Islas de la Bahía, Honduras
El alcalde de Utila, Troy Donahue Bodden González, cambió el estatus de varias de sus empresas para evadir impuestos, fraccionó onerosos contratos y declaró emergencia en otros para evitar el proceso de licitación pública, entre otras irregularidades, detectadas en una investigación realizada por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en ese municipio del departamento de Islas de la Bahía.
El informe de auditoría encontró diversos indicios de responsabilidad penal en contra de sus actuales autoridades municipales.
El ente contralor del Estado condujo una auditoría financiera y de cumplimiento legal a esta municipalidad, correspondiente al período del 16 de diciembre de 2008 al 31 de mayo de 2014, producto del cual emitió el informe número 050-2014-DAM-CFTM-AM-B.
El TSC remitió el presente informe al Ministerio Público (MP), adjunto al oficio 424-2015-DM, que da a conocer el hallazgo de una serie de irregularidades de tipo penal que, de ser así considerados, ameritan la deducción de responsabilidades penales contra funcionarios y empleados.
La auditoría se notificó a la Fiscalía en vista que es el ente competente para ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia.
“Se remite el informe que contiene hechos con indicios que podrían ser considerados como responsabilidad penal y cuyas características deben ser evaluadas por la Fiscalía para proceder con las acciones conforme lo considere el Ministerio Público”, cita el oficio que remitió el TSC al fiscal general de la República, Oscar Fernando Chinchilla.
Relacionado al caso, cuatro regidores de la municipalidad de Utila denunciaron supuestas irregularidades que habrían incurrido autoridades edilicias.
Al respecto, en febrero pasado el MP practicó una diligencia en dicha Alcaldía, de decomiso y revisión de documentos, como toma de declaraciones.
Independiente de las acciones que conduce la Fiscalía, el TSC practicó sus propias diligencias obteniendo importantes resultados que confirman algunos hechos planteados en la denuncia de los regidores.
Las irregularidades
La auditoría la realizó la Dirección de Municipalidades, del TSC, quien detectó cuatro indicios de responsabilidad penal en la alcaldía de Utila, durante el período revisado.
La primera refiere a la existencia de nueve negocios y empresas del alcalde municipal Troy Donahue Bodden González a las cuales se les cambio el estatus de activas a inactivas y se anularon las facturas que emite el sistema para que no se les cobraran los diferentes impuestos y servicios municipales. Se descubrieron saldos en mora que datan desde el año 2011.
El segundo indicio de responsabilidad penal detectado refiere a la subcontratación de la empresa Ocean Waves, propiedad del alcalde municipal, para el acarreo y descarga de pilotes de concreto de Puerto Castilla, Trujillo, relacionado al proyecto de construcción del muelle municipal en Utila. El hecho aconteció en el año 2014.
La tercera irregularidad encontrada por el TSC, en la alcaldía de Utila, refiere a que durante el período 2009 al 2013 se autorizaron varios contratos para la ejecución de 10 proyectos, evitando el proceso establecido en la Ley de Contratación del Estado.
Al respecto, se autorizaron compras por cotización para un mismo proyecto, obviando procesos de licitación; como sucedió, por ejemplo, para la construcción de una cancha de fútbol para lo cual la alcaldía suscribió diez contratos.
Finalmente, la alcaldía de Utila declaró estado de emergencia para la construcción del muelle municipal, con el objeto de ejecutarlo mediante licitación privada y así evitar el procedimiento ordenado por la ley.
Fue en diciembre de 2013, en la gestión del alcalde Alton Jernigan Cooper Bush, cuando se acordó el financiamiento de la obra y atendiendo solicitud del edil la corporación municipal declaró calamidad pública al muelle de cabotaje autorizando la licitación privada para su construcción.
A criterio del TSC no se justificó el estado de emergencia, tampoco se siguió el procedimiento ordenado por la Ley de Contratación del Estado.
“Como resultado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal practicada a la Municipalidad de Utila, Departamento de Islas de la Bahía, por el período del 16 de diciembre de 2008 al 31 de mayo de 2014, se concluye que las infracciones llevadas a cabo por los funcionarios de la Municipalidad, tienen indicios de Responsabilidad Penal”, concluye en su informe el TSC.
De acuerdo a la auditoría en dicha gestión se violentó la Ley de Contratación del Estado y el Reglamento de la Ley de Municipalidades, entre otras normativas.
El ente contralor del Estado recomienda al fiscal general que, en base a este informe, instruya investigar el caso y se efectúen las acciones legales que se consideren procedentes.
Responsabilidades civiles
Además, el TSC notificará en los próximos días a la corporación municipal de Utila, otro informe que concluye en la aplicación de pliegos de responsabilidades civiles, que ascienden a 10.4 millones de lempiras.
Dicho informe implicará la recuperación del daño patrimonial ocasionado a dicho municipio.
En la auditoría el TSC encontró 11 irregularidades que dan origen a la determinación de responsabilidades.
