San Pedro Sula, Honduras.
Los empresarios hondureños se encuentran a la expectativa por la resolución que emitirá la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en los próximos días respecto al recurso de inconstitucionalidad sobre el cuestionado 1.5% del impuesto sobre la renta (ISR) y temen posibles injerencias políticas en el caso.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) interpuso dicho recurso hace un año por considerar que el decreto, en vigencia desde enero de 2014, afecta la inversión extranjera en el país y es una medida confiscatoria para las utilidades de las compañías nacionales.
“Honduras no es una isla. Competimos a nivel regional y ese impuesto pone en franca desventaja a nuestro país y por ende la seguridad de los empleos”, expresó Luis Larach, expresidente del Cohep.
“Esperamos que se falle de acuerdo con la ley y no haya ninguna injerencia política”.
Campaña de desprestigio
El 1.5% sobre el ISR ha provocado un enfrentamiento entre el Gobierno y la cúpula empresarial luego de que la titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Miriam Guzmán, considerara que no existen razones para que la Sala de lo Constitucional falle a favor de los empresarios.
“No hay fundamentos para creer que esta es una doble imposición, que es una medida confiscatoria o inconstitucional”, afirmó la funcionaria. Además, Guzmán estima que un fallo negativo de la CSJ puede generar un impacto en las finanzas del Estado y demandaría un esfuerzo adicional para auditar las compañías.
Los empresarios aseguran que se debe respetar la posición del sector privado. “El argumento que ha utilizado el Gobierno es que la empresa que tiene dificultades para cumplir sus obligaciones económicas es evasora y eso no es cierto. No se debe tratar de desprestigiar a la empresa privada de esa forma”, puntualizó Larach.
“El empresariado hondureño, pequeño, mediano y grande, es muy respetuoso de la ley y es el más gravado de Centroamérica. Todo el que trata de defender sus derechos y su empresa aquí se le trata de defraudar y no es justo”, recalcó.
Larach estima que mientras esta ley esté vigente continuará generando pérdidas y por ende más desempleos en el país. “Debemos enfocarnos en la sostenibilidad del sector privado y las inversiones”.
Castigo para los evasores
El empresariado propone al Gobierno una alternativa para el polémico 1.5% que consiste en fiscalizar a las empresas que no cumplan sus obligaciones. En tanto, para aquellas que intenten evadir al fisco la solución más apropiada, en palabras de Larach, es que las auditen y si se comprueba que no están cumpliendo sus impuestos, “que les caiga todo el peso de la ley”.
Los empresarios hondureños se encuentran a la expectativa por la resolución que emitirá la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en los próximos días respecto al recurso de inconstitucionalidad sobre el cuestionado 1.5% del impuesto sobre la renta (ISR) y temen posibles injerencias políticas en el caso.
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) interpuso dicho recurso hace un año por considerar que el decreto, en vigencia desde enero de 2014, afecta la inversión extranjera en el país y es una medida confiscatoria para las utilidades de las compañías nacionales.
“Honduras no es una isla. Competimos a nivel regional y ese impuesto pone en franca desventaja a nuestro país y por ende la seguridad de los empleos”, expresó Luis Larach, expresidente del Cohep.
“Esperamos que se falle de acuerdo con la ley y no haya ninguna injerencia política”.
Campaña de desprestigio
El 1.5% sobre el ISR ha provocado un enfrentamiento entre el Gobierno y la cúpula empresarial luego de que la titular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Miriam Guzmán, considerara que no existen razones para que la Sala de lo Constitucional falle a favor de los empresarios.
“No hay fundamentos para creer que esta es una doble imposición, que es una medida confiscatoria o inconstitucional”, afirmó la funcionaria. Además, Guzmán estima que un fallo negativo de la CSJ puede generar un impacto en las finanzas del Estado y demandaría un esfuerzo adicional para auditar las compañías.
Los empresarios aseguran que se debe respetar la posición del sector privado. “El argumento que ha utilizado el Gobierno es que la empresa que tiene dificultades para cumplir sus obligaciones económicas es evasora y eso no es cierto. No se debe tratar de desprestigiar a la empresa privada de esa forma”, puntualizó Larach.
“El empresariado hondureño, pequeño, mediano y grande, es muy respetuoso de la ley y es el más gravado de Centroamérica. Todo el que trata de defender sus derechos y su empresa aquí se le trata de defraudar y no es justo”, recalcó.
Larach estima que mientras esta ley esté vigente continuará generando pérdidas y por ende más desempleos en el país. “Debemos enfocarnos en la sostenibilidad del sector privado y las inversiones”.
Castigo para los evasores
El empresariado propone al Gobierno una alternativa para el polémico 1.5% que consiste en fiscalizar a las empresas que no cumplan sus obligaciones. En tanto, para aquellas que intenten evadir al fisco la solución más apropiada, en palabras de Larach, es que las auditen y si se comprueba que no están cumpliendo sus impuestos, “que les caiga todo el peso de la ley”.
