Tegucigalpa, Honduras.
Los casos de corrupción y crímenes de alto impacto, cuyos avances investiga una comisión multipartidaria del Congreso Nacional, ocurrieron durante los gobiernos de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) y Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y la mayoría de ellos están impunes.
Se trata de al menos 12 expedientes que en los últimos nueve años estuvieron engavetados por el Ministerio Público, con excepción del más reciente escándalo del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).
La junta directiva del Congreso, en un intento por acallar los señalamientos de la oposición contra el Partido Nacional en el sentido de haber recibido fondos de empresas fantasmas que participaron en el latrocinio del IHSS, pretende revivirlos para llevar a sus presuntos protagonistas a la cárcel.
Con ese objetivo se creó la comisión interparlamentaria para que investigara ese asunto, pero que también incluyera otros sonados escándalos de corrupción.
De todos los hechos investigados, el que mayor repercusión ha tenido es el brutal saqueo del Seguro Social durante la gestión de
Mario Roberto Zelaya, que dejó a esa institución al borde del colapso financiero.
Según el Ministerio Público, el latrocinio de los dineros del IHSS se calculó en más de 2,500 millones de lempiras, que fueron sustraídos a través de empresas de maletín. En las últimas semanas trascendió que el partido de gobierno recibió al menos 1.5 millones de lempiras en contribuciones provenientes del dinero del Seguro Social.
El otro caso que se busca revivir es el famoso “carretillazo”, mediante el cual se sustrajeron 40 millones de lempiras de la bóveda del Banco Central de Honduras para el fracasado proyecto de la cuarta urna que impulsó el expresidente Manuel Zelaya.
En este caso, también se incluye el derroche de millonarios recursos a través de supuestas partidas de publicidad para el mismo proyecto. Por este escándalo únicamente se encuentra enjuiciado el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza.
Se estima que en la cuarta urna se despilfarraron alrededor de 5,000 millones de lempiras del erario nacional.
Los casos de corrupción y crímenes de alto impacto, cuyos avances investiga una comisión multipartidaria del Congreso Nacional, ocurrieron durante los gobiernos de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009) y Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y la mayoría de ellos están impunes.
Se trata de al menos 12 expedientes que en los últimos nueve años estuvieron engavetados por el Ministerio Público, con excepción del más reciente escándalo del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).
La junta directiva del Congreso, en un intento por acallar los señalamientos de la oposición contra el Partido Nacional en el sentido de haber recibido fondos de empresas fantasmas que participaron en el latrocinio del IHSS, pretende revivirlos para llevar a sus presuntos protagonistas a la cárcel.
Con ese objetivo se creó la comisión interparlamentaria para que investigara ese asunto, pero que también incluyera otros sonados escándalos de corrupción.
| La comisión multipartidaria abrió los sobres que les entregó el fiscal general en donde explica el estado de los 12 casos de supuesta corrupción.
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Según el Ministerio Público, el latrocinio de los dineros del IHSS se calculó en más de 2,500 millones de lempiras, que fueron sustraídos a través de empresas de maletín. En las últimas semanas trascendió que el partido de gobierno recibió al menos 1.5 millones de lempiras en contribuciones provenientes del dinero del Seguro Social.
El otro caso que se busca revivir es el famoso “carretillazo”, mediante el cual se sustrajeron 40 millones de lempiras de la bóveda del Banco Central de Honduras para el fracasado proyecto de la cuarta urna que impulsó el expresidente Manuel Zelaya.
En este caso, también se incluye el derroche de millonarios recursos a través de supuestas partidas de publicidad para el mismo proyecto. Por este escándalo únicamente se encuentra enjuiciado el exministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza.
Se estima que en la cuarta urna se despilfarraron alrededor de 5,000 millones de lempiras del erario nacional.
En ese orden le siguen el escándalo del famoso jet Grumman, que, según las más recientes revelaciones, venía dirigido a un exfuncionario del expresidente Zelaya como un regalo del narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán.
Además, la comisión interpartidaria pidió un informe de las investigaciones de tráfico gris en la estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y el pago de sobornos de Latinnode a altos funcionarios de la administración zelayista.
El otro hecho de más reciente data, es el desvío de fondos y pago de irregulares comisiones por compra de bonos por 250 millones de lempiras en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemp) durante la gestión de Andrés Torres Rodríguez y la presidencia de Lobo Sosa.
De acuerdo con investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en el Injupemp se despilfarraron más de 95.9 millones de lempiras en pagos irregulares de abogados externos.
También se derrocharon millonarios recursos de sus reservas en anómalas ayudas humanitarias, pago de publicidad, compra de finos relojes y plumas de oro para los miembros de la junta directiva.
Por este caso se encuentran presos en la Penitenciaria Nacional el exjefe administrativo Carlos Humberto Zúniga y el representante de la empresa Diazgar, S.A., César Díaz, mientras que Manuel de Jesús Barahona, yerno del exdirector del Injupemp, Andrés Torres Rodríguez, goza de medidas sustitutivas a la prisión.
A esta infame lista de corrupción se añaden otros escándalos no menos importantes como el manejo irregular de fondos para el financiamiento del inconcluso proyecto vial de la capital, conocido como Trans-450, y la supuesta malversación de fondos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), que implica a dirigentes magisteriales y exfuncionarios de esa institución. También el desvío de dinero en varios programas sociales de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y supuestas compras fraudulentas de medicamentos en la Secretaría de Salud, en los últimos gobiernos liberales y nacionalistas.
Asimismo, la comisión parlamentaria solicitó al fiscal general un informe de los avances en las investigaciones de los asesinatos del exasesor de Seguridad, Alfredo Landaverde, y del periodista HRN, Alfredo Villatoro.
Abren informe
Desde horas del mediodía, la comisión multipartidaria conformada por diputados de todos los partidos políticos se reunieron en la secretaría del Congreso Nacional para conocer el informe que les entregó el fiscal general hace unos días.
Tras seis horas reunidos, el presidente de la comisión, Mario Pérez, afirmó que ya leyeron todo el informe en una jornada extensa. “Hemos tenido muchas horas de trabajo en un único punto acordado que fue la apertura del informe. Lo leímos todo con mucho detenimiento, ahora vamos a reunirnos con cada uno de las comisiones técnicas y los fiscales que han estado al frente de las investigaciones para conocer en mayor detalle los elementos importantes”, dijo Pérez.
El diputado recordó que tienen 20 días para entregar un informe al presidente del Congreso, Mauricio Oliva. “Seguiremos dando avances. Nuestro trabajo es de mucha responsabilidad. Esperamos poder concluir con ese informe final que produzca frutos y resultados positivos en esa lucha contra la corrupción que es un anhelo de todo el pueblo hondureño. Vamos a conocer el caso que tiene mayor importancia para nosotros, el del IHSS”, afirmó.
