El Ministerio Público de Honduras presentó el martes al menos 17 requerimientos fiscales contra funcionarios y ex funcionarios del Instituto de la Propiedad (IP).
Los señalados están siendo judicializados por varios casos de corrupción en el ente estatal.
El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, manifestó su beneplácito por la acción judicial y recordó que durante su administración se intervino el ente y nombró como jefe del grupo especial a cargo a Ebal Díaz, asesor presidencial y secretario del Consejo de Ministros.
Organismos no gubernamentales han interpuesto varias denuncias por actos de corrupción y abusos de autoridad.
Entre las irregularidades denunciadas están la emisión de títulos falsos de propiedad, despojando a propietarios legítimos de sus bienes, así como extravió de expedientes y adulteración de documentos y falsificación de firmas, entre otras.