Tegucigalpa, Honduras.
El flagelo de la extorsión en Honduras sigue rondando a los hondureños; aunque ahora ya no impera la impunidad.
Las penas contenidas en el Código Penal hondureño se reformaron para endurecer el castigo a quienes cometen este delito.
Actualmente se establace en el artículo 222 de este Código la pena de 15 a 20 años de reclusión y una multa de 50 salarios mínimos a la persona que se dedique a este ílicito.
De igual manera, si el delito es continuo, la pena puede rondar de 20 a 33 años de cárcel y el pago de 83.3 salarios mínimos. Sin embargo, la ley estipula que quien cometa extorsión y mate a su víctima o a alguno de los parientes de la víctima será condenado a cadena perpetua.
Asimismo, en este mismo artículo se hizo una reforma adicional que penaliza el delito del chantaje, detallado como aquel acto que utilizando amenzas o violación y divulgación de secretos con perjuicio en uno u otro caso para el ofendido exigiere la entrega de una cantidad de dinero u otros bienes.
Esta persona incurrirá en el castigo de reclusión por 6 a 12 años.
Las penas referidas se aumentarán en un tercio cuando el culpable fuere un servidor público.
Prohibición
Tomás Zambrano, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, explicó que a una persona acusada de extorsión no se le podrá dictar medidas cautelares.
“Aparte de las penas que alcanzan hasta cadena perpetua, el delito de extorsión está en el catálogo de prohibición de otorgamiento de medidas cautelares, es decir, ningún juez podrá otorgar medidas cautelares y el acusado deberá llevar el juicio bajo prisión preventiva”, agregó el parlamentario.
Comentó que están redactando un nuevo Código Penal, pero algunas figuras delictivas no se modificarán, como el caso del delito de extorsión porque hace poco se hizo la reforma.
Expuso que hasta el momento las penas para castigar este flagelo han sido efectivas y sirven como un disuasivo social.
Zambrano determinó que lo que sigue ahora es fortalecer los organismos de investigación, la certificación de los cuerpos antiextorsión que están dando resultados y la impotancia de los equipos tecnológicos para detectar llamadas y capturar los delincuentes.
“Estamos en la etapa de seguir el fortalecimiento de los entes investigadores para llevar a cabo las capturas de las personas que se dedican a la extorsión”, manifestó el diputado.
Sentencias
Norma Moreno, portavoz de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), calculó que en lo que va de este año se han dictado unas 168 sentencias condenatorias que abarcan a adultos y menores.
Indicó que las bandas utilizan a menores de edad para negociar y cobrar la extorsión.
“De los detenidos por este delito, el 30% son menores. Ellos son utilizados para negociar y cobrar la extorsión porque en su caso son menores infractores y lo que cometen es un falta y solo reciben una sanción”, apuntó.
Las sanciones para un menor oscilan entre 2 a 8 años de permanencia en centros de internamiento, en los que aprenden diversos oficios para luego reincorporarse a la sociedad.
Según estudios de la FNA, la participación de los menores de edad en este hecho ílicito obedece a que tienen un familiar u otra persona cercana dedicados a este delito.
“Atrás de un menor infractor hay un adulto inductor, generalmente eso es lo que ocurre”, dijo.
Otros factores que influyen en el adolescente es la falta de valores, ausencia de comprensión en el hogar, ser de una familia desintegrada.
Hay casos que lo hacen por amenazas o presiones por parte de las maras, de acuerdo con la zona adonde viven.
Moreno apuntó que es fundamental que una persona que está siendo víctima de extorsión denuncie ante las autoridades de la FNA; de los contrario no se podrá capturar a los responsables y bajar cifras de este delito.
Aseguró que siempre se da protección a las víctimas que denuncian la extorsión y se presentan bajo la figura del testigo protegido. Hasta la fecha, de todas las personas que han denunciado el delito en la FNA no han tenido ningún tipo de repercusiones.
Conjuntamente, un oficial de la FNA aclaró que esta unidad es autónoma y no tiene injerencias de nadie.
Está integrada por personal del Minsiterio Público, Policía Nacional y Fuerzas Armadas y depende de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado (DNII).
Cada miembro que labora en la FNA es sometido a las pruebas de confianza: el polígrafo, toxicológicas, patrimoniales y sicológicas.
Afirmó que la mayoría de casos que atienden son procesos judicializados que obtienen sentencias firmes porque la unidad presentan pruebas cotundentes en los juicios de los acusados.
