Tegucigalpa, Honduras.
La deuda política y las aportaciones privadas que reciban los partidos políticos, sus candidatos, los movimientos internos y las candidaturas independientes serán auditadas y tendrán un techo máximo, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto de la nueva Ley sobre Transparencia, Control, Financiamiento y Patrimonio Político Electoral, remitido en días recientes al Congreso Nacional por la Presidencia de la República.
La iniciativa de ley, que consta de 34 artículos, tiene como fin primordial regular y auditar el financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos a fin de evitar la infiltración del dinero sucio del narcotráfico, el crimen organizado y de otras fuentes irregulares y de dudosa procedencia.
La propuesta a cuyo contenido tuvo acceso Diario LA PRENSA contempla una serie de disposiciones que obligan a los partidos y sus representantes a rendir informes pormenorizados y periódicos de sus ingresos y gastos a un ente independiente conocido como Oficina Nacional de Control Financiero del Financiamiento y Patrimonio Político Electoral.
Además contempla elevadas multas y sanciones penales y administrativas a los presidentes y tesoreros de los partidos políticos que no presenten en tiempo y forma sus estados financieros y que además utilicen cuentas secretas o que no estén debidamente registradas ante la Oficina Nacional de Control Financiero.
La deuda política y las aportaciones privadas que reciban los partidos políticos, sus candidatos, los movimientos internos y las candidaturas independientes serán auditadas y tendrán un techo máximo, de acuerdo a lo estipulado en el proyecto de la nueva Ley sobre Transparencia, Control, Financiamiento y Patrimonio Político Electoral, remitido en días recientes al Congreso Nacional por la Presidencia de la República.
La iniciativa de ley, que consta de 34 artículos, tiene como fin primordial regular y auditar el financiamiento de las campañas electorales y de los partidos políticos a fin de evitar la infiltración del dinero sucio del narcotráfico, el crimen organizado y de otras fuentes irregulares y de dudosa procedencia.
La propuesta a cuyo contenido tuvo acceso Diario LA PRENSA contempla una serie de disposiciones que obligan a los partidos y sus representantes a rendir informes pormenorizados y periódicos de sus ingresos y gastos a un ente independiente conocido como Oficina Nacional de Control Financiero del Financiamiento y Patrimonio Político Electoral.
Además contempla elevadas multas y sanciones penales y administrativas a los presidentes y tesoreros de los partidos políticos que no presenten en tiempo y forma sus estados financieros y que además utilicen cuentas secretas o que no estén debidamente registradas ante la Oficina Nacional de Control Financiero.
Donaciones
En lo que concierne a las donaciones y aportaciones, la propuesta contempla que las personas naturales y jurídicas podrán realizar cualquier tipo de aportación privada en efectivo o en especies a los partidos políticos, movimientos internos, precandidatos y candidatos, alianzas y candidaturas independientes.
Sin embargo, en cada período electoral, la suma de todas las aportaciones que realicen las personas naturales no podrá exceder los L500,000 y las jurídicas L 2.5 millones.
Estos valores o techos se ajustarán anualmente de acuerdo al índice de inflación anual del Banco Central de Honduras.
En lo concerniente a la deuda política que se entrega a los partidos por cada sufragio válido, el proyecto establece un techo de 25 lempiras que se revisará en cada proceso electoral en función del índice de inflación del país.
David Matamoros Batson, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que actualmente cada partido recibe 34 lempiras por voto, lo que representó en la última elección 93.3 millones de lempiras.
