Tegucigalpa, Honduras.
Nuevas medidas adoptará el Gobierno para finalizar el proceso de limpieza y depuración en el Interior del instituto de la Propiedad (IP).
Esto luego de la detención de varios empleados involucrados en el robo de recursos públicos mediante la elaboración de una planilla fantasma.
El presidente del consejo directivo del IP, Ebal Díaz, advirtió que el proceso de depuración seguirá dentro de la institución.
Y es que, según el Gobierno, todavía hay personal en el IP que está involucrado en irregularidades tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula y La Ceiba. Mencionó que hay informes sobre empleados que siguen cobrando coimas para agilizar trámites a empresarios, lo cual pone el peligro la seguridad jurídica y las inversiones en el país.
El funcionario reconoció que aunque se ha realizado un trabajo “fuerte” en la institución, “todavía queda algún personal” que en su debido momento tendrá que responder ante la autoridad.
El Gobierno intervino desde el año anterior la administración del IP ante una serie de denuncias e irregularidades detectadas en la institución.
Figuran aspectos como la emisión fraudulenta de títulos de propiedad, extravío de expedientes, adulteración de folios, falsificación de firmas y hasta cobros indebidos para agilizar trámites.
Por ahora, nueve empleados y funcionarios del IP enfrentan un proceso judicial por duplicar una planilla de pago y drenar los recursos públicos.
Nuevas medidas adoptará el Gobierno para finalizar el proceso de limpieza y depuración en el Interior del instituto de la Propiedad (IP).
Esto luego de la detención de varios empleados involucrados en el robo de recursos públicos mediante la elaboración de una planilla fantasma.
El presidente del consejo directivo del IP, Ebal Díaz, advirtió que el proceso de depuración seguirá dentro de la institución.
Y es que, según el Gobierno, todavía hay personal en el IP que está involucrado en irregularidades tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula y La Ceiba. Mencionó que hay informes sobre empleados que siguen cobrando coimas para agilizar trámites a empresarios, lo cual pone el peligro la seguridad jurídica y las inversiones en el país.
El funcionario reconoció que aunque se ha realizado un trabajo “fuerte” en la institución, “todavía queda algún personal” que en su debido momento tendrá que responder ante la autoridad.
El Gobierno intervino desde el año anterior la administración del IP ante una serie de denuncias e irregularidades detectadas en la institución.
Figuran aspectos como la emisión fraudulenta de títulos de propiedad, extravío de expedientes, adulteración de folios, falsificación de firmas y hasta cobros indebidos para agilizar trámites.
Por ahora, nueve empleados y funcionarios del IP enfrentan un proceso judicial por duplicar una planilla de pago y drenar los recursos públicos.