El flagelo de la extorsión en Honduras sigue rondando a los hondureños; aunque ahora ya no impera la impunidad.
Las penas contenidas en el Código Penal hondureño se reformaron para endurecer el castigo a quienes cometen este delito.
Actualmente se establace en el artículo 222 de este Código la pena de 15 a 20 años de reclusión y una multa de 50 salarios mínimos a la persona que se dedique a este ílicito.
De igual manera, si el delito es continuo, la pena puede rondar de 20 a 33 años de cárcel y el pago de 83.3 salarios mínimos. Sin embargo, la ley estipula que quien cometa extorsión y mate a su víctima o a alguno de los parientes de la víctima será condenado a cadena perpetua.
Asimismo, en este mismo artículo se hizo una reforma adicional que penaliza el delito del chantaje, detallado como aquel acto que utilizando amenzas o violación y divulgación de secretos con perjuicio en uno u otro caso para el ofendido exigiere la entrega de una cantidad de dinero u otros bienes.
Esta persona incurrirá en el castigo de reclusión por 6 a 12 años.
Las penas referidas se aumentarán en un tercio cuando el culpable fuere un servidor público.
Prohibición
Tomás Zambrano, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, explicó que a una persona acusada de extorsión no se le podrá dictar medidas cautelares.
“Aparte de las penas que alcanzan hasta cadena perpetua, el delito de extorsión está en el catálogo de prohibición de otorgamiento de medidas cautelares, es decir, ningún juez podrá otorgar medidas cautelares y el acusado deberá llevar el juicio bajo prisión preventiva”, agregó el parlamentario.
Comentó que están redactando un nuevo Código Penal, pero algunas figuras delictivas no se modificarán, como el caso del delito de extorsión porque hace poco se hizo la reforma.
Expuso que hasta el momento las penas para castigar este flagelo han sido efectivas y sirven como un disuasivo social.
Zambrano determinó que lo que sigue ahora es fortalecer los organismos de investigación, la certificación de los cuerpos antiextorsión que están dando resultados y la impotancia de los equipos tecnológicos para detectar llamadas y capturar los delincuentes.
“Estamos en la etapa de seguir el fortalecimiento de los entes investigadores para llevar a cabo las capturas de las personas que se dedican a la extorsión”, manifestó el diputado.
Sentencias
Norma Moreno, portavoz de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), calculó que en lo que va de este año se han dictado unas 168 sentencias condenatorias que abarcan a adultos y menores.
Indicó que las bandas utilizan a menores de edad para negociar y cobrar la extorsión.
“De los detenidos por este delito, el 30% son menores. Ellos son utilizados para negociar y cobrar la extorsión porque en su caso son menores infractores y lo que cometen es un falta y solo reciben una sanción”, apuntó.
Las sanciones para un menor oscilan entre 2 a 8 años de permanencia en centros de internamiento, en los que aprenden diversos oficios para luego reincorporarse a la sociedad.
Según estudios de la FNA, la participación de los menores de edad en este hecho ílicito obedece a que tienen un familiar u otra persona cercana dedicados a este delito.
“Atrás de un menor infractor hay un adulto inductor, generalmente eso es lo que ocurre”, dijo.
Otros factores que influyen en el adolescente es la falta de valores, ausencia de comprensión en el hogar, ser de una familia desintegrada.
Hay casos que lo hacen por amenazas o presiones por parte de las maras, de acuerdo con la zona adonde viven.
Moreno apuntó que es fundamental que una persona que está siendo víctima de extorsión denuncie ante las autoridades de la FNA; de los contrario no se podrá capturar a los responsables y bajar cifras de este delito.
Aseguró que siempre se da protección a las víctimas que denuncian la extorsión y se presentan bajo la figura del testigo protegido. Hasta la fecha, de todas las personas que han denunciado el delito en la FNA no han tenido ningún tipo de repercusiones.
Conjuntamente, un oficial de la FNA aclaró que esta unidad es autónoma y no tiene injerencias de nadie.
Está integrada por personal del Minsiterio Público, Policía Nacional y Fuerzas Armadas y depende de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia del Estado (DNII).
Cada miembro que labora en la FNA es sometido a las pruebas de confianza: el polígrafo, toxicológicas, patrimoniales y sicológicas.
Afirmó que la mayoría de casos que atienden son procesos judicializados que obtienen sentencias firmes porque la unidad presentan pruebas cotundentes en los juicios de los acusados.
