San Pedro Sula, Honduras.
Dormido en la Corte Suprema de Justicia se encontraba el primer caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). El requerimiento que presentó el Ministerio Público contra la junta directiva del IHSS en enero de 2012 fue por la construcción del muro frontal del hospital regional en San Pedro Sula, el cual se hizo por medio de la contratación directa omitiendo la Ley de Contratación del Estado y aprobando la cantidad de L14,100,642.81.
Según las investigaciones de los fiscales sampedranos, el proyecto se comenzó dos años después y tenía un valor de L797,804, es decir que la obra se sobrevaloró en 13,302,838 lempiras.
Es por ello que la Fiscalía acusó a 17 personas por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros fraudes.
El caso fue reactivado por la Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, ya que en su momento, cuando se presentó la acusación en el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula y al evacuarse la audiencia inicial, el apoderado legal de uno de uno de los imputados interpuso un recurso alegando que su cliente se encontraba en ese momento ocupando un alto cargo en el Congreso Nacional y que el caso tenía que ser conocido por un Tribunal especial, por lo que permaneció tres años en la Corte Suprema de Justicia.
En vista de que al imputado ya se le terminó su período como funcionario, el caso se reabrió y será conocido por un juzgado común.
Sobrevaloración
El requerimiento fiscal establece que la construcción del muro fue fraccionada en cuatro partes, simulando ser cuatro proyectos diferentes.
El 9 de marzo de 2009 adjudicaron los cuatro proyectos a la empresa constructora Rentas y Servicios Técnicos S. de R.L., (Rensetec) por un monto de 847,290.59 lempiras cada uno haciendo un total de L3,089,162.36.
Según Rensetec la longitud del muro frontal era de 789.60 metros.
El avalúo que hizo el Ministerio Público a través de un ingeniero civil estableció que el cerco realmente mide 284.93 metros lineales y tiene un valor real de L797,804, por lo que la obra se sobrevaloró y de esta manera se defraudó al Estado.
El documento fiscal indica que Rensetec se constituyó como empresa constructora el 23 de octubre de 2006 y se comprometió a construir los 197.40 metros lineales por cada uno de los módulos haciendo un total de cuatro y a entregarlo el 2 de noviembre de 2009.
Pruebas
La Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, entre las pruebas que tiene para acreditar la participación de los ahora acusados del delito son el informe de auditoría, acta número 2484-2007 de la sesión extraordinaria celebrada por la junta directiva del IHSS donde declararon como un estado de emergencia.
Además de un informe de auditoría practicada por los peritos del Ministerio Público que señalan puntualmente la participación de cada uno de los imputados.
Se cuenta también con declaraciones de varios testigos.
Dormido en la Corte Suprema de Justicia se encontraba el primer caso de corrupción del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). El requerimiento que presentó el Ministerio Público contra la junta directiva del IHSS en enero de 2012 fue por la construcción del muro frontal del hospital regional en San Pedro Sula, el cual se hizo por medio de la contratación directa omitiendo la Ley de Contratación del Estado y aprobando la cantidad de L14,100,642.81.
Según las investigaciones de los fiscales sampedranos, el proyecto se comenzó dos años después y tenía un valor de L797,804, es decir que la obra se sobrevaloró en 13,302,838 lempiras.
Es por ello que la Fiscalía acusó a 17 personas por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros fraudes.
El caso fue reactivado por la Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, ya que en su momento, cuando se presentó la acusación en el Juzgado de Letras de lo Penal de San Pedro Sula y al evacuarse la audiencia inicial, el apoderado legal de uno de uno de los imputados interpuso un recurso alegando que su cliente se encontraba en ese momento ocupando un alto cargo en el Congreso Nacional y que el caso tenía que ser conocido por un Tribunal especial, por lo que permaneció tres años en la Corte Suprema de Justicia.
En vista de que al imputado ya se le terminó su período como funcionario, el caso se reabrió y será conocido por un juzgado común.
 El Ministerio Público en sus investigaciones establece que la obra no fue licitada.
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El requerimiento fiscal establece que la construcción del muro fue fraccionada en cuatro partes, simulando ser cuatro proyectos diferentes.
El 9 de marzo de 2009 adjudicaron los cuatro proyectos a la empresa constructora Rentas y Servicios Técnicos S. de R.L., (Rensetec) por un monto de 847,290.59 lempiras cada uno haciendo un total de L3,089,162.36.
Según Rensetec la longitud del muro frontal era de 789.60 metros.
El avalúo que hizo el Ministerio Público a través de un ingeniero civil estableció que el cerco realmente mide 284.93 metros lineales y tiene un valor real de L797,804, por lo que la obra se sobrevaloró y de esta manera se defraudó al Estado.
El documento fiscal indica que Rensetec se constituyó como empresa constructora el 23 de octubre de 2006 y se comprometió a construir los 197.40 metros lineales por cada uno de los módulos haciendo un total de cuatro y a entregarlo el 2 de noviembre de 2009.
Pruebas
La Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, entre las pruebas que tiene para acreditar la participación de los ahora acusados del delito son el informe de auditoría, acta número 2484-2007 de la sesión extraordinaria celebrada por la junta directiva del IHSS donde declararon como un estado de emergencia.
Además de un informe de auditoría practicada por los peritos del Ministerio Público que señalan puntualmente la participación de cada uno de los imputados.
Se cuenta también con declaraciones de varios testigos.
