San Pedro Sula, Honduras.
Preocupados reaccionaron los empresarios de la zona norte cuando al cotejar la nueva Ley de Protección Social, recién publicada en el diario oficial La Gaceta, encontraron diferencias de forma y fondo que cambian el espíritu a los artículos, que aseguran fueron consensuados y aprobados en el Congreso Nacional.
“Cuando sale impresa en La Gaceta procedimos a comparar artículo por artículo con las más de 10 horas de video de las tres sesiones que tuvo el Congreso Nacional para discutir y aprobar la Ley y hallamos las diferencias que muestran que se alteró y modificó”, señaló Pedro Barquero, director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).
Preocupados reaccionaron los empresarios de la zona norte cuando al cotejar la nueva Ley de Protección Social, recién publicada en el diario oficial La Gaceta, encontraron diferencias de forma y fondo que cambian el espíritu a los artículos, que aseguran fueron consensuados y aprobados en el Congreso Nacional.
“Cuando sale impresa en La Gaceta procedimos a comparar artículo por artículo con las más de 10 horas de video de las tres sesiones que tuvo el Congreso Nacional para discutir y aprobar la Ley y hallamos las diferencias que muestran que se alteró y modificó”, señaló Pedro Barquero, director de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).
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El grupo de técnicos de la CCIC que revisó la ley consensuada por la comisión tripartita, informó que una de las alteraciones más graves es la del artículo 19, el que al ser discutido dejaba un límite a las inversiones que podían hacer los institutos de previsión social en un 7% del patrimonio; pero en la ley publicada ese límite desapareció.
“Son preocupantes los hallazgos porque en el caso del artículo 19 quiere decir que ahora los institutos de previsión no van a tener límite en el uso de los activos. Habrá que verificar si hay otra ley que especifique los límites o si eso queda en arca abierta”, indicó Barquero.
“Queremos que se corrijan los errores que se cometieron con esta ley”, exigió.
Las alteraciones
Las rondas de negociaciones en el seno del Congreso Nacional con la Comisión de Dictamen provocaron cambios, algunos negociados y otros en los que estuvieron de acuerdo, pero todo en consenso. Sin embargo, en la ley ya publicada hay inconsistencias, según el sector empresarial. “No solo es el artículo 19, también el artículo 10 donde desapareció el compromiso que había hecho el Gobierno de invertir el 20% del impuesto sobre ventas en inversiones sociales. Eso se comprueba en el penúltimo párrafo”, explicó Barquero.
Ese párrafo establecía que “los valores aportados por el Estado al Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza en ningún caso podrá ser inferior al monto equivalente del 20% de la recaudación total del impuesto sobre venta recaudado en el período fiscal del año inmediato anterior”.
Sin embargo, el mismo párrafo publicado en La Gaceta no incluye el porcentaje y reza que “los valores aportados por el Estado al Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza deben ser revisados y ajustados anualmente por el Consejo Nacional de Coordinación y Articulación de Políticas Sociales (Concaps), a fin de que los mismos estén asociados al crecimiento económico y guarden el adecuado equilibrio entre las necesidades esenciales de la población atendida y la capacidad fiscal del Estado”. “Simplemente se deja un comentario que puede ser revisado y ajustado anualmente por el Consejo Nacional de Coordinación y Articulación de Políticas Sociales, con eso quiere decir que ahora puede invertir menos de ese 20%, que es lo que se había consensuado”, dice el director de la CCIC.
Los empresarios buscan sentar un precedente. “No vamos a permitir que se trastoquen leyes aprobadas, que cambian en el camino cuando van a ser publicadas en La Gaceta. Vamos a estar vigilantes en los procesos para asegurarnos que se respete el Estado de derecho”, advirtió Barquero.
Según Adolfo Facussé, expresidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), la normativa no establece de forma clara las aportaciones que harán tanto el Gobierno como los empresarios.
En ese sentido, la representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Tetey Martínez, indicó que se debe volver a analizar para buscar la manera de aminorar el impacto económico en las empresas.
Reacciona
Tomás Zambrano, quien firma como Secretario del Congreso Nacional la Ley publicada, asegura que las modificaciones se derivan de la participación de los diputados en la discusión. “El dictamen entra en la Cámara a aprobación donde se discute artículo por artículo y los diputados hacen las sugerencias, propuestas y agregados. Muchos son aceptados y eso modifica los artículos por las sugerencias que da el pleno”.
