberto Zelaya, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se presentó ayer a otra audiencia inicial, esta vez acusado por los delitos de almacenamiento ilegal de armas comerciales y de armas de guerra en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.

La audiencia comenzó a las 2:00 pm y se extendió hasta las 7:30 pm, en donde el juez resolvió dictar el auto de formal procesamiento con prisión preventiva por almacenamiento de armas de guerra y comerciales.

No obstante, el juez dictó sobreseimiento definitivo a favor de Zelaya por almacenamiento de municiones de guerra. En ese contexto, el Ministerio Público anunció en su Twitter @MP_Honduras que presentará en las próximas horas el recurso de apelación correspondiente.

Acusado

El exfuncionario guarda prisión desde hace un año en el Primer Batallón de Infantería por su presunta participación en varios actos de corrupción, por los cuales se le ha dictado seis autos de formal procesamiento con prisión preventiva.

En este caso de almacenamiento de armas comerciales y de guerra, la Fiscalía establece en su acusación que el 14 de febrero de 2014 allanaron la vivienda del acusado, ubicada en la colonia San Ignacio en la capital, y encontraron en su interior dos escopetas, miras telescópicas, cinco rifles y un fusil, de las cuales no se encontraron documentos.

Hasta en horas de la noche, Zelaya continuaba presente en la audiencia escuchando los argumentos del Ministerio Público y de su defensa que solicitaba al juez que se emitiera un sobreseimiento definitivo.

Sin embargo, al final, la defensa no pudo acreditar la inocencia de Zelaya en el almacenamiento de las armas, por lo que el juez ordenó que siga encarcelado por ese delito.

A Zelaya se le ha acusado por los delitos de cohecho pasivo impropio, lavado de activos, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude, violación de los deberes de los funcionarios, almacenamiento de armas de guerra y de fuego comercial, por el fallido programa de afiliación del migrante hondureño, transferencias ilícitas entre regímenes, coimas, empresas fachada, contratos y retención del impuesto sobre la renta a empleados.