Tegucigalpa, Honduras.
Las reacciones han sido diversas en torno a los actos de corrupción en los que se está viendo envuelta la exsecretaria general de Salud, Cristina Díaz. El caso se basa en la venta sobrevalorada de medicamentos durante la administración 2010-2014.
Carlos Henández, coordinador de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), y representante Transparencia Internacional, aseguró que es un acto “condenable” y exigen una respuesta inmediata por parte del Ministerio Público (MP), en materia de medidas penales o administrativas.
“Condenamos esa acción, demandamos una respuesta inmediata del Ministerio Público, pero también sanción administrativa de parte de la Secretaría de Salud, creemos que estos actos no deben seguir pasando”, dijo Hernández.
Declaró que actos como la sobrevaloración de medicamentos y procesos irregulares con las licitaciones demuestran que el tráfico de influencias está presente en la administración pública.
“Esto demuestra cómo el tráfico de influencias es un acto normal que condenamos y esperamos que el Gobierno de Honduras pueda trabajar para lograr fortalecer las instituciones y evitar que actos como estos sigan sucediendo en la administración pública”, dijo. Además señaló que, si bien el caso está actualmente en manos del Ministerio Público, la Secretaría de Salud debe ser la que presione de manera constante para que se resuelva el caso.
También dijo que está a la espera de que se tomen acciones penales o administrativas a fin de que el hecho no quede en la impunidad.
“Es responsabilidad en este momento del Ministerio Público, hay que demandar que actúe. La Secretaría de Salud debe ser la más interesada en presionar la investigación y que al final se llegue hasta lo último y se deduzcan responsabilidades, ya sean penales o administrativas”, afirmó.
Señaló también que aunque la estafa se realizó en un Gobierno anterior, fue en esta administración en la que la exfuncionaria llegó a ocupar un cargo importante dentro de la entidad sanitaria y de ahí debe salir la petición constante de respuestas por parte de Salud.
En cuanto a la interrogante hecha sobre si la institución dará seguimiento al caso, declaró que se unirán a las acciones realizadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en la resolución del incidente.
Las reacciones han sido diversas en torno a los actos de corrupción en los que se está viendo envuelta la exsecretaria general de Salud, Cristina Díaz. El caso se basa en la venta sobrevalorada de medicamentos durante la administración 2010-2014.
Carlos Henández, coordinador de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), y representante Transparencia Internacional, aseguró que es un acto “condenable” y exigen una respuesta inmediata por parte del Ministerio Público (MP), en materia de medidas penales o administrativas.
“Condenamos esa acción, demandamos una respuesta inmediata del Ministerio Público, pero también sanción administrativa de parte de la Secretaría de Salud, creemos que estos actos no deben seguir pasando”, dijo Hernández.
Declaró que actos como la sobrevaloración de medicamentos y procesos irregulares con las licitaciones demuestran que el tráfico de influencias está presente en la administración pública.
“Esto demuestra cómo el tráfico de influencias es un acto normal que condenamos y esperamos que el Gobierno de Honduras pueda trabajar para lograr fortalecer las instituciones y evitar que actos como estos sigan sucediendo en la administración pública”, dijo. Además señaló que, si bien el caso está actualmente en manos del Ministerio Público, la Secretaría de Salud debe ser la que presione de manera constante para que se resuelva el caso.
También dijo que está a la espera de que se tomen acciones penales o administrativas a fin de que el hecho no quede en la impunidad.
“Es responsabilidad en este momento del Ministerio Público, hay que demandar que actúe. La Secretaría de Salud debe ser la más interesada en presionar la investigación y que al final se llegue hasta lo último y se deduzcan responsabilidades, ya sean penales o administrativas”, afirmó.
Señaló también que aunque la estafa se realizó en un Gobierno anterior, fue en esta administración en la que la exfuncionaria llegó a ocupar un cargo importante dentro de la entidad sanitaria y de ahí debe salir la petición constante de respuestas por parte de Salud.
En cuanto a la interrogante hecha sobre si la institución dará seguimiento al caso, declaró que se unirán a las acciones realizadas por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en la resolución del incidente.
