San Pedro Sula, Honduras.
La población hondureña debe conocer a totalidad los recursos internacionales con los que cuenta para defender sus derechos, sin dejar de lado la responsabilidad primaria que tienen los organismos nacionales en ejercer el respeto a esos derechos.
Humberto Antonio Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estuvo en San Pedro Sula e hizo énfasis en esto y otras temáticas.
¿Investigan casos de violación de derechos humanos en Honduras?
Hay tres casos de Honduras pendientes de decisión en la Corte. Son relativamente pocos de todos los países que están asociados con nosotros. Son 500 millones de personas que hay en estos países y apenas unos 15 casos nos llegan al año que son decididos mediante sentencia.
¿Cuáles son estos casos que se estudian en Honduras?
Dos casos relacionados con derechos de comunidades afroamericanas, con particularidades tribales que son el caso de dos comunidades garífunas. El otro caso es relativo a los jueces hondureños; pero sobre ese particular está por decidirse y no podemos referirnos al respecto.
¿Cómo evalúa la CIDH el respeto a los derechos humanos en Centroamérica y Honduras?
Entiendo que siempre hay situaciones difíciles en materia de derechos humanos. Honduras tiene una situación compleja como en otros países, pero una evaluación general es complicado darla. Al comité le compete hablar de casos específicos de violación de derechos humanos, pero en general es imposible.
¿En qué casos puede recurrir un hondureño a la Corte Interamericana?
Primero, en materia de derechos humanos la entidad garante adonde se debe acudir es a las autoridades nacionales, Policía Nacional, Estado y los jueces. Esa es la manera como usualmente se le respeta los derechos humanos a las personas. En casos excepcionales en los que se considere que no se ha llegado a las instancias debidas, presentan sus solicitudes a través de Internet y en los medios de comunicación.
Nosotros (Corte) estudiamos la solicitud y tratamos de llegar a un acuerdo con el Estado. De no llegar a ese acuerdo, entonces la Corte condena al Estado por esa situación.
La población hondureña debe conocer a totalidad los recursos internacionales con los que cuenta para defender sus derechos, sin dejar de lado la responsabilidad primaria que tienen los organismos nacionales en ejercer el respeto a esos derechos.
Humberto Antonio Sierra Porto, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estuvo en San Pedro Sula e hizo énfasis en esto y otras temáticas.
¿Investigan casos de violación de derechos humanos en Honduras?
Hay tres casos de Honduras pendientes de decisión en la Corte. Son relativamente pocos de todos los países que están asociados con nosotros. Son 500 millones de personas que hay en estos países y apenas unos 15 casos nos llegan al año que son decididos mediante sentencia.
¿Cuáles son estos casos que se estudian en Honduras?
Dos casos relacionados con derechos de comunidades afroamericanas, con particularidades tribales que son el caso de dos comunidades garífunas. El otro caso es relativo a los jueces hondureños; pero sobre ese particular está por decidirse y no podemos referirnos al respecto.
¿Cómo evalúa la CIDH el respeto a los derechos humanos en Centroamérica y Honduras?
Entiendo que siempre hay situaciones difíciles en materia de derechos humanos. Honduras tiene una situación compleja como en otros países, pero una evaluación general es complicado darla. Al comité le compete hablar de casos específicos de violación de derechos humanos, pero en general es imposible.
¿En qué casos puede recurrir un hondureño a la Corte Interamericana?
Primero, en materia de derechos humanos la entidad garante adonde se debe acudir es a las autoridades nacionales, Policía Nacional, Estado y los jueces. Esa es la manera como usualmente se le respeta los derechos humanos a las personas. En casos excepcionales en los que se considere que no se ha llegado a las instancias debidas, presentan sus solicitudes a través de Internet y en los medios de comunicación.
Nosotros (Corte) estudiamos la solicitud y tratamos de llegar a un acuerdo con el Estado. De no llegar a ese acuerdo, entonces la Corte condena al Estado por esa situación.